El ministro Arturo Murillo desafió al Gobierno de Andrés Manuel López Obrador a encontrarse ante la justicia internacional, para dilucidar qué país violó los tratados internacionales: si Bolivia por proteger a la Embajada y residencia de México en La Paz o si el Estado Mexicano al permitir que Evo Morales actúe políticamente cuando era su refugiado.
La canciller de Bolivia, Karen Longaric, sostuvo que carece de sustento la representación que hará México ante la justicia internacional por un presunto “asedio” a su recinto diplomático en La Paz, porque -entre otras cosas- fue la misma Embajada mexicana que pidió mayor cantidad de efectivos de seguridad para resguardarla.
El Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP) ya recibió el proyecto de Ley de Extensión de Mandato, enviado desde la Asamblea Legislativa Plurinacional, y anunció que acotará plazos para dará una respuesta antes del 22 de enero, fecha en que debe terminar la gestión de las actuales autoridades nacionales electas.
La información fue proporcionada por el presidente del TCP, Paul Franco, quien indicó que el martes el Tribunal recibió la solicitud de consulta de constitucionalidad de parte de la senador Eva Copa, en su calidad de presidenta de la Asamblea.
El Gobierno de México anunció que está acudiendo ante la Corte Internacional de Justicia, con sede en La Haya, para hacer una presentación contra las autoridades bolivianas denunciando lo que considera un asedio contra su Embajada en La Paz.
El canciller de México, Marcelo Ebrard, aseveró en conferencia de prensa que la presentación se la realizaría ante la Corte Penal Internacional, sin embargo, después aclaró que se trataba de la Corte Internacional de Justicia.
Desde el pasado 5 de noviembre, cuando entró en vigencia la Ley 1173 de Abreviación Procesal Penal en Bolivia, surgieron constantes denuncias de que esta normativa estaba favoreciendo a los violentos, a quienes agreden a las mujeres.
Según las denuncias recogidas por la Radio Pío XII Cochabamba, la Ley 1173 estaría dejando en total indefensión a víctimas de violencia y de abusos, dando libertad en 6 meses a los presuntos culpables y cargando la demostración de las pruebas procesales a las víctimas.
El senador Omar Aguilar advirtió que legisladores del Movimiento al Socialismo (MAS) que tienen “posiciones radicales” perjudicarán a la campaña del partido azul de cara a las elecciones generales del próximo año porque “el pueblo nunca ha estado de acuerdo con los extremismos”.
En criterio del senador del MAS, las legisladoras Adriana Salvatierra, Sonia Brito y otros con sus acciones radicales restan al partido liderado por Evo Morales por lo que exhortó a cambiar actitudes y sumarse a la “nueva corriente de la pacificación y el fortalecimiento a la democracia”.
Tras su aparición junto al expresidente Evo Morales en Argentina, la exministra de Comunicación Gisela López afirmó este miércoles que fue “linchada mediáticamente” después que el Gobierno transitorio le inició un proceso por el caso Neurona Consulting.
La exministra dijo que a la fecha no ha sido convocada por la Fiscalía por este caso, sin embargo, acusó al gobierno transitorio de Jeanine Añez de hostigarla, amenazarla y haberle dado “muerte civil”.
En medio de las acusaciones entre los denominados “pacifistas” y “radicales” del partido de Evo Morales, la diputada Concepción Ortiz pidió a sus colegas “invitadas” del Movimiento al Socialismo (MAS) respeto para los fundadores del Proceso de Cambio.
La exvicepresidenta del MAS sostuvo que quienes construyeron este frente político merecen ser respetados como tal y advirtió que no permitirán más amedrentamientos de las legisladoras “invitadas” como Adriana Salvatierra, Sonia Brito, entre otros.
El ejecutivo de la Confederación Nacional de Maestros Rurales, Freddy Mamani, anunció que su sector no irá a la convocatoria que lanzó Evo Morales desde Argentina para elegir candidatos. Advirtió incluso que el Movimiento al Socialismo (MAS) podría dividirse en caso de que de que el binomio sea impuesto a las organizaciones sociales, en lugar de ser seleccionado orgánicamente.
El Gobierno aseveró que el aumento de la presencia policial en la delegación diplomática de México obedece a que hubo amenazas de violencia de organizaciones sociales, que pretenden marchar a la residencia de la Embajada mexicana para pedir la expulsión de Juan Ramón Quintana.
