La exministra de Desarrollo Productivo, Teresa Morales (2011-2015), afirmó este domingo que los ejecutivos del Banco Central de Bolivia (BCB), durante la gestión del presidente Luis Arce, merecen ser llevados a juicio por la venta de reservas de oro monetario en el peor momento de cotización internacional, lo que —según afirmó— provocó una pérdida de 2.500 millones de dólares al Estado.

Durante su intervención en el programa dominical del expresidente Evo Morales, la exautoridad reveló que, tras el “golpe de 2019”, el entonces mandatario dejó en las bóvedas del ente emisor 42,9 toneladas de oro con una pureza del 99,5%, certificadas oficialmente. Indicó que esas reservas estaban almacenadas en bancos especializados en Londres y podían ser convertidas fácilmente en divisas.

Aseguró que el gobierno utilizó estos recursos para adquirir combustibles con presunto sobreprecio y que en dichas operaciones estarían involucrados el presidente de YPFB y uno de los hijos del presidente Arce.

Morales cuestionó duramente la Ley de Fortalecimiento de las Reservas de Oro, aprobada en 2023, al sostener que “terminó siendo un engaño al pueblo porque se dijo que sería para incrementar las reservas, pero en realidad fue utilizada para vender el oro monetario que estaba sellado y certificado en el Banco Central”.

“Tanto el presidente del Banco Central, el ministro de Economía y el directorio del Banco Central sabían que era el peor momento para vender el oro. Pero a la Asamblea Legislativa le han mentido y le han mentido al pueblo. Han hecho aprobar esa ley. ¿Y cuánto hemos perdido los bolivianos? 2.500 millones de dólares por haber vendido el oro en un momento en que el precio estaba muy bajo. Si ese oro no se hubiera vendido a ese precio en ese momento, hoy día hubiéramos tenido esas toneladas y hubiéramos tenido 2.500 millones de dólares más. Merece enjuiciamiento el Banco Central”, afirmó.

La exministra también advirtió que, bajo esa “ley mentirosa”, se habrían guardado solo 22 toneladas de oro y que ahora, mediante la Cláusula 19 del Presupuesto General del Estado —aprobado por decreto y no por la Asamblea Legislativa—, el Ministerio de Economía pretende usar 18 toneladas como garantía para un crédito de 2.000 millones de dólares, destinado a cubrir los gastos del gobierno hasta noviembre.

No obstante, alertó que “en la desesperación por conseguir ese crédito, el gobierno podría acudir a los fondos buitre, como hizo Mauricio Macri en Argentina, y terminar siendo engañado por prestamistas delincuentes”, lo que podría resultar en el pago de montos exorbitantes o en juicios que pongan en riesgo las últimas reservas de oro.

Finalmente, Morales añadió que a esta crítica situación se suman malos manejos con los Derechos Especiales de Giro (DEGs) del Fondo Monetario Internacional, utilizados —según denunció— para cubrir gastos con altos niveles de corrupción, especialmente en la importación de combustibles. En ese contexto, advirtió que el próximo gobierno enfrentará una severa crisis económica: “Al margen del riesgo de las reservas de oro, hay 9 mil millones de dólares en deuda externa que debe pagar el próximo gobierno”, concluyó.