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Los enfrentamientos de sectores sociales “evistas” con la Policía fueron condenados este viernes por el Gobierno que consideró que fueron promovidos por “intereses personales”, relacionados a la candidatura de Evo Morales, para las elecciones generales.

“Nosotros condenamos que, por intereses personales, se trata de llevar adelante este tipo de violencia”, afirmó la viceministra de Comunicación, Gabriela Alcón.  

La tarde de este viernes, la marcha del ala “evista” ha llegado a alrededores del Tribunal Supremo Electoral (TSE) en la plaza Abaroa de La Paz y ha rodeado su sede. Sin embargo, la Policía ha respondido con la gasificación para dispersar a los movilizados. Los manifestantes también arremetieron con pedradas.   

El pedido de la movilización es que se habilite la postulación presidencial de Evo Morales.

El ministro de Gobierno, Eduardo Del Castillo, acusó este jueves a Evo Morales de buscar generar una convulsión en la sede de gobierno y si es interceptado, en medio de la marcha, será aprehendido.

“Lo único que le está buscando (Evo Morales) es generar convulsión en la sede de gobierno, seguramente va a tratar de conflictuar a la Policía boliviana, está yendo a buscar muertos con la única finalidad de suspender las elecciones”, afirmó.

La Cámara de Diputados aprobó este jueves un proyecto de ley para garantizar el principio de preclusión para los procesos electorales. La propuesta fue remitida al Senado para su respectivo tratamiento.

La propuesta normativa fue aprobada casi tres meses después de haberse firmado el compromiso con el Tribunal Supremo Electoral (TSE) para que se pueda ser aprobado en la Asamblea Legislativa Plurinacional para “blindar” las elecciones generales-  

La Fiscalía informó este jueves que se ha allanado un inmueble en la zona Bologna de La Paz, donde se logró la aprehensión de un sujeto dedicado a la producción de pornografía y que tendría múltiples víctimas.

El aprehendido ahora enfrenta cargos por pornografía, proxenetismo y delitos contra la salud pública.

El operativo se realizó después de detectarse la distribución del material audiovisual mediante un sitio web. Esta actividad data desde 2023, indicó el fiscal Javier Huanca.

El ministro de Justicia y Transparencia, César Siles, negó este jueves haber influido en la sentencia 007/2025 que emitió el Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP) sobre la reelección indefinida y recordó que la orden de aprehensión contra Evo Morales se encuentra vigente.

Hace días, cuando estuvo en Sucre, dijo que tuvo una agenda recargada con actividades del Bicentenario de Bolivia y un ampliado contra la trata y tráfico de personas, lo que le impidió poder reunirse con alguna autoridad.

A tiempo de iniciar la caravana del ala “evista” hacia La Paz, el senador Leonardo Loza aseguró que Evo Morales forma parte de la movilización, pero no se dará a conocer su ubicación por seguridad.  

“Por razones de seguridad no lo vamos a nosotros informar (dónde está Evo), puede ser adelante, puede ser atrás, puede estar por rutas alternas”, dijo el senador.

Evo Morales aún tiene en su contra una orden de aprehensión, emitida en el marco de una investigación por el delito de trata y tráfico en Tarija. 

Para este jueves se han registrado hechos que ponen de manifiesta la situación económica en el país. Mientras las filas por combustible han vuelto a varias estaciones de servicio en La Paz, el dólar también ha reportado una fluctuación llegando a los Bs19 en el cripto y arriba de Bs16 en el mercado paralelo de las calles.

El Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP) anunció este miércoles como un hito histórico la sentencia 007/2025, mediante la cual establece que nadie puede ejercer la presidencia en más de dos ocasiones ya sea de manera continua o discontinua.

El decano del TCP, Yván Espada, aclaró que esta determinación se aplica tomando en cuenta a mandatos del pasado y está vigente para las actuales candidaturas.

El criterio de la sentencia impediría que Evo Morales sea candidato a la presidencia, tomando en cuenta que ya fue elegido presidente en más de dos ocasiones.

En el juicio del caso Senkata, la Fiscalía ha determinado retirar a la mayoría de sus testigos que iban a declarar, lo cual ha generado preocupación de la defensa por una presunta estrategia del Ministerio Público para acelerar el proceso y emitir una condena, aún así no se haya comprobado la comisión del delito de genocidio.

La información fue proporcionada por el abogado Luis Guillén, defensa de uno de los militares acusados en este proceso, quien indicó que fácilmente la Fiscalía ha renunciado al 80% o 90% de los testigos que había ofrecido.