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La Misión de Observación Electoral de la Unión Europea (UE) reveló su informe de las elecciones del 20 de octubre, en la cual se detalla sus observaciones al cómputo y resultados electorales, como actas con datos inusuales y otras que debieron ser anuladas. 

“Coincidimos con las conclusiones de la OEA, eso estamos de acuerdo, pero lo importante de mirar adelante, organizar elecciones”, dijo Jorg Shreiber, delegado de la UE al momento de entregar el informe.

La aseguradora Fortaleza aclaró que tuvo una relación contractual con Boliviana de Aviación (BOA) durante los últimos 9 años, atendiendo a invitaciones cursadas por esa empresa a distintas compañías del mercado asegurador.

Precisó que en ese lapso indemnizó siniestros “por más de 7 millones de dólares”.

Los nuevos vocales el Tribunal Supremo Electoral (TSE) juraron al cargo este jueves, con la misión de recuperar la credibilidad de la población en los procesos electorales, tras unos comicios anulados por denuncias de fraude y un conflicto que generó una treintena de muertes.

El flamante vocal del Tribunal Supremo Electoral (TSE), Daniel Atahuachi, denunció que fue objeto de discriminación al ser cuestionado por periodistas respeto al vínculo con Juan Ramón Quintana.

La elección de Atahuichi generó polémica, puesto que trabajó como investigador junto a Quintana para la publicación Policía y Democracia del PIEB, pero también fue parte del Ministerio de la Presidencia y la Ademaf.

El Gobierno informó que se ha suspendido la ejecución de un contrato de 10 millones de dólares, firmado por la Gestora Pública durante los últimos días de la gestión del MAS, debido a que verificaron varias falencias y observaciones.

El contrato fue suscrito con la empresa colombiana Heisohn Business Technology el 23 de octubre para la adquisición de software.

Sin embargo, lo primero que llamó la atención es que el contrato se haya firmado mientras que el país estaba convulsionado por el conflicto postelectoral, indicó el viceministro de Pensiones, Osvaldo Jáuregui.

El Ministerio de Obras Públicas y ENTEL denunciaron este jueves que se ha detectado daño económico de 1.700 millones de bolivianos en la empresa estatal de telecomunicaciones durante el Gobierno del MAS, por el cual se ha presentado una querella penal contra el exgerente Óscar Coca.

El actual gerente de ENTEL, Elio Montes, aseveró que el daño económico se debe a proyectos que nunca funcionaron o que no debieron hacerse, pero además aseveró que la empresa era usada por una “estructura mafiosa corrupta” como “caja chica”. 

El gobernador de La Paz, Félix Patzi, informó este jueves que en un próximo ampliado el Movimiento Tercer Sistema (MTS) decidirá si participará de las próximas Elecciones Generales, sin embargo, anticipó que la tendencia apunta a que de nuevo será candidato presidencial. 

“La tendencia es que nuevamente yo me postule como candidato a la Presidencia”, sostuvo Patzi.

El ministro de Deportes, Milton Navarro, anunció este jueves que se “dará de baja” a indumentaria deportiva y medallas que fueron encargadas en el anterior gobierno con el nombre de Evo Morales, pero además dijo que paulatinamente también se cambiarán los nombres de los escenarios deportivos que llevan el nombre del expresidente.        

Respecto a la indumentaria, Navarro explicó que ya se han confeccionado unos 800 deportivos y 500 medallas con el nombre de Morales. Consideró que es un perjuicio al Estado, puesto que actualmente no se puede hacer entrega de estos implementos.

Evo Morales aseveró este jueves en Argentina que legalmente es presidente de Bolivia y que la orden de aprehensión en su contra no procede. 

“Esta orden es injusta, ilegal, inconstitucional, no procede. Legalmente yo sigo siendo presidente, por lo tanto debe pues cumplir con los procedimientos”, sostuvo Morales en conferencia de prensa.

El ser presidente implicaría que debe ser procesado en juicio de responsabilidades, es decir, de forma privilegiada con previa autorización de la Asamblea.         

El abogada Rosario Baptista Canedo, una de las vocales del Tribunal Supremo Electoral elegidas por la Asamblea, patrocinó a los hermanos García Linera y otros acusados del caso EGTK ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), sin embargo, ella aclaró que esa tarea se enmarcaba en su trabajo por los derechos humanos y que no tiene ninguna relación personal ni partidaria con el MAS.