Seguridad

El exalcalde de La Paz, Iván Arias, rechazó este martes las denuncia sobre la existencia de presuntos ítems “fantasma” en el Gobierno Municipal de La Paz y aseguró que durante su gestión se implementaron mecanismos de control que no hacen posible ese tipo de irregularidades.

La declaración surge después de que el actual alcalde, César Dockweiler, denunciara la existencia de 163 presuntos ítems “fantasma” y anunciara que aún restan por verificarse otros 850 casos considerados sospechosos.

El director del penal de San Pedro, coronel Juan Carlos Andia, fue destituido de su cargo mientras avanzan las investigaciones por la realización de una fiesta en ese recinto penitenciario, que habría patrocinado el exmilitar y ahora recluso Rurig Covarrubias.

La información fue proporcionada por el director general de Régimen Penitenciario, Daniel Mérida, quien explicó que la decisión fue asumida de manera inmediata tras la difusión en redes sociales de material audiovisual que presuntamente muestra la fiesta con personas privadas de libertad.

En la cumbre del Mercosur, el presidente Rodrigo Paz, advirtió sobre el riesgo de que Sudamérica enfrente un proceso de desestabilización similar a una "Primavera Árabe" y llamó a los países de la región a convertir la defensa de la democracia y la seguridad hemisférica en una prioridad común.

Iván Ramos - Periodismo que Cuenta

El Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) emitió el Auto Supremo 1190/2026, mediante el cual declaró infundado el recurso de casación presentado por la Sociedad Boliviana de Cemento (Soboce) y ratificó el Auto de Vista que confirmó la sentencia que la obliga a pagar Bs 744.315.432 a Fancesa por incurrir en competencia desleal. La resolución también impone costas y costos a la empresa demandada.

Luego de verificaciones y operativo, la Alcaldía de La Paz informó que se ha logrado detectar al menos a 163 ítems presuntamente “fantasma”, es decir, de s supuestos trabajadores que no marcan ingresos ni aparecieron para firmar libros de asistencia, pero que cobran su salario.

El alcalde César Dockweiler anunció que esta cifra se aumentará, dado que aún siguen en análisis cientos de casos de trabajadores que estarían en “comisión”.

El gobernador Luis Ayllón pidió públicamente que se revoque el fallo de una Sala Constitucional de La Paz que favoreció a la empresa Soboce en un litigio millonario con la chuquisaqueña Fancesa. Asimismo, solicitó que los vocales responsables sean sometidos a auditoría.

Ayllón se pronunció después de conocerse que supuestamente el expresidente español José Luis Rodríguez Zapatero cobró 200 mil dólares para usar sus influencias con el Gobierno de Luis Arce, con el objetivo de favorecer a al conglomerado peruano Gloria y su filial en Bolivia, Soboce.

Tras el escándalo internacional que involucra al expresidente del Gobierno español José Luis Rodríguez Zapatero por presuntas gestiones para favorecer a Soboce durante el gobierno de Luis Arce, el diputado y segundo vicepresidente de la Cámara de Diputados, Rodrigo Antonio Loma (Libre), anunció que iniciará una investigación sobre la demora del Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP) en resolver la acción de amparo constitucional que mantiene suspendido el pago de aproximadamente 107 millones de dólares a favor de la Fábrica Nacional de Cemento S.A. (Fancesa).

La propietaria del predio "Villa Praga" en el municipio de Santa Cruz, Teresa Triviño Bazán, advirtió que activará las acciones previstas en la Ley N.º 101 del Régimen Disciplinario de la Policía Boliviana contra los efectivos que continúen incumpliendo el mandamiento judicial de desapoderamiento emitido a su favor.

Su abogado, Ramiro Aguilera, afirmó que la negativa de ejecutar una orden judicial podría derivar no solo en sanciones disciplinarias, sino también en responsabilidades penales para los funcionarios policiales involucrados.

La Comisión de Tierra y Territorio de la Federación Sindical Única de Trabajadores Campesinos de La Paz "Tupac Katari" cuestionó la asignación de los asientos registrales de Patacamaya y Guaqui a la subregistradora de Derechos Reales (DDRR) de Achacachi, Leonor Vera C., al considerar que la funcionaria no brinda garantías de transparencia ni de seguridad jurídica debido a los procesos disciplinarios que enfrenta.

SUMANDO VOCES

La Casa de la Mujer denunció que más de 20 personas, entre funcionarios del Ministerio de Gobierno, efectivos policiales y personal de Migración, ingresaron a sus oficinas el pasado 19 de junio, en un hecho que calificó como un allanamiento y una vulneración de los derechos fundamentales de mujeres sobrevivientes de violencia que reciben atención en esa institución.