El Centro de Estudios Jurídicos e Investigación Social (CEJIS) emitió un comunicado en el que repudia el asesinato del líder indígena Francisco Marupa, dirigente de la comunidad Torewa del Territorio Indígena Leco y afiliado a la Central Indígena del Pueblo Leco de Apolo (CIPLA).

Según el documento, Marupa era un defensor del Parque Nacional y Área Natural de Manejo Integrado Madidi, una zona de alta biodiversidad que enfrenta amenazas debido a la minería ilegal, el avasallamiento y el tráfico de tierras.

El CEJIS advirtió que la violencia contra los defensores del territorio ha ido en aumento en la región, en un contexto de expansión de la minería ilegal en los ríos Beni, Tuichi, Madre de Dios y Tequeje.

La organización denunció la persistencia de amenazas, desalojos forzados e incendios en las comunidades indígenas, así como la inacción del Estado frente a estos hechos.

En su pronunciamiento, la institución remarcó que el asesinato de Marupa no es un hecho aislado, sino una muestra de la violencia estructural que enfrentan las y los defensores de derechos ambientales y territoriales en Bolivia.

Según el CEJIS, las comunidades indígenas que resisten el avance de actividades ilegales, como la minería y el tráfico de tierras, se encuentran en una situación de extrema vulnerabilidad, sin las garantías necesarias para su protección.

Asimismo, alertó que la falta de acción por parte del Estado y sus instituciones ha permitido que actores vinculados a actividades ilícitas operen con impunidad, afectando no solo los derechos de los pueblos indígenas, sino también la conservación de territorios protegidos de alto valor ecológico. En este sentido, exhortó a las autoridades a fortalecer las medidas de control y protección en la región para evitar nuevas agresiones contra líderes indígenas y sus comunidades.

Finalmente, la institución exigió una investigación inmediata, rigurosa y transparente sobre el asesinato de Francisco Marupa, con el fin de identificar a los responsables materiales e intelectuales del crimen. También instó a las autoridades a adoptar medidas urgentes para evitar la impunidad y garantizar la seguridad de los defensores de los derechos territoriales y ambientales de los pueblos indígenas.