El director ejecutivo interino  del Servicio Nacional de Áreas Protegidas de Bolivia (SERNAP), Jair Gonzáles afirmó que “no existe ningún compromiso con los dirigentes de las cooperativas mineras auríferas, por lo que no cederá a las imposiciones de este sector”, que pretende regularizar licencias ambientales, y anticipó que “la preservación y conservación de la biodiversidad de las áreas protegidas de Bolivia, es prioridad en su gestión”.

La autoridad interina, que asumió el cargo en marzo de este año, remarcó que el SERNAP no puede decidir ni tiene competencias como otras autoridades del Estado, en temas que sean ajenos a salvaguardar las áreas protegidas del país.

Gonzáles se reunió el pasado 30 de abril con los dirigentes de la Federación Nacional de Cooperativas Mineras de Bolivia (FENCOMIN) y según fuentes no oficiales los cooperativistas exigieron regularizar sus licencias ambientales, por lo que presionaron al SERNAP para la obtención de los Certificados de Compatibilidad de Uso (CCUs) para ingresar al interior de las áreas protegidas y regularizar la explotación del oro que, en muchos casos realizan al margen de la Ley.

En la minería, un Certificado de Compatibilidad de Uso o CCU, sirve para determinar si una actividad minera propuesta es compatible con la norma de creación, la categoría y la zonificación establecida en el Plan de Manejo de un área protegida determinada, desde el punto de vista ambiental. Este certificado es un paso crucial, aunque no es definitivo, para obtener la licencia ambiental y la posterior autorización para la actividad minera.

Sin embargo, para solicitar el CCU, la operación minera debería demostrar primero que tiene derechos preconstituidos, o sea que sus derechos han sido otorgados antes de la fecha de creación del área protegida, caso contrario su requerimiento no debería ser ni siquiera considerado.

Un compromiso cuestionado

La pasada semana el gobierno y la FENCOMIN llegaron a un acuerdo después de dos jornadas de movilizaciones por parte de los cooperativistas mineros auríferos en la ciudad de La Paz.

En el documento suscrito con 19 puntos sobresalen las garantías a los cooperativistas mineros para la dotación con explosivos y combustible, el compromiso para la destitución de algunos funcionarios públicos principalmente de la Autoridad Jurisdiccional Administrativa Minera (AJAM) y la obligación por parte del Ministerio de Medio Ambiente y Agua (MMAyA) de atender varias demandas de estas federaciones, entre ellas la apertura de nuevas áreas de explotación.

Sin embargo, diferentes sectores de la sociedad cuestionaron el acuerdo y, según algunos activistas ambientalistas, los cooperativistas mineros pretenden “torcer las normas”, porque el convenio con 19 puntos no se enmarca en las disposiciones legales vigentes que rigen al sector minero.

“En caso que se dieran nuevas disposiciones que permitan la regularización o autoricen la actividad al interior de áreas protegidas, éstas serán ilegales e inconstitucionales”, dijo un jurista ambientalista.

En las determinaciones asumidas, en el cuestionado compromiso, es notoria la implicancia de beneplácitos al sector minero en diferentes sectores, como el punto 12 que genera una mayor observación porque se refiere a la atención por parte del Ministerio de Medio Ambiente y Agua, a los requerimientos de las cooperativas mineras afiliadas a Fencomin.

Según expertos constitucionalistas estas determinaciones conllevan un alto riesgo por la permisibilidad reglamentaria que se pueda otorgar y que vulneren los mandatos legales y constitucionales de conservación y protección del medio ambiente.

Adicionalmente y de acuerdo al Decreto Supremo número 4857 artículo 90, que establece las atribuciones y competencias de los Ministerios del Órgano Ejecutivo, no es una atribución del Ministro de Medio Ambiente y Agua realizar esta clase de actividades o asumir compromisos relacionados a este tema con el sector minero. (Cronista21)