Un total de 33.608 cartuchos de munición calibre 5,56 por 45 milímetros fueron reportados como faltantes en el depósito del Regimiento Coronel Manchego en el departamento de Santa Cruz, informó el ministro de Defensa, Ernesto Justiniano.
Justiniano señaló que el Ejército reportó el hecho la noche del martes y calificó la situación como un asunto de gravedad que debe ser esclarecido y transparentado ante la población.
Cuando faltan dos semanas para que termine el plazo de 90 días del estado de excepción vigente en el país, el ministro de Defensa, Ernesto Justiniano, se manifestó este miércoles favor de mantener esta medida porque considera que ha generado tranquilidad a la población después de los bloqueos de caminos.
Una delegación de la Comisión de Constitución, Justicia y Ministerio Público del Senado de Chile llegará este viernes a Bolivia para apoyar las gestiones destinadas a esclarecer el caso de las maderas bolivianas retenidas en el puerto de Arica.
“Hasta este momento la Fiscalía de Arica no ha querido mostrar las maderas ni dar datos. Con la llegada de esta comisión del Senado chileno vamos a poder avanzar”, afirmó el ministro de Gobierno, Marco Antonio Oviedo.
El fiscal general del Estado, Roger Mariaca, ha posesionado este miércoles a cinco nuevos fiscales departamentales: Chuquisaca, Oruro, Potosí, Beni y Tarija.
El nuevo fiscal departamental de Chuquisaca es Alexander Mendoza, quien hasta ahora ocupaba ese cargo en Beni. El mismo reemplazo a Mauricio Nava.
El nuevo fiscal departamental de Oruro es Alexander René Casanova; de Potosí es René Walter Cáceres; mientras que en Tarija asume Lesly Tania Alemán y en Beni está Silvia Valverde.
El expresidente Evo Morales reaccionó ante las declaraciones del nuevo comandante de la Policía, coronel Adrián Álvarez, quien manifestó que es una prioridad cumplir la orden de aprehensión que está vigente contra el exmandatario.
En criterio de Morales, “las declaraciones del nuevo Comandante Nacional de la Policía ponen en evidencia la presión política que existe desde el Gobierno de Paz y su megacoalición sometida a los intereses de EE.UU.”.
Nota en audio tras la sentencia de Juan Pari a 22 años y seis meses de cárcel por el caso Banco Unión.
IVÁN RAMOS - PERIODISMO QUE CUENTA
Bolivia cerró agosto con 57 feminicidios y 16 infanticidios, según los datos de la Fiscalía General del Estado a través de su plataforma de atención a las víctimas. La cifra equivalente a un feminicidio cada 4,3 días.
La Paz concentra la mayor cantidad de feminicidios, con 19 casos, seguida de Santa Cruz con 11. Cochabamba y Oruro registran ocho casos cada uno, Potosí cuatro, Chuquisaca tres, Tarija dos, mientras que Beni y Pando reportan un caso cada uno.
El comandante departamental de la Policía del Beni, Iván Bernal, afirmó que en anteriores gestiones la influencia política llegó a pesar más que la autoridad policial, pero aseguró que esa situación cambió y que ya no ocurre dentro de la institución.
“Un político era más que el comandante general. (...) Cuando nos posesionaron fue una situación que nos recalcó: ‘Eso se acabó’. Ahora no existe que llamen los sindicatos, las organizaciones sociales. Antes hasta una militante de una organización social era más que el comandante departamental. Pero ahora no”, sostuvo Bernal a ERBOL.
Tras un proceso de casi una década, un tribunal de sentencia determinó este martes condenar a Juan Pari a 22 años y seis meses de privación de libertad, por el desfalco millonario en el Banco Unión.
La información fue confirmada a ERBOL por el fiscal Walter Lora. La sentencia se conoció en una audiencia de juicio, donde Pari participó de manera virtual desde la cárcel de El Abra de Cochabamba.
Según el fiscal, la sentencia señala que Pari debe cumplir la condena en el penal de Chonchocoro.
El vicepresidente Edmand Lara, a través de su equipo jurídico, presentó ante el Ministerio Público una denuncia contra Fernando Cerimedo y la primera dama Marilena Urquidi por seis presuntos delitos, a partir de un audio cuya autenticidad aún debe ser verificada.
La denuncia fue presentada por los presuntos delitos de tráfico de influencias con agravante, uso indebido de influencias, asociación delictuosa, organización criminal, contratos lesivos al Estado y enriquecimiento ilícito de particulares con afectación al Estado.
