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Explosión del Covid en Beni: ¿cuál es la situación de los indígenas?

Indígenas de San Ignacio cuando cerraron caminos para cumplir con encapsulamiento. Foto: GAMSIM.

Marcial Fabricano, el legendario líder que continuó la búsqueda de la Loma Santa por la que peregrinaron sus antepasados, el dirigente que encabezó la Primera Marcha Indígena de Tierras Bajas y cuya vejez transcurre en la ciudad de Trinidad fue hospitalizado el 2 de mayo en Cossmil junto a su hijo, al presentar un cuadro de enfermedad respiratoria.

El resultado fue el que todos temían: Marcial resultó ser positivo por el temible COVID-19. En recientes días, Maday relató el estado de su padre, pese a estar en edad de riesgo, fue mejorando. Pero el resto de la familia del histórico líder originario solicitó en más de una ocasión que se les realice los respectivos análisis como posibles infectados y hasta la fecha sus pedidos han sido completamente ignorados.

Esta situación no es un hecho aislado, tanto a los indígenas que residen en los centro urbanos como a los que habitan en medio de sus territorios ancestrales se ven afectados por la pandemia sin tener mucha ayuda del Estado, que está obligado a prestar ayuda por convenios y tratados internacionales además de la misma Constitución.  

“La inoperancia estatal es una constante en la mayoría de todos territorios indígenas del país, lo que violenta de forma clara lo establecido en la Ley N° 450 de Protección a Naciones y Pueblos Indígena Originarios en Situación de Alta Vulnerabilidad, donde se establece el principio de favorabilidad”, señaló en un informe el Observatorio de Derechos de los Pueblos Indígenas de Bolivia (ODPIB),

De acuerdo con el principio de favorabilidad, el Estado debe condicionar y dirigir las medidas necesarias para garantizar la sobrevivencia física y cultural de pueblos indígena originarios en situación de alta vulnerabilidad.

La entidad de defensa de los derechos indígenas lamentó que “después de más de 50 días de cuarentena, el Estado boliviano no ha tomado una sola medida al respecto”.

Beni es el departamento con mayor presencia de nacionalidades ancestrales en Bolivia: alberga a 18 de los 34 pueblos indígenas de las tierras bajas, a saber: Ese Ejja, Chacobo, Cavineño, Pacahuara, Leco, Joaquiniano, Itonama, Baure, Cayubaba, Tacana, Movima, Moré, Chimane, Canichana, Mojeño-Ignaciano, Mojeño-Trinitario, Yuracaré y Sirionó.

El ODPIB, dependiente del Centro de Estudios Jurídicos e Investigación Social (Cejis), alertó sobre la dramática compleja situación en la que viven los pueblos indígenas del departamento del Beni y en particular de aquellos que migraron a Trinidad, en estos días una de las ciudades en Bolivia con mayor número de infectados por la pandemia del COVID-19.

Hasta el 20 de abril, Beni era el único departamento que aparentemente se mantenía libre del coronavirus en Bolivia. La situación dio un giro total en poco menos de tres semanas y  ha empeorado, a tal grado que muchos sectores sociales exigieron –y aun exigen- que se declare al departamento como zona de desastre, al evidenciar que el sistema de salud en Trinidad, la capital del departamento, colapsó.

En este caos pandémico los contagios llegaron al municipio indígena de San Ignacio de Moxos, a las ciudades de Riberalta y Guayaramerín y la explosión de casos la encabeza Trinidad siendo el municipio más afectado. 

Hasta la noche del 11 de mayo la cantidad de infectados en el departamento del Beni se acercaba a los 400. Aunque el dato real puede ser mayor, pues como es bien sabido los reportes oficiales están lejos de reflejar todos los casos debido a los contagiados asintomáticos y otras particularidades.

Trinidad: los pueblos indígenas en el corazón del huracán 

A quienes monitorean los derechos de los indigenas les llama mucho la atención lo que sucede en el Cabildo Indigenal de Trinidad, donde aproximadamente 320 personas conviven congregadas en 105 familias que habitan alrededor de 50 viviendas. 

La mayoría de los habitantes del Cabildo pertenecen al pueblo indígena Mojeño-Trinitario y en menor número al pueblo Mojeño-Ignaciano, según detalló Rubén Yuco, corregidor del Cabildo, Rubén Yuco.

El tata (señor en el idioma mojeño-trinitario) corregidor del Cabildo, Rubén Yuco, manifiestó la alarma que se vive ante la pandemia y da cuenta que los pobladores se encuentran asustados y preocupados por el completo olvido estatal y la incertidumbre a la que se enfrentan día a día.

“El gobierno no se acuerda de nosotros porque no hay la canasta familiar que nos tenían que enviar; solo apareció en las familias de algunas personas”, denunció.

La autoridad indígena informó sobre dos casos concretos que permiten graficar el confuso y complejo contexto que se vive en el Cabildo: el primero es el referido a Alejandro Noco, quien desempeñaba la función de “Mayordomo” y era el vaquero de las parcialidades. 

Noco murió el 1 de mayo en su casa, sin conocerse hasta el momento la causa real del fallecimiento; este desconocimiento causó miedo e incertidumbre entre la población que comenzó a conjeturar alrededor del hecho.

El segundo caso es de Fernando Guaji, maestro de capillas, quien perdió la vida el 2 de mayo en el hospital de Cossmil, en Trinidad. En este segundo caso, por declaraciones del corregidor del Cabildo Indigenal, ya presentaba problemas cardiacos por lo que había sido internado anteriormente; sin embargo, en una segunda ocasión presentó molestias muy similares a los síntomas de coronavirus. 

Hasta el momento tampoco se conocen las verdaderas razones de su deceso y ninguna autoridad gubernamental informó al respecto. A pesar de esto, Guaji fue enterrado en el espacio habilitado por el Municipio para los fallecidos por el virus, en las afueras de la ciudad.

“La realidad no la conocemos. No tenemos nada de información solo sabemos que han fallecido”, expresó angustiado el Tata.

A esta ambigua situación se suman los casos de Lidia, esposa del cuidante del Cabildo, y de Inés, otra habitante; ambas fueron internadas recientemente y nadie conoce las razones.

Otra importante líder de las ultimas marchas indígenas por el TIPNIS, la Meme (señora en idioma Mojeño Trinitario) Marquesa Teco, presidenta de la Subcentral de Mujeres del Territorio Indígena y Parque Nacional Isiboro Sécure (TIPNIS), con asiento en la ciudad de Trinidad. Ella comparó la actual crisis con la ocurrida en 2014, con las inundaciones que afectaron gran parte del departamento. 

Teco insistió que sería necesario declarar inmediatamente al Beni como zona de desastre “por la dura situación que estamos pasando en el departamento”.

Doña Marquesa se dedica a la venta de artesanías, actividad que fue completamente paralizada por la cuarentena; a esto se suma la premura con la que se dictó esta situación, lo cual no le dio ni el tiempo ni los recursos económicos necesarios para retornar a su territorio, por lo que ahora encuentra cumpliendo la cuarentena en Trinidad. 

La líder reveló que también ella y su familia se encuentran enfermos, y espera que solo sea un resfrío al cual tratan de combatirlo usando plantas medicinales y acudiendo a sus saberes ancestrales.

Al igual que el Corregidor del Cabildo Indigenal de Trinidad, Teco siente que los indígenas no son atendidos desde el gobierno como corresponde, y solicita ayuda para que sus hermanos y hermanas, quienes han quedado varados en la ciudad capital, retornen a sus hogares.

“Espero que nos colaboren en buscar cómo regresar a nuestras comunidades, a nuestra casa grande que es el TIPNIS. Por eso pido que las autoridades nos colaboren con alimentos, combustible o con nuestro traslado; igual necesitamos equipamiento, como medicina. Hasta ahora no tenemos nada para estar preparados, no hay ayuda ni apoyo”.

Para el Observatorio, las historias que relatan los habitantes del lugar dan cuenta de la casi inexistente presencia del Estado es sus distintos niveles, lo cual ha dejado a la población indígena a su suerte

Así lo confirmó el presidente de la Central de Pueblos Étnicos Mojeños del Beni (CPEMB), Héctor Tamo, cuya sede se encuentra en Trinidad. Tamo señala que hasta el momento no se tiene ayuda concreta desde el gobierno, a pesar de los muchos requerimientos, pronunciamientos o votos resolutivos que emitieron desde el movimiento indígena del Beni.

Ya el 28 de marzo, la CPEMB emitió un pronunciamiento ante la dura situación y el alto grado de vulnerabilidad de las familias indígenas. Este fue el primer pronunciamiento que emitió la regional indígena del Beni, en la cual pedían, principalmente, garantizar el derecho a la salud de las familias indígenas, aplicando los principios de precaución, protección, favorabilidad y enfoque diferencial, con la prestación de servicios de salud de calidad ante la expansión de la pandemia provocada por el coronavirus; se demandó que las necesidades de abastecimiento de productos alimenticios para las familias indígenas sean atendidas, así como la realización de campañas de comunicación y sensibilización en idiomas originarios y otras legítimas demandas. Hasta el momento, ninguna de sus solicitudes fue atendida.

De su lado, el abogado del Centro de Estudios Jurídicos e Investigación Social (Cejis) de la oficina regional Beni con sede en San Ignacio de Mojos, Manuel Menacho, recalcó que son múltiples las oportunidades en las que las organizaciones indígenas se manifestaron ante el avance la pandemia; la última de ellas el 28 de abril, cuando 20 organizaciones indígenas de tierras bajas se pronunciaron frente a la emergencia sanitaria por el COVID-19. 

Entre estas organizaciones estaban dos principales regionales indígenas del Beni: el Gran Consejo Chimán y la CPEMB. Nuevamente, estas demandas no recibieron atención ni respuesta desde las instancias gubernamentales.

“Es evidente que lo indígena se encuentra entre las últimas prioridades del actual gobierno; lo cual se evidencia en la elaboración y ejecución de cada una de las políticas estatales ante la actual crisis, las que, en su mayoría, son aplicables solo en las áreas urbanas y hay un total desconocimiento de la Bolivia rural, campesina e indígena. Es preocupante lo que ocurre en Trinidad, donde existe un gran número de población indígena que está tratando de sobrevivir como puede, alejada de sus territorios y sin el más mínimo apoyo del Estado”, señaló el técnico. 

El presidente de la Subcentral del Territorio Indígena Movima (SPIM), Javier Zelada, quien también quedó varado en Trinidad por la cuarentena, reveló en su testimonio: “Yo percibo que hay bastantes hermanos indígenas en la ciudad de Trinidad que son discriminados por nuestros propios dirigentes departamentales y nacionales, que solo velan por sus intereses familiares y personales. Hasta ahora no están atendiendo nuestras necesidades. Desde nuestro territorio igual se percibe esa discriminación; en Santa Ana del Yacuma me informan que hay muchos comunarios que quieren comprar combustible para regresar a sus comunidades, pero se les niega; en cambio, cuando se trata de un ganadero o un hacendado la venta es normal. No llega ningún tipo de beneficio a mis hermanos movimas. Solicitamos una reunión con todos los niveles del Estado, para explicarles la realidad que estamos viviendo; es bastante crítica y triste”.

Dengue y COVID: sindemia amenaza a los indígenas

En Trinidad, en especial en los barrios donde se concentra la población indígena, existen reportes constantes de brotes de dengue. En la mayoría de estos casos, la enfermedad es tratada en casa con los conocimientos ancestrales y medicina tradicional.

El Corregidor del Cabildo Indígena de Trinidad es muy claro al respecto: “El dengue ha estado permanentemente y la gente se ha puesto a curar (de forma personal) porque tiene conocimientos de medicamentos caseros para evitar estar yendo al hospital, porque ahí empiezan con el análisis y en ese tiempo (que se realiza el análisis) ellos se van agravando. Entonces, ellos (los indígenas) detectan que tienen dengue y saben curarse; tenemos la forma de curarnos en ese tema, hay un conocimiento ancestral, por eso que la gente está tranquila”.

El presidente del Pueblo Indígena Movima, Javier Zelada, considera que el actual contexto de la pandemia del COVID – 19 es el momento ideal para fortalecer la medicina tradicional, incluso para tratar esta enfermedad. 

Por eso, es necesario trabajar junto a los médicos tradicionales que se encuentran en los territorios indígenas, porque ellos podrían conocer y tener los métodos para contrarrestarla; además, pueden constituirse en fiscalizadores de las acciones del Sedes y el Ministerio de Salud, instituciones que “en lugar de darnos confianza, en muchos casos crean mala información”, indicó el dirigente 

Pueblos indígenas y COVID: también falta información

En la actualidad, Bolivia no cuenta con información desagregada sobre la pertenencia étnica de las personas autoidentificadas como indígenas y que se encuentran contagiadas por el COVID – 19, en las zonas del oriente, Chaco, Amazonía y Pantanal.

El 19 de abril de 2020, el Departamento de Asuntos Económicos y Sociales de Naciones Unidas, en el marco de lo señalado por la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas, recomendó a los Estados el asegurar la disponibilidad de datos desglosados sobre los pueblos indígenas, en particular sobre las tasas de infección, mortalidad, repercusiones económicas, carga de la atención e incidencia de la violencia, incluida la violencia basada en el género, entre otros temas.

El 6 de mayo, las autoridades estatales dieron a conocer la construcción del Protocolo de atención a pueblos indígenas en la lucha contra el COVID-19, que fue presentado al Ministerio de Salud para su evaluación y posterior aprobación. A la fecha se desconoce los contenidos de este documento y mucho menos si fue consultado y/o consensuado con autoridades y representantes de las naciones y pueblos indígenas originarios del país.

Las autoridades indígenas, en general, concordaron en que una de las principales amenazas a esta crisis sanitaria es la falta de información clara y oportuna, lo cual hace difícil tomar decisiones oportunas y necesarias, además de crear confusión y ansiedad en los barrios indígenas que no cuentan con información ni asistencia gubernamental adecuada. 

A esto se suma la manera atroz en la que está siendo utilizado el tema de la salud; pues, en especial los habitantes de Trinidad, denuncian que las demandas que provienen del movimiento indígena son asumidas por el gobierno actual como un argumento que proviene del partido político opositor, dejando de lado el verdadero objetivo que es salvaguardar la vida.

El COVID en territorios indígenas

El alarmante escenario que se vive Trinidad ha logrado poner en alerta a los municipios colindantes. Es el caso de San Ignacio de Mojos, que se encuentra aproximadamente a 90 kilómetros de la capital beniana y donde la población indígena es predominante.

El 7 de mayo el Gobierno Autónomo Municipal de San Ignacio determinó mantener la cuarentena de alto riesgo desde el 11 al 31 de mayo, decisión que fue analizada a profundidad por el Comité Municipal de Reducción y Atención de Desastre (Comurade).

La medida se basa en el informe presentado por la Red de Salud, donde se recomienda continuar con las medidas de prevención para evitar la expansión de la enfermedad. Esta determinación fue ratificada por el Índice de Riesgo Municipal COVID-19 que presentó el Ministerio de Salud y el que clasifica a San Ignacio de Mojos como el octavo municipio con riesgo alto.

En la jurisdicción del municipio de San Ignacio se encuentran el Territorio Indígena Mojeño Ignaciano (TIMI) y el Territorio Indígena Multiétnico (TIM). Si bien hasta el momento, en ambos territorios no se registraron contagios del COVID-19, las comunidades han asumido iniciativas de control territorial en el marco y ejercicio de su autonomía, instaurando puntos de control para evitar el tránsito de terceros, la caza, pesca indiscriminada y el robo de la producción agrícola, pero en especial, para salvaguardar la salud de los habitantes.

Por su parte, las Subcentrales de ambos territorios han paralizado todo tipo de actividades; sin embargo, los dirigentes se encuentran realizando las gestiones necesarias ante los distintos niveles estatales, para llevar ayuda necesaria (ingreso de brigadas móviles para el pago de bonos, entrega de víveres e insumos médicos y de limpieza) hasta las comunidades; pero la efectivización de las mismas es lenta y burocrática.