En un nuevo intercambio de acusaciones en redes sociales entre los exmandatarios, Carlos Mesa sindicó a Evo Morales de cometer “traición a la patria” en el caso Quiborax y que “algún día pagará”.
Durante su visita a la ciudad de Cochabamba, la presidenta de la Asamblea Permanente de Derechos Humanos de Bolivia (APDHB), Amparo Carvajal, se reunió con representantes de la Resistencia Juvenil Cochala (RJC) a quienes les dijo que son “una resistencia necesaria”.
La expresión de apoyo se dio en la vivienda de Milena Soto, integrante de la RJC, quien guarda detención domiciliaria por el proceso que enfrenta en el caso de los destrozos a la Fiscalía General del Estado en 2019.
Un juez determinó este jueves la detención preventiva en el penal de El Abra de Cochabamba para el capitán de la Fuerza Aérea, Israel R. V., imputado por asesinato y tentativa de asesinato en el caso Sacaba, informó la Agencia Judicial de Noticias (AJN).
El plazo establecido por la autoridad judicial para la investigación es de cuatro meses, sin embargo, se podrá justificar una ampliación del mismo con debida fundamentación.
La justicia determinó este jueves denegar una nueva Acción de Libertad que presentó la defensa de Jeanine Añez, con el objetivo de acelerar la realización de audiencias de cesación a la detención preventiva y que se respete su derecho a la salud.
“El juez que ha resuelto esta solicitud ha decidido denegar, no se ha pronunciado en absoluto en cuanto al estado de salud de la exmandataria y deniega la acción solicitada bajo un criterio de subsidiaridad”, explicó el abogado de Añez, Luis Guillén, en declaraciones recogidas por Unitel.
El Ministerio de Salud y Deportes descartó que se pueda aplicar una tercera dosis contra el coronavirus debido a que hasta el momento no se concluyó con el proceso de inmunización de las primeras y segundas vacunas a la población.
La viceministra de Promoción, Vigilancia Epidemiológica y Medicina Tradicional, María Reneé Castro, afirmó que por el momento, hay más de 2,9 millones de dosis disponibles en los diferentes servicios departamentales de salud.
La Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (FELCC) investiga la entrega de una encomienda, enviada desde Santa Cruz, que tiene un valor de 1.500 dólares y llegó a las manos equivocadas.
Según el capitán Edwin Khantud, la encomienda era de cámaras de seguridad y otros accesorios. La misma estaba dirigida a una empresa, la misma que hizo la denuncia.
Los exjefes militares Gonzalo Terceros y Palmiro Jarjury presentaron ante la Fiscalía un memorial con sus descargos en el caso denominado “golpe de Estado”, al cual adjuntaron parte del libro de memorias de Evo Morales y sus declaraciones cuando renunció a la Presidencia, con el objetivo de demostrar que el exmandatario decidió dimitir en 2019 antes de la sugerencia de las Fuerzas Armadas.
La diputada de la alianza Comunidad Ciudadana (CC), Samantha Nogales, calificó como un acto de “cobardía y abuso” el anuncio de un proceso ante la Comisión de Ética y denunció acoso político que habría incurrido el presidente de la Cámara de Diputados, Freddy Mamani.
La denuncia contra la legisladora opositora se debe a que en pasados días denunció, sin pruebas, un presunto soborno de personas del Movimiento Al Socialismo (MAS) para votar a favor del juicio de responsabilidades contra la expresidenta Jeanine Añez.
El gobernador de La Paz, Santos Quispe, cuestionó la movilización del grupo de trabajadores en salud del Hospital de Clínicas que rechazan la designación del nuevo director del nosocomio, Jhonny Ayllón, y sospecha que solo buscan sus intereses personales en lugar trabajar por la población.
“Pareciera que ellos (los médicos) están viendo sus beneficios, como nadie les molestaba, nosotros estamos trabajando al lado del pueblo”, afirmó la autoridad en un breve contacto con los medios.
Una requisa selectiva realizada en horas de la noche del miércoles 1 de septiembre en el Centro de Rehabilitación Palmasola de Santa Cruz, logró encontrar celulares, sustancias controladas, bebidas alcohólicas, armas punzo cortantes y dinero en efectivo.
Según Régimen Penitenciario, un total de 24 teléfonos celulares se encontraban en propiedad de los privados de libertad con los cuales realizaban estafas telefónicas y extorsión a través de redes sociales y suplantación de identidad a la población.