El Gobierno informó que se ha suspendido la ejecución de un contrato de 10 millones de dólares, firmado por la Gestora Pública durante los últimos días de la gestión del MAS, debido a que verificaron varias falencias y observaciones.

El contrato fue suscrito con la empresa colombiana Heisohn Business Technology el 23 de octubre para la adquisición de software.

Sin embargo, lo primero que llamó la atención es que el contrato se haya firmado mientras que el país estaba convulsionado por el conflicto postelectoral, indicó el viceministro de Pensiones, Osvaldo Jáuregui.

Según Jáuregui, el ministro de Economía, José Luis Parada, ordenó una auditoría al proceso de contratación y se encontraron “demasiadas observaciones”.

El Viceministro dijo que podría estar toda la mañana detallando las observaciones, pero se limitó a revelar algunas. Precisó que “no fue aplicado el marco normativo al que correspondía la operación de la firma de este contrato”, pero también la documentación que respalda la adquisición tiene “un sinnúmero de contradicciones”.

Entre las contradicciones, señaló que al momento iniciar la contratación, se detalló que se iba a adquirir el software, pero el contrato estipula que solamente se está comprando una licencia de servicio.

Ante las "innumerables falencias", el Viceministro señaló que sólo queda sentarse con la empresa colombiana para decidir una solución. En tanto, se ha interrumpido la ejecución del contrato y existe un plazo hasta el 27 de diciembre para tomar una determinación.

Es el segundo contrato con controversia

Con este caso de la empresa Heisohn, el Estado boliviano tropieza con segunda vez en la contratación de un software para el funcionamiento de la Gestora Pública.

En el primer caso, se contrató en 2017 a la empresa panameña Sysde por 5 millones de dólares (la mitad que a Heisohn), sin embargo, ese vínculo ahora se encuentra en un tribunal de arbitraje debido a incumplimiento del convenio.

El Viceministro indicó que en el caso de Sysde, la empresa ofreció que tenía la licencia del software de una de las AFP, pero en la realidad resultó que no era así, por lo que se tuvo que modificar el contrato.

El caso ya está en arbitraje donde el Estado pretende recuperar los 3 millones de dólares que ya pagó.

En el segundo caso, de la empresa colombiana, Jáuregui resaltó que se pudo “llegar a tiempo” y que no se ha pagado “ni un peso”.