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Una protesta del magisterio paceño, que exige el reconocimiento de su dirigencia, terminó en una intervención policial y el uso de agentes químicos, además de la aprehensión de representantes que habían logrado ingresar a oficinas del Ministerio de Trabajo.

Un grupo del los manifestantes había logrado ingresar a las oficinas del Ministerio de Trabajo, desde donde advirtieron que instalarían su huelga de hambre en demanda de que se solucione sus demandas.

Sin embargo, algunos manifestantes ya habían denunciado que fueron echados por la Policía mediante la violencia.

La Asamblea de la Paceñidad, realizada este viernes a la cabeza del alcalde Iván Arias, determinó pedir que el Censo de Población y Vivienda se realice en el segundo semestre de 2023, pero también realizar una marcha con esta demanda. Se descartó un paro.

La reunión se realizó en horas de la tarde en el teatro Modesta Sanjinés. 

Una fiscal y un efectivo policial investigador fueron aprehendidos en pasadas horas por la liberación de Cirilo M., investigado por haber violado a Ángela L. M., una niña de 13 años de edad, en la localidad de Huayhuasi, municipio de Macapaca en La Paz, que terminó quitándose la vida.

El fiscal departamental, William Alave, informó que las aprehensiones se realizaron mediante una acción directa al encontrarse indicios de irregularidades en el procedimiento. El proceso que enfrentan ambos es por el delito de incumplimiento de deberes.

El gobernador de Santa Cruz, Luis Fernando Camacho, rechazó el Cabildo de organizaciones sociales convocado para este viernes y acusó al Movimiento al Socialismo de haber llevado gente para generar violencia y tratar de humillar a los cruceños.

Las organizaciones sociales afines al MAS convocaron a un Cabildo con el objetivo de oponerse al paro cívico, anunciado en demanda de que el Censo se realice en 2023.

El diputado del MAS por Oruro, Juan José Jauregui, aseguró que no es descabellado pensar que se puedan ajustar los plazos para el Censo, pero observó que el paro anunciado desde Santa Cruz no aporta con este objetivo.

A menos de un día de haber sido extraditado desde Panamá, Guillermo Parada fue puesto ante un juez, quien decidió enviarlo con detención preventiva a la cárcel de Palmasola.

El plazo de la detención preventiva es de seis meses, mientras se desarrollan las investigaciones por parte del Ministerio Publico.

Frente al paro indefinido, el primer vicepresidente del Comité pro Santa Cruz, Fernando Larach, afirmó que establecen “canales de diálogo” con funcionarios del Gobierno y ratificó que la medida de presión solo se suspenderá si se establece que el Censo se realizará el próximo año y no en 2024.

“Este Comité pro Santa Cruz ha establecido canales de diálogo con funcionarios del Gobierno, hasta ayer hemos sostenido esas reuniones; (en la actualidad) seguimos sosteniéndolas.  Este Comité ha buscado, ha manifestado y va a agotar el diálogo hasta el último momento”, reveló.

El vuelco de un bus de servicio público, registrado la mañana de este viernes en la carretera La Paz-Oruro, dejó como saldo al menos una decena de personas heridas.

El accidente se reportó alrededor de las 07:30 a la altura del cruce Chacoma, según reporte de Tránsito de El Alto.

Se presume que el bus, que viajaba con destino a Oruro, tuvo una falla mecánica, que hizo perder el control del vehículo al chofer.

A pocas de vencer el plazo y comenzar el paro indefinido en Santa Cruz por el Censo Nacional en 2023, el vocero presidencial Jorge Richter acusó al gobernador cruceño, Luis Fernando Camacho, de obstruir el diálogo y constituir un “estado de pre ruptura institucional”.

Desde el Gobierno, aseguró que se encuentran predispuestos para dialogar y debatir en una mesa técnica la propuesta censal, pero advirtió que aún faltan “algunas voluntades y algo más de coraje” de ciertas autoridades cruceñas.

UNITAS

A través de diferentes talleres departamentales que se desplegaron en octubre, la Unión Nacional de Instituciones para el Trabajo de Acción Social (UNITAS) construye junto a diferentes organizaciones de la sociedad civil una propuesta de política pública para la protección de defensoras y defensores de los derechos humanos.