Seguridad

El Ministerio Público se pronunció proclamando respeto hacia los periodistas y los medios de comunicación, despues de que declaraciones del fiscal general interino, José Armando Urioste, emitió declaraciones que generaron el rechazo de los gremios de la prensa.

Urioste había sugerido que mafias pagarían a medios para desacreditarlo, por lo cual asociaciones de periodistas le reclamaron que compruebe sus afirmaciones o se retracte.

El exfiscal departamental de La Paz, Luis Carlos Torrez, fue aprehendido este jueves dentro de las investigaciones relacionadas con el suspendido fiscal general Roger Mariaca.

“Ilegal”, respondió Torrez al ser consultado sobre cómo consideraba el procedimiento. A su llegada a la Fiscalía, también ratificó que considera su aprehensión una persecución política y afirmó que expondrá más adelante elementos sobre su situación.

La Policía detectó el acopio y la comercialización ilegal de combustible extranjero y aprehendió a una persona que tenía 243 litros de gasolina en un vehículo particular, a la altura del mercado de hoja de coca en Villa Fátima, informó el comandante departamental, coronel Ricardo Terrazas.

Sergio Calisaya Ávila, exgerente de Tesorería del Banco Central de Bolivia (BCB) en 2024, fue enviado a detención preventiva por cinco meses en el penal de San Pedro, dentro de la investigación por la adquisición de un millón de billetes conmemorativos del Bicentenario.

“Se genera un daño económico al Estado de un aproximado de $us 360.000”, informó la mayor Daisy Mercado, jefa anticorrupción de la FELCC, al señalar que cerca del 96% de los billetes permanece en las bóvedas del BCB sin haber sido comercializado.

Autoridades presentaron una querella penal contra 19 personas, entre ellas cuatro exministros de Defensa, por presuntas irregularidades en la contratación, ejecución y recepción del sistema de radares destinado al control del espacio aéreo boliviano, cuyo posible daño económico fue cuantificado en más de 1.478 millones de bolivianos.

Entre los exministros denunciados están Reymi Ferreira y Javier Zavaleta de la gestión de Evo Morales; Luis Fernando López del gobierno de Jeanine Añez y Edmund Novillo de la gestión Luis Arce.

Ante la Fiscalía General en Sucre, el exdiputado Amilcar Barral ha presentado este jueves una proposición acusatoria contra el vicepresidente Edmand Lara, para llevarlo a juicio de responsabilidades por el presunto espionaje de comunicaciones personales.

“Lamentablemente la Vicepresidencia se convirtió en una especie de estudio de grabación, que han estado viendo espionaje de llamadas, de conversaciones personales, incluso metiéndome a mí”, dijo Barral en la sede de la Fiscalía.

“Están cagando en plata”. La familia propietaria del inmueble que se encuentra en la calle Potosí, al lado de la Fiscalía centro de la ciudad de La Paz, escuchó esas palabras de un teniente de la Policía cuando a la cabeza de un fiscal y dos investigadores allanaron su domicilio. La familia afectada denuncia que le “armaron” el proceso para sonsacarles montos de dinero exorbitantes de hasta 30 mil dólares o hacerse de su propiedad.

Un total de 1.168 personas perdieron la vida y otras 12.088 resultaron heridas en 15.187 hechos de tránsito registrados entre enero y septiembre de 2026, informó el director nacional de Tránsito, coronel Emerson Flores.

Estas cifras implican un promedio diario de 5,5 personas fallecidas y 71 hechos de tránsito.

El coordinador operativo de la Fiscalía Departamental de La Paz, Armando Rojas, fue imputado por la presunta comisión de los delitos de tráfico y organización criminal, en el marco de las investigaciones contra el exfiscal general Roger Mariaca.

Este miércoles será puesto ante un juez para que defina su situación jurídica. La Fiscalía pide seis meses de detención preventiva en el centro penitenciario de San Pedro de Oruro.

El Decreto Supremo 5749 establece un mecanismo para recibir, registrar, atender y canalizar denuncias por presuntos hechos de extorsión, concusión, exacciones, cobros ilegales de dinero o exigencias de dádivas patrimoniales atribuidos a servidores públicos o exservidores del Ministerio Público, Órgano Judicial, Derechos Reales, Tribunal Constitucional Plurinacional y la Policía Boliviana.