El ministro de Justicia, César Siles, informó este domingo que en los próximos días la justicia ordinaria emitirá nuevas sentencias en el marco del caso 26J, relacionado con el fallido golpe de Estado del 26 de junio de 2024 y la toma de la plaza Murillo en La Paz. Las resoluciones se dictarán mediante procedimiento abreviado, tras acuerdos con los imputados que reconocieron su participación en los hechos.

Siles precisó que los nuevos condenados, entre militares y civiles, acceden a penas reducidas a cambio de colaborar con la investigación. Estas se suman a las tres sentencias previas dictadas contra militares, quienes fueron hallados culpables de alzamiento armado y terrorismo.

El caso es impulsado por el Ministerio Público, mientras que el Ministerio de Justicia realiza un seguimiento institucional, sin ser parte procesal. “La Fiscalía es la responsable de conducir la investigación, emitir mandamientos de aprehensión y presentar imputaciones. Los jueces determinan la situación procesal de los involucrados conforme a ley”, explicó la autoridad.

En referencia al debate jurídico sobre la figura penal de terrorismo, Siles afirmó que esta sigue plenamente vigente en el ordenamiento jurídico. “Mientras el Tribunal Constitucional no emita un fallo contrario o la Asamblea Legislativa no derogue la norma, el tipo penal de terrorismo se mantiene en el Código Penal. Cualquier modificación regirá para lo venidero”, señaló.

El titular de Justicia negó que exista persecución política, como han denunciado algunos abogados defensores. Mencionó el caso del jurista Jorge Valda, recientemente aprehendido y luego puesto en libertad mediante una acción de libertad en La Paz.

Reiteró que todo proceso se desarrolla bajo control judicial y con garantías para las partes. “Ya hay tres militares condenados que, además de haber sido dados de baja, admitieron su participación y brindaron apoyo directo al general Juan José Zúñiga”, sostuvo.

Según Siles, los próximos sentenciados han brindado testimonios clave para el esclarecimiento del caso y sus declaraciones serán utilizadas como prueba en el juicio oral. “El debido proceso está garantizado en todas las etapas. Lamentamos que algunos abogados utilicen ese argumento como una fórmula para interponer acciones de libertad, cuando las decisiones recaen exclusivamente en los jueces que valoran las pruebas presentadas”, concluyó el ministro.