René Garvizu, chofer de transporte pesado varado en la ruta Oruro-Cochabamba a la altura de Sayari, denunció que los conductores permanecen en condiciones precarias debido a los bloqueos hace más de 40 días. Aseguró que sobreviven sin agua potable, con escasa alimentación y sin recibir ayuda de las autoridades.
La Defensoría del Pueblo, en coordinación con la Cruz Roja Boliviana y Cáritas La Paz, puso en marcha este lunes una Caravana Interinstitucional de Asistencia Humanitaria destinada a brindar apoyo a transportistas que permanecen varados en distintos puntos de bloqueo de la carretera que conecta La Paz con Tambo Quemado.
La Comisión Pro Defensa de las Áreas Protegidas de Bolivia (Copdeapbo) denunció que, con la emisión de una Resolución Ministerial del Ministerio de Minería y Metalurgia que aprobó el nuevo “Reglamento de Adecuación de Derechos Mineros Simplificado”, se está vulnerando los derechos de los pueblos indígenas, principalmente su tierra y territorio, dejando en una situación de desprotección a las Áreas Protegidas de Bolivia, además de otras zonas de conservación como Sitios RAMSAR y Reservas Forestales.
Una caravana humanitaria partirá el lunes hacia las rutas de Caracollo y Tambo Quemado para brindar asistencia a más de 500 transportistas que permanecen varados debido a los bloqueos en carreteras. La iniciativa contempla la entrega de alimentos, medicamentos, vituallas y abrigo.
El director departamental de la Policía Forestal y de Protección al Medio Ambiente (Pofoma), Marco Antonio Azeñas, señaló que una evaluación preliminar indica que los restos óseos hallados en El Alto no corresponderían a perros. La valoración fue realizada tras denuncias difundidas en redes sociales sobre presunto faeneo de canes.
“De manera preliminar hace conocer esa persona de Zoonosis que no se trataría de restos de un can, sino de otro animal aparentemente bovino”, afirmó Azeñas, tras una inspección realizada junto a personal especializado.
El alcalde de La Paz, César Dockweiler, y la empresa La Paz Limpia (LPL) han protagonizado este jueves una controversia de acusaciones mutuas, cuando en la ciudad falta el servicio de recojo de basura y hay sectores donde los desechos se apilan.
Dockweiler reafirmó que la empresa no tiene pretexto para no levantar la basura, porque se le ha pagado y, además, el municipio le ha concedido su combustible para los vehículos. “No hay voluntad para hacer un trabajo que les corresponde a ellos”, manifestó.
El ministro de Educación, Erick Sanjines, reveló este jueves que se está analizando la posibilidad de adelantar el descanso pedagógico de invierno en La Paz, tomando en cuenta las condiciones del clima.
Enfatizó que esta posibilidad se analiza en el marco del calendario regionalizado escolar que se aplica en el país.
El gobernador de La Paz, Luis Revilla, afirmó este jueves que las movilizaciones y bloqueos impulsados con fines políticos no lograron ni lograrán la renuncia del presidente Rodrigo Paz. Consideró que ese objetivo está descartado y aseguró que el conflicto ingresa a una etapa de normalización.
“Todas las movilizaciones, sobre todo aquellas que tenían una finalidad política que buscaban la renuncia del presidente, no lo consiguieron y no lo van a conseguir, el presidente no va a renunciar. Ese ya es un ejercicio político absurdo, no es una demanda legítima”, sostuvo la autoridad.
El secretario municipal de Seguridad Ciudadana de El Alto, Elio Pacheco, aseguró que hallaron restos de canes durante operativos realizados en distintos puntos de la ciudad y anunció la conformación de una comisión interinstitucional para investigar la presunta comercialización de carne de perro.
Los privados de libertad del penal de San Pedro iniciarán desde este viernes un plan piloto de producción y venta de pan de batalla a precio social, ofreciendo ocho unidades por cinco bolivianos, informó el gobernador del recinto penitenciario, César Alandia.
La autoridad explicó que la iniciativa surge a partir de un excedente de harina disponible en el penal y busca beneficiar a personas de escasos recursos, además de fortalecer la interacción entre la población penitenciaria, la Policía Boliviana y la sociedad.
