El exdirector de Tierras del gobierno de Evo Morales, Wilber Villca López, reveló este domingo que el caso de la propiedad de 33 mil hectáreas de tierra en la zona de Laguna Corazón, ubicada en la reserva forestal Guarayos, se definió en una reunión realizada en Estados Unidos entre los exmagistrados autoprorrogados del Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP), Iván Espada y Gonzalo Hurtado, y el representante de la familia Marinkovic, Branko Marinkovic, actual senador por Santa Cruz.

La revelación surgió durante una entrevista concedida a Evo Morales en su programa dominical transmitido desde el Chapare, en la que Villca López comentó su reciente libro Tierras y Agropoder, que aborda la titulación de tierras concedidas durante el gobierno de la expresidenta Jeanine Añez a empresarios y ganaderos, principalmente del Beni.

En medio de la conversación, Morales recordó que uno de los casos “más escandalosos” vinculados a la tierra es precisamente el de la familia Marinkovic y cuestionó a la gestión del presidente Luis Arce, señalando que, a través de la Procuraduría General del Estado, “en vez de pelear la propiedad, acabaron consolidando las 33 mil hectáreas”.

Villca explicó que, tras conocerse un fallo del TCP favorable a la familia Marinkovic, el Tribunal Agroambiental continuó anulando obrados del proceso de saneamiento por detectar irregularidades. Sin embargo, el afectado volvió a acudir al Tribunal Constitucional y, según relató, “Branko Marinkovic siempre se hace la víctima porque dice: ‘el centralismo me conculca mis derechos, soy perseguido político’”, argumento que derivó en que el TCP, con la participación de los exmagistrados autoprorrogados Iván Espada y Gonzalo Hurtado, le otorgara tutela, pese a las reiteradas observaciones del Tribunal Agroambiental.

Ante ello, Morales comentó: “Iván Espada y Gonzalo Hurtado, no creo que sea gratis”, a lo que Villca respondió: “Hay algo, presidente, y no hay por qué tenerle miedo”. Acto seguido, reveló un dato que —según dijo— le fue proporcionado por un exdirector cesante: “Es sospechoso el viaje de estos dos caballeros y el viaje de Branko Marinkovic a EE.UU. Coinciden los viajes y pocos días después aparece la tutela de estos dos señores favoreciendo a Branko Marinkovic. Los dos viajes coinciden y días después salió la tutela a favor de Branko”.

Asimismo, Villca denunció que durante el gobierno de Luis Arce ni el Ejecutivo ni el INRA realizaron una defensa efectiva de las 33 mil hectáreas en disputa, ya que las respuestas del Estado se limitaron a señalar que “nos remitimos a los antecedentes del proceso de saneamiento emitidos a su despacho”.

Para el autor del libro, resulta llamativo que los mismos funcionarios de la gestión de Jeanine Añez —quien consolidó las tierras a favor de la familia Marinkovic— hayan sido quienes posteriormente representaron al Estado durante la administración de Luis Arce y al propio INRA.

QUE VUELVA A LA AGENDA PÚBLICA

Por su parte, el investigador Gonzalo Colque indicó que, si bien el Tribunal Constitucional ordenó en su momento que el INRA revise sus actuaciones, esta entidad ratificó que el predio no puede consolidarse plenamente como propiedad privada. Precisó que solo corresponde una titulación parcial: 3.000 hectáreas en el caso de Laguna Corazón y 5.000 hectáreas en Tierras Bajas del Norte, mientras que el resto debe ser reconocido como tierra fiscal.

Colque consideró que, en el actual contexto político, el caso Laguna Corazón debería resolverse sin ningún tipo de injerencia y planteó como primera tarea la institucionalización del INRA, mediante la designación de un director nacional titular a partir de una terna elegida por la Asamblea Legislativa.

Añadió que también es necesario retirar al INRA de la tuición de cualquier Viceministerio o Ministerio y devolverle su carácter de entidad con autonomía de gestión, ya que lo contrario supone desconocer el régimen agrario y podría generar antecedentes que deriven en nulidades o vicios en los procesos de titulación.

Finalmente, afirmó que el Tribunal Constitucional no es la instancia más adecuada para resolver este tipo de conflictos, dado que el régimen agrario cuenta con sus propias instituciones y procedimientos. No obstante, señaló que el Parlamento puede ejercer su rol fiscalizador y conformar una comisión de seguimiento al proceso de saneamiento en esta zona.

Colque advirtió, además, que la presencia de Branko Marinkovic en su condición de primer senador por Santa Cruz representa un riesgo de interferencia política, debido a su jerarquía, lo que podría derivar en tráfico de influencias para presionar a las autoridades agrarias y lograr resoluciones favorables que consoliden la titulación definitiva del predio a favor de esta familia.