Sección

El Comité de “Justicia y Paz”, conformado por el Ministerio de Justicia, admitió un total de 382 denuncias de personas que afirmaron ser víctimas de persecución política-judicial durante el Gobierno del MAS.

Dicha entidad fue establecida a finales de 2019, con el objetivo de recibir denuncias y atender a personas que sufrieron la privación de su libertad o exilio debido a la persecución política mediante mecanismos judiciales, en el periodo entre el 22 de enero de 2006 y el 10 de noviembre de 2019, tiempo en que gobernó Evo Morales.

Un privado de libertad se quitó la vida en su celda de la cárcel de Chonchocoro, informó el director de la Fuerza Especial de Lucha contra el Crimen (FELCC) de la ciudad de El Alto, coronel Walter Sossa.

De acuerdo al reporte de la autoridad policial, el presidiario de 34 años cumplía condena por los delitos graves de infanticidio y parricidio en el mencionado penal de alta seguridad.

El Gobierno presentó este miércoles ante el Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP) en la ciudad de Sucre un recurso de consulta previa de constitucionalidad contra la “Ley de Estados de Excepción”, aprobada por la Asamblea Legislativa.

La consulta fue presentada por los viceministros de Coordinación y Gestión Gubernamental, Israel Alanoca; de Seguridad Ciudadana, Wilson Santamaría, y de Transparencia, Guido Melgar.

Tras concluir la reserva del caso respiradores, el Ministerio Público reveló más datos sobre el esquema de irregularidades que hubo en la adquisición. El fiscal Omar Mejillones confirmó que, de acuerdo con la investigación, hubo sobreprecio, pero también reveló que el mecanismo utilizado por los implicados habría sido “desmantelar” los equipos para poner un costo a cada kit.

Después de conocerse que la Unidad de Investigaciones Financieras (UIF) lleva adelante un proceso en su contra por presuntos movimientos sospechosos, el Director nacional de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (FELCC), coronel Iván Rojas, anunció que levanta su secreto bancario para ser investigado y presentará sus descargos en conferencia de prensa.

Los tres dirigentes afines al MAS, que fueron aprehendidos el martes en Cochabamba, fueron trasladados a la ciudad de La Paz, donde se llevaría adelante su proceso judicial, sin embargo, la defensa de los detenidos rechazó que la causa penal se desarrolle en la sede de Gobierno y anunció que recurrirá esa determinación.

Después de haber ser privado de su libertad durante algunas horas por manifestantes de K’ara K’ara, el cabo Iván Mayta fue liberado alrededor de la medianoche en un acto público en el cual se negó que se le haya agredido.

La Policía y el Gobierno habían denunciado que el cabo fue secuestrado cuando se movilizaba en su motocicleta por el ingreso a K’ara K’ara. El comandante departamental, Franz Sellis, dijo que -según información preliminar- el policía había sido agredido, por lo cual pidió su liberación.

El Ministerio de Salud reportó este martes 23 de junio un total de 896 nuevos infectados por el coronavirus en Bolivia, lo que elevó la cifra total de contagios a 26.389, además de sumar 6.300 pacientes recuperados.

Santa Cruz reportó 375 contagios nuevos, Cochabamba 163, Beni 106, Chuquisaca 81, Oruro 76, La Paz 48, Tarija 24, Potosí 14 y Pando 9.

De los 26.389 contagios acumulados a la fecha, sólo 19.243 están activos, aclaró el Ministerio de Salud.

El comandante de la Policía de Cochabamba, coronel Franz Sellis, denunció ña noche de este martes que un efectivo, de rango cabo, fue secuestrado por jóvenes manifestantes en la zona de K’ara K’ara, por lo cual pidió su liberación.

Las protestas se reactivaron después de que tres dirigentes, entre ellos una candidata a senadora del MAS, fueron aprehendidos por acusaciones de terrorismo y atentado contra la salud, tras ser implicados en los bloqueos que hubo en mayo en la misma zona.

Siete funcionarios ediles fueron agredidos en la zona de Pampahasi, en el sector Este de la ciudad de La Paz, en un operativo en el que decomisaron juegos pirotécnicos prohibidos en este San Juan.

La información fue proporcionada por la Intendenta Municipal, Velma Vargas, quien en entrevista con BTV informó que se está presentando una denuncia penal al respecto.

La Intendenta acusó a vendedoras ilegales por la agresión, que se desató cuando los funcionarios salían del mercado 10 de Enero.