Nacional

La alianza Unidad ha determinado denunciar ante comisiones de ética y solicitar la quita del curul para el diputado Alejandro Reyes y el senador Nilton Condori, a quienes acusa de vincularse con “personajes cuestionables y perseguidos por la Justicia, como Evo Morales y Fernando Cerimedo”.

En las últimas semanas, Nilton Condori se acercó a Evo Morales y participó de un ampliado en el Trópico de Cochabamba. En tanto, Reyes fue cuestionado por el audio de una conversación suya con Fernando Cerimedo, respecto a temas políticos.

La parlamentaria Sandra Rivero (PDC) acusó al presidente de la Cámara de Diputados, Roberto Castro, de presunto nepotismo, uso indebido de bienes institucionales y favorecimiento a personas allegadas, a quienes denominó “pinky amigos”. 

“Personalmente no respaldaría una reelección de Roberto Castro”, afirmó Rivero a ERBOL, a tiempo de evaluar la gestión del presidente de la Cámara.

El Ministerio de Gobierno y la Policía Boliviana presentaron a varios presuntos implicados en hechos delictivos registrados en las últimas dos semanas en Santa Cruz, entre ellos los investigados por el robo agravado a la joyería Imperio. Durante los operativos, las autoridades reportaron el secuestro de joyas, dinero en efectivo, armas de fuego, municiones, vehículos y motocicletas.

Juan Pablo Velasco reveló que Fernando Cerimedo lo llamó por teléfono después de la segunda vuelta electoral presidencial, realizada en octubre de 2025, para burlarse de su derrota y revelarle cómo había sido la guerra sucia en su contra.

Entonces, Velasco era el candidato a vicepresidente por Libre, mientras que Cerimedo era asesor de la campaña de Rodrigo Paz.   

El gobernador sostuvo que la comunicación ocurrió entre el 23 y el 24 de octubre, después de que Rodrigo Paz resultó ganador de los comicios.

La Asociación Nacional de Periodistas de Bolivia (ANPB), el Círculo de Mujeres Periodistas de La Paz y la Asociación de Periodistas de Santa Cruz rechazaron las declaraciones del fiscal general del Estado, José Armando Urioste, sobre presuntos pagos del crimen organizado a medios de comunicación para desacreditar la gestión del Ministerio Público. Las organizaciones exigieron pruebas y, en el caso de Santa Cruz, una rectificación pública si no se respaldan las acusaciones.

El empresario argentino Fernando Cerimedo negó haber pedido o preferido la muerte de alguna persona y aseguró que el audio difundido de una conversación con el diputado opositor Alejandro Reyes fue manipulado con inteligencia artificial.

La Confederación Sindical Única de Trabajadores Campesinos de Bolivia (CSUTCB), afín al evismo, anunció movilizaciones en las capitales de los nueve departamentos desde el lunes 19 de octubre y una marcha nacional desde Patacamaya hasta La Paz el 6 de noviembre, en rechazo a las políticas económicas del Gobierno de Rodrigo Paz.

“Esta movilización es en defensa de la economía popular”, afirmó Feliciano Vegamonte, ejecutivo de la CSUTCB, al señalar que la crisis económica afecta a las familias de bajos ingresos y a las pequeñas y medianas empresas.

El gobernador cruceño, Juan Pablo Velasco, explicó su visión a largo plazo para su región. Manifestó que planea dejar los cimientos y profundizar la autonomía, con miras a que en los próximos años se establezca un sistema federal y que se plasme el proyecto de la “Gran Santa Cruz”.

IVÁN RAMOS - PERIODISMO QUE CUENTA

Elöd Tóásó, sobreviviente del operativo policial del Hotel Las Américas, pidió justicia y que el Estado boliviano esclarezca los hechos ocurridos el 16 de abril de 2009 en Santa Cruz. Tras la formalización de un proceso contra el expresidente Evo Morales y el exvicepresidente Álvaro García Linera, expresó su esperanza de que el caso avance, aunque advirtió que todavía tiene dudas sobre el procedimiento. “Yo quiero justicia”, afirmó en una entrevista con la red ERBOL.

En el marco de las propuestas para la reforma electoral, el presidente del Tribunal Supremo Electoral (TSE), Gustavo Ávila, explicó que se plantea regular el transfugio político para evitar que esta figura sea utilizada como mecanismo de persecución contra diputados y senadores que expresen posiciones contrarias a las de sus partidos.