Seguridad

La Policía de Santa Cruz informó este martes que el exministro Eduardo Del Castillo y un acompañante se encuentran en calidad de aprehendidos, por los delitos de impedir o estorbar el ejercicio de las funciones públicas y desobediencia a la autoridad.

El hecho se registró la madrugada en el aeropuerto de Viru Viru, a donde Del Castillo llegó como conexión desde La Paz en un viaje hacia Chile, informó el comandante departamental, coronel David Gómez.

El exlíder a la Resistencia Juvenil Cochala, Yassir Molina, manifestó que a Eduardo Del Castillo, tras su detención, le toca pagar sus acciones que cometió cuando era parte del Gobierno. Denunció que el exministro ordenó represalias e incluso torturas contra presos políticos.

El exministro Eduardo Del Castillo ha sido retenido la madrugada de este martes en el aeropuerto de Viru Viru y, después, conducido a instancias de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (FELCC), en el departamento de Santa Cruz.

Según información preliminar, el exministro se encontraba con su familia intentando realizar un viaje hacia el exterior.

La Procuraduría General del Estado activó una auditoría forense y legal de la empresa Botrading S.A., subsidiaria de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB), en el marco de la investigación que dejó un presunto daño económico de hasta $us 857 millones.

La autoridad precisó que desde el viernes 26 de diciembre se encuentra en las oficinas de la estatal petrolera de la ciudad de Santa Cruz de la Sierra, donde la Procuraduría desarrolla un análisis “exhaustivo” de la documentación y los procedimientos vinculados a la empresa, señala un boletín de prensa.

El cadáver de un hombre de 30 años fue encontrado ese lunes en un barranco de difícil acceso en la zona de Alto Llojeta, en la sede de gobierno. La víctima se encontraba reportada como desaparecido desde hace 12 días.   

Equipos de Bomberos y de la División Homicidios participaron del rescate en una zona accidentada con una pendiente de al menos 250 metros de profundidad, informó el director nacional de Bomberos, coronel Pavel Tovar.

Iván Ramos - Periodismo que Cuenta

El comandante general de la Policía Boliviana, Mirko Antonio Sokol Saravia, aseguró que la institución sí ejecutará la orden de aprehensión contra el expresidente Evo Morales, pero remarcó que el proceso depende del análisis técnico y la planificación de los investigadores.

Para el próximo año, la Confederación de Empresarios Privados de Bolivia (CEPB) lanzó una serie de desafíos para avanzar en la reconstrucción del país y la economía, entre ellos, la necesidad de avanzar en “reglas claras, seguridad jurídica y estabilidad social”.

Durante este 2025, el sector recordó haber atravesado una “compleja crisis económica, tensiones sociales y una creciente inseguridad”, lo que obligó a muchos a tener que ajustarse, reinventarse o resistir en condiciones adversas. 

Un juez dispuso la detención preventiva de seis meses en Chonchocoro para Miguel A.Y.N, acusado por haber quitado la vida a Rosa M.D.M., de 42 años, durante la madrugada del 25 de diciembre dentro de un domicilio en la zona de Pasankeri de la ciudad de La Paz.

El caso fue atendido por la Policía mediante acción directa. Uno de los indicios que se tiene es que antes del crimen, la pareja se habría encontraba consumiendo bebidas alcohólicas, informó el fiscal Frank Vásquez.  

El viceministro de Sustancias Controladas, Ernesto Justiniano, y el vicepresidente Edmand Lara se enfrascaron en una polémica, donde intercambiaron acusaciones de hechos de corrupción.

Justiniano acusó a Lara de haber pedido “pegas”, pero después Lara salió a responder y dijo que el Viceministro recibió dinero del narcotráfico.

El “zar antidrogas” Justiniano aseveró que el Gobierno “sabe de las peticiones, de las solicitudes de pegas de parte del vicepresidente Lara”.

El fiscal Miguel Cardozo informó este lunes que, dentro de las investigaciones del caso Fondo Indígena que se abrieron recientemente, se podría incluir entre los implicados a unas 10 personas más, entre ellas la exministra de Desarrollo Rural, Nemesia Achacollo.

Según explicó, la ampliación de la investigación se decidirá en base a informes y documentación correspondiente al proceso.

Señaló que, además de Achacollo, se podría incluir como investigados a exdirigentes y personas que se han beneficiado de proyectos