GPA Innova, el fabricante español de los ventiladores RESPIRA, confirmó que en el caso de Bolivia vendió los equipos a 6.600 euros más accesorios a un distribuidor.
“La venta se ha realizado a un distribuidor a nuestro precio estándar de tarifa de 6.000 mil euros más 600 euros de accesorios”, dice un comunicado de la empresa.
El Senado y las Fuerzas Armadas tuvieron un roce este jueves. Altos jefes militares se presentaron en la Asamblea, de uniforme, para emplazar a la Cámara Alta para que hasta la próxima semana ratifique los ascensos, ante lo cual la presidenta de la instancia legislativa Eva Copa respondió que no trabaja con amenazas.
La canciller Karen Longaric deslindó responsabilidades en la adquisición de respiradores de origen español, que ahora está bajo investigación por presunto sobreprecio. Asimismo, informó que ha convocado al cónsul en Barcelona, David Pareja, para que informe en persona su rol en este caso.
Longaric fue apuntada por legisladores del MAS, debido a que el 11 de mayo el Cónsul, mediante una nota, le informó sobre lo que ocurría en la adquisición en España y hasta mencionó que había una oferta a mitad de precio por los mismos equipos.
La pandemia global del nuevo coronavirus sigue batiendo récords en estas últimas horas. La prestigiosa Universidad Jhons Hopkins de Estados Unidos a través de su centro que monitorea la expansión de la enfermedad a nivel mundial, mostró este que los contagios confirmados sobrepasan los 5.0047.377 en el planeta.
Asimismo, el centro indica que las muertes ascienden a más de 329.816 habiendo ya superado por mucho a la gripe porcina y la fiebre amarilla en el conteo de las pandemias más letales de la historia.
La Policía logró aprehender a una mujer acusada de haber abandonado a su bebé recién nacido en la ciudad de El Alto, informó este jueves el Director municipal de la Niñez, Género y Atención Social, Harry Suaznabar.
Según el informe, el 20 de mayo la mujer abandonó a su bebé en el sector de El Ceibo, cuando dejó al infante en manos de otra persona, con la excusa de que buscaría hacer cambiar un billete de 50 bolivianos para comprar una bayeta.
Surgen más revelaciones sobre las irregularidades en el caso respiradores. Se conoció que dos juristas objetaron el proceso de adquisición en los equipos en la Agencia de Infraestructura en Salud y Equipamiento Médico (AISEM), sin embargo, sus observaciones quedaron en nada, mientras que uno de ellos renunció y la segunda fue despedida.
El dato fue proporcionado por el ministro de Justicia, Álvaro Coímbra, quien en conferencia de prensa dio detalles de lo hallazgos de la investigación.
En medio del escándalo por el caso respiradores, la presidenta Jeanine Añez, en un mensaje al país este jueves, anunció que se realizará auditoría a las compras realizadas para el sector salud y, además, se transparentará en redes sociales las adquisiciones.
“No voy a tolerar corrupción en ningún sitio y menos en la salud. Que quede claro para todos los funcionarios y políticos de mi gobierno, no me temblará la mano y voy a ser firme y dura frente a los corruptos y frente a los casos de corrupción”, advirtió.
Un ciudadano, que asegura dedicarse a la empresa privada, se presentó ante las autoridades con el objeto de prestar declaración por el caso respiradores. Aseguró que brindará elementos para comprobar que empresas españolas estafaron al Gobierno de Bolivia con esa adquisición.
La Fiscalía solicitó a la autoridad jurisdiccional la detención preventiva del exministro de Salud, Marcelo Navajas y otros tres implicados, en el caso de presunto sobreprecio en la compra de respiradores de origen español.
La información fue proporcionada por el fiscal departamental Marco Cossío, quien indicó que se está esperando el señalamiento de día y hora para la audiencia cautelar de los implicados.
El ministro de Justicia, Álvaro Coímbra, informó este jueves que se ha solicitado enviar a la cárcel preventivamente a los implicados en el caso respiradores, pero además que se les anote sus bienes y congele cuentas en el marco del proceso por daño económico al Estado.
Indicó que existe peligro de obstaculización de la investigación y peligro de fuga de los aprehendidos, por lo cual el Ministerio Público debe gestionar la detención de todos ellos.