El presidente Rodrigo Paz promulgó la Ley 1765, que pone en vigencia el contrato de crédito por 1.900 millones de dólares con el Fondo Monetario Internacional (FMI) y abre paso a la aplicación de las reformas económicas acordadas entre el Gobierno y el organismo internacional.
El expresidente Gonzalo Sánchez de Lozada reapareció este domingo en el escenario político boliviano con un llamado a los militantes del Movimiento Nacionalista Revolucionario (MNR) a reconstruir el partido y recuperar las banderas de la unidad, en medio de la crisis económica e institucional que, según afirmó, atraviesa Bolivia.
El Gobierno comienza a diseñar una nueva normativa minera para el país tras el colapso de la Cumbre Nacional que excluyó a actores del sector, como los mineros sindicalizados, una parte importante de los cooperativistas y las empresas mineras más grandes del país, pero que tampoco escuchó la voz de los pueblos indígenas, ambientalistas, municipios y academia. Bajo estas condiciones, cualquier nueva Ley será impracticable si no se construyen consensos en los próximos meses.
El expresidente Jorge Tuto Quiroga afirmó este sábado que Bolivia está sumida en una “profunda incertidumbre” debido a las medidas cambiantes que adopta el Gobierno de Rodrigo Paz y cuestionó la falta de previsibilidad en decisiones económicas como el levantamiento definitivo de la subvención al diésel.
El ministro de la Presidencia, Fernando Aramayo, convocó este sábado al diálogo a los sectores sociales que rechazaron la eliminación de la subvención al diésel y advirtió que se aplicarán sanciones a quienes vulneren el Estado de Excepción y recurran a medidas de presión como bloqueos de carreteras.
Aramayo afirmó que el Gobierno está dispuesto a explicar a las organizaciones sociales las razones de la decisión y sostuvo que la medida económica no fue asumida para medir su popularidad inmediata, sino para proteger a la población y enfrentar la situación económica del país.
La Confederación Sindical de Choferes de Bolivia rechazó este sábado la eliminación de la subvención estatal al diésel, que ahora tendrá un precio vinculado a la cotización internacional, y exigió la abrogación del Decreto Supremo 5716 bajo advertencia de retomar las medidas de presión.
El dirigente de los choferes, Víctor Tarqui, sostuvo que la medida es atentatoria contra el sector del transporte y la economía popular, y anunció que pedirán al Gobierno dejar sin efecto el decreto.
El transporte masivo de Potosí determinó replegar sus movilidades después de conocer la decisión del presidente Rodrigo Paz de retirar la subvención al diésel, medida que impacta directamente en los costos operativos del sector, según reportó Radio Líder para la red Erbol-Potosí.
Los dirigentes señalaron que la determinación busca evitar confrontaciones con la población, debido a que el retiro de la subvención tendrá un impacto directo en las tarifas del transporte público.
El senador Nilton Condori reconoció la influencia de Felipe Quispe en su pensamiento político y se propuso materializar el legado de “El Mallku” en su carrera, en la cual busca ser presidente de Bolivia.
“Alguien tiene que materializarlo (el legado de El Mallku). Creo que soy yo”, dijo Condori en La Tarde en Directo de ERBOL.
Tomó de Quispe la propuesta política de “gobernemos nosotros mismos” y el hecho de diferenciarse y pelearse “sin perdón” con la “casta política”.
El ejecutivo de la Central Obrera Departamental (COD) de Chuquisaca, Marcelo Torres, advirtió que la eliminación de la subvención al diésel provocará un fuerte impacto en la economía de las familias y cuestionó que el Gobierno haya aplicado la medida de manera inmediata.
Torres lamentó que no se haya esperado hasta 2027, como estaba previsto anteriormente, y anticipó un escenario económico “muy difícil” para las familias bolivianas debido al posible incremento del costo de vida.
El excandidato presidencial y empresario Samuel Doria Medina cuestionó la decisión del presidente Rodrigo Paz de eliminar la subvención estatal al diésel, mientras el gobernador de Santa Cruz, Juan Pablo Velasco, respaldó de manera contundente la medida y la calificó como una decisión necesaria para enfrentar los problemas estructurales de la economía boliviana.
