La Defensoría del Pueblo consideró como “grave debilitamiento del enfoque restaurativo” el anteproyecto de ley del Gobierno que apunta a endurecer las penas privativas contra los adolescentes que cometan delitos contemplados en el artículo 268 del Código Niña, Niño y Adolescente (CNNA).
Como iniciativa para transparentar el trabajo del Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP), el magistrado Boris Arias, sugirió que los debates de sentencias importantes se realicen frente a un control social y, además, se transmitan para conocimiento de la población.
En entrevista con La Mañana en Directo de ERBOL, Arias explicó que en México se se hacen estas transmisiones y podrían replicarse en Bolivia.
Según indicó, se podría abrir las sesiones para que la votación sea observada no sólo por la prensa, sino por dirigentes.
El Fiscal General del Estado, Roger Mariaca Montenegro, participa de la XXXVII Reunión Especializada de Ministerios Públicos del MERCOSUR (REMPM), en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, República de Argentina, con el objetivo de fortalecer los lazos de cooperación con los países miembros. Asimismo, durante el encuentro, los países miembros rechazaron toda acción tendiente a debilitar o afectar el rol que los Ministerios Públicos llevan adelante en la región.
El Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) aceptó la renuncia a sus cargos del vocal Yván Córdova y Claudia Castro, después de que la Fiscalía ampliara la investigación contra ambos en el caso consorcio. Asimismo, dispuso la suspensión temporal del juez Fernando Lea Plaza, tras cometer una falta “gravísima”.
La información fue proporcionada por Marco Antonio Cárdenas, delegado distrital del Consejo de la Magistratura de La Paz.
Siete personas fueron aprehendidas por la Policía la pasada jornada en el marco de las investigaciones en el violento atraco a una licorería suscitado el 4 de junio en la zona Alto Lima de El Alto.
La banda fue desarticulada durante cinco allanamientos ejecutados en la urbe alteña. Dentro del grupo de personas, tres son mujeres y cuatro varones (dos de nacionalidad peruana), detalló el fiscal Eddy Durán.
En un caso registrado en el departamento de La Paz, el conductor de un camión cisterna falleció trágicamente cuando se puso debajo del vehículo para intentar solucionar un problema mecánico, pero terminó arrollado.
La información fue proporcionada por el comandante departamental, Gunther Agudo, quien indicó que el caso se reportó el miércoles en la localidad de Patacamaya en la carretera La Paz-Oruro.
Iván Ramos- Periodismo que Cuenta
La Gobernación de Chuquisaca solicitará una licencia médica inicial de 15 días para el gobernador Damián Condori Herrera, quien permanece internado tras sufrir una caída. El pedido contempla el periodo comprendido entre el 20 de junio y el 6 de julio, y está respaldado por un informe médico junto con un dictamen del Servicio Departamental de Salud (SEDES).
La documentación será remitida a la Asamblea Legislativa Departamental, que deberá evaluar la solicitud y activar el procedimiento para la designación del remplazo temporal.
A un año de la toma militar de la plaza Murillo, el exgeneral Juan José Zúñiga se ha pronunciado con un mensaje de resistencia para sus camaradas encarcelados por este caso, pero también de protesta por la manipulación política de las Fuerzas Armadas.
El 26 de junio de 2024, Zúñiga lideró un movimiento de personal militar y tanquetas que tomó la plaza Murillo y mantuvo en vilo a la población por algunas horas. Sin embargo, ese día el entonces Comandante del Ejército terminó aprehendido y acusado de intentar un “golpe de Estado”.
Un joven de 25 años de edad fue sentenciado a 30 años de cárcel en el penal de Palmasola y, sin derecho a indulto, tras haberse comprobado con pruebas que fue el autor del infanticidio cometido contra de su sobrino de un año.
En audiencia de procedimiento abreviado, el Juzgado 19vo de Instrucción en lo Penal valoró los indicios que responsabilizaban a Ailton G. C., como el autor del crimen contra el menor de edad en la zona Pampa de la Isla de la capital cruceña.
El Gobierno, mediante el Ministerio de Justicia, ha presentado un proyecto de ley cuyo objetivo es endurecer las penas de privación de libertad contra menores de edad, de 14 a 18 años, que cometan delitos contra la vida y la integridad sexual.
Actualmente, la norma especial para niños y adolescentes prevé que la sanción para menores de edad se reduzca en cuatro quintas partes, es decir que incluso delitos graves son penados con un máximo de hasta seis años de privación de libertad para este grupo etario.