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Pese a que está vigente un estado de excepción, organizaciones del ala evista decidieron realizar una marcha el próximo viernes 4 de septiembre en la ciudad de Cochabamba, en repudio a lo que consideran como “políticas económicas neoliberales del Gobierno”.

El anunció se realizó tras una reunión con la participación de Evo Morales, las seis federaciones del Trópico y organizaciones campesinas aliadas, donde también se declararon en “movilización permanente”.

Unidad Nacional (UN), el partido de Samuel Doria Medina, pidió al Ejecutivo y al Legislativo aprobar en un plazo de 60 días nuevas leyes de hidrocarburos y minería, con el objetivo de atraer inversiones y generar ingresos en divisas para enfrentar la crisis económica del país.

Mediante comunicado, la organización política planteó que la nueva ley de hidrocarburos permita concretar inversiones en exploración y proyectos vinculados al potencial del campo Mayaya, incluida la infraestructura necesaria para que pueda ser considerado comercial.

El vocal del Tribunal Supremo Electoral (TSE), Carlos Alberto Goitia, informó que se encuentra en análisis técnico la solicitud del ala evista para reponer su trámite de personalidad jurídica para una sigla política.

La organización Evo Pueblo intentó tramitar la sigla E-Pueblo, pero el TSE rechazó la solicitud en diciembre del año pasado. Recientemente, el evismo planteó un recurso extraordinario de revisión, alegando que el Órgano Electoral no cumplió sus propios plazos en informes.

El vocero presidencial José Luis Galvez aseguró que el consultor internacional Fernando Cerimedo nunca formalizó una relación de asesoría con el Gobierno ni recibió remuneración o beneficios provenientes de recursos del Estado.

“Entonces, al final no se da una formalización, una remuneración, no hay una remuneración por parte del Estado, y por lo tanto eso lo que tendrá que la justicia preguntarle y él tendrá que responder en el fondo cuál era su sustento”, dijo Galvez en La Mañana en Directo de ERBOL.

En medio de protestas y pedidos de abrogación del Decreto Supremo 5676, el presidente Rodrigo Paz afirmó que la norma puede ser mejorada, pero no revertida. El decreto fija en Bs 18 por litro el precio referencial del diésel para grandes consumidores.

“El decreto (5676) se puede mejorar, pero no se puede retroceder. Porque si no nos estaríamos engañando. Yo retrocedo en este decreto, les voy a quitar plata a ustedes.”, sostuvo Paz durante una reunión con representantes municipales, al referirse a los pedidos para dejar sin efecto la norma.

El Gobierno y la Federación de Asociaciones Municipales de Bolivia (FAM-Bolivia) acordaron instalar mesas técnicas para trabajar los seis puntos planteados por los municipios y avanzar en la agenda 50/50, con el objetivo de que la propuesta tenga una primera expresión en el Presupuesto General del Estado (PGE) 2027.

El gobernador de Santa Cruz, Juan Pablo Velasco, manifestó públicamente su compromiso de “inundar” el departamento con combustible.

El pronunciamiento surge cuando han surgido sectores productivos que denuncian la escasez de diésel, además que rechazan el incremento a Bs 18 por litro que dispuso el Gobierno para grandes consumidores.

“Estamos trabajando intensamente y puedo asegurarles que, en las próximas semanas, vamos a inundar el departamento de Santa Cruz con diésel y gasolina”, sostuvo el gobernador mediante redes sociales

El Defensor del Pueblo, Pedro Callisaya, advirtió que el estado de excepción es apenas “un parche frente a la crisis”, debido a que no resuelve los problemas estructurales que mantienen latente la conflictividad en el país.

El Senado aprobó este jueves en detalle el proyecto de Ley de Acceso a la Información Pública y lo remitió a la Cámara de Diputados para su tratamiento. La iniciativa fue modificada tras un proceso de socialización y diálogo con organizaciones periodísticas y de la sociedad civil, luego de los cuestionamientos surgidos cuando fue aprobada en grande en julio.

El ejecutivo de la Central Obrera Boliviana (COB), Mario Argollo, reapareció públicamente tras los bloqueos registrados hasta junio y pidió al Gobierno realizar una “mea culpa” frente a la crisis económica y social que atraviesa el país.

Asimismo, rechazó una eventual ampliación del estado de excepción y demandó que las autoridades concentren sus esfuerzos en resolver los problemas estructurales.

Argollo explicó que ha estado alejado de los medios para no perjudicar la defensa legal de los detenidos por los bloqueos. Negó que la COB se haya “vendido”.