El presidente de Argentina, Alberto Fernández, denunció que una delegación de parlamentarios de su país sufrió maltrato en Bolivia cuando arribó para observar el proceso electoral del domingo.
El pronunciamiento se realizó después de que el diputado del frente de Fernández, Federico Fagioli, fue retenido en el aeropuerto de El Alto, generándose encontronazos entre las Policía y la delegación argentina.
La Policía logró el rescate del empresario alteño Javier Quispe Sánchez, del rubro de la mueblería, después de dos días de que fue secuestrado por delincuentes que habían pactado un pago de 1 millón de bolivianos con su familia.
El coronel Iván Rojas, director de la FELCC; indicó que el secuestro fue el miércoles 16 de octubre.
Según el reporte, la tarde de ese miércoles, el empresario a bordo de su camioneta tuvo una colisión con otro vehículo de marca Suzuki.
Cuatro miembros interinos del Directorio del Banco Central de Bolivia (BCB) renunciaron a su cargo, después de que Agustín Saavedra fue posesionado como Presidente de la entidad.
Los renunciantes son Luis Armando Pinell Siles, Walter Erwin Morales Carrasco, Roger Alejandro Banegas Rivero y José Gabriel Espinoza Yañez.
El BCB confirmó que las renuncias fueron presentadas, aunque aclaró que los mismos continuarán en sus funciones hasta que la presidenta Jeanine Añez acepte las dimisiones y los reemplace.
El Gobierno, mediante el ministro Arturo Murillo, aseguró que para el domingo 18 de octubre se hará respetar los votos de quien salga ganador de las elecciones y que los únicos que deberían preocuparse son aquellos que pretenden convulsionar el país.
En el marco de la declaración del “Año de Lucha Contra los Feminicidios e Infanticidios”, la Fiscalía General del Estado a través de la Dirección de Fiscalía Especializada en Delitos de Violencia Sexual y en Razón de Género ha coordinado con varias instituciones del ámbito judicial un cronograma de inspecciones a nivel nacional, a los Juzgados y Fiscalías, donde se tramitan procesos por el delito de Feminicidio, cuya priorización son las resoluciones de los casos.
Familias de 280 personas que fallecieron por coronavirus y que habrían sido enterrados en fosas comunes piden exhumación colectiva para identificar a sus seres queridos y darles cristiana sepultura en la ciudad de Potosí, reportó radio Líder para la red Erbol.
Una comisión de los familiares se reunió con el alcalde subrogante Carlos Cardona con quien instalaron mesas de diálogos para ver si corresponde jurídicamente.
El ministro de Gobierno, Arturo Murillo, respondió este viernes a las críticas en su contra de parte de la presidenta del Senado, Eva Copa, y afirmó de forma sarcástica que la legisladora parece enamorada de él.
El conflicto en este caso se debe a que la Asamblea censuró al Ministro de Gobierno, sin embargo, no pudo notificar la decisión este viernes debido a que el Ministerio de la Presidencia cerró su ventanilla, bajo el argumento de que había casos sospechosos de COVID en el personal de correspondencia.
La representante de la Misión de Observación del Centro de Comunicación y Difusión de la Unión Interamericana de Organismos Electorales (Uniore), la mexicana Pamela San Martín, manifestó que, ante el escenario que vive Bolivia de cara a las elecciones, se espera que haya una “aceptabilidad de la derrota” de parte de los políticos que no sean favorecidos con el voto.
El ministro de Obras Públicas, Iván Arias, afirmó en Sucre que el gobierno de Evo Morales construyó aeropuertos donde “no aterrizan ni los suchas (gallinazos)” y han votado 11 millones de dólares en diferentes pistas aéreas, como la de Monteagudo en el departamento de Chuquisaca.
El aeropuerto Apiaguaiki Tumpa de Monteagudo de la provincia Hernando Siles, fue inaugurado en noviembre de 2017 por Evo Morales. Luego de un año de operaciones dejó de funcionar porque no tenía equipamiento y las aerolíneas tampoco vieron rentabilidad.
La Policía informó este lunes que durante la investigaciones del caso fraude electoral, se ha detectado movimientos bancarios del exministro de Presidencia, Juan Ramón Quintana, por Bs1.320.000 durante la convulsión de 2019, por lo cual se está solicitando al Ministerio Público que abra otros dos casos contra la exautoridad.