La Asociación de Jueces y Magistrados de Bolivia emitió este domingo un pronunciamiento para expresar su preocupación por la precaria asignación de recursos en el Presupuesto General del Estado (PGE-2023) que no llega ni al 0.50% del total del gasto estatal.

Luego que la Asamblea Legislativa sancionara la Ley Financial, los magistrados se reunieron en sesión extraordinaria para señalar que el presupuesto asignado vulnera principalmente el acceso a una justicia pronta y oportuna reconocida constitucionalmente a todo habitante del país.

Recuerdan que el Órgano Judicial tiene el mandato constitucional de hacer funcionar el aparato de sistema de división de poderes y asume un rol componedor de la sociedad que acude a sus oficinas en litigios judiciales.

Observan que una vez más se evidencia la ausencia de voluntad política para atender las recomendaciones del Informe del Relator Especial Diego García-Sayán quien sugirió otorgar recursos apropiados para mejorar sueldos de los operadores de justicia, la creación de nuevos juzgados, la formación del personal y que el Órgano Judicial mejore su cobertura en todos los municipios del país.

Los magistrados ratifican que la independencia judicial depende de la autonomía presupuestaria, por lo que públicamente solicitan el incremento que garantice condiciones del servicio de los operadores de justicia conforme al incremento de las necesidades cada día crecientes en los 339 municipios que componen nuestro Estado.

Exigen también la restitución de los salarios que se vieron vulnerados con el recorte presupuestario de 2021 que alcancen a cubrir la planilla de personal del Tribunal Supremo de Justicia, Tribunal Agroambiental, tribunales departamentales, Consejo de la Magistratura y Dirección Administrativa Financiera del Órgano Judicial, que está compuesta por ítems distribuidos en 26 niveles de remuneración básica.