Seguridad

En una plazo menor a seis meses, el ministro de Justicia y Transparencia, Iván Lima, estimó que se podrá llegar a una acusación dentro de la investigación en el caso coimas en el Ministerio de Medio Ambiente y Agua por lo avanzada que se encuentra la investigación.

“No creo que tomemos los seis meses del procedimiento penal, sino en tiempo menor, porque la mayor parte de la prueba está siendo identificada y colectada para fundamentar una acusación”, afirmó en declaraciones a los medios.

El dirigente campesino Omar Ramírez presentó este miércoles ante la Fiscalía una denuncia penal contra el viceministro de Coca, Arlem Lovera, y otras dos personas por una presunta red de corrupción que direccionaría la donación de taques para beneficio privado.

Además del Viceministro, están denunciados el ejecutivo de la confederación de campesinos de Yungas, Ernesto Mamani, y una mujer que sería su cónyuge, según Ramírez.

En medio de la investigación por el envío en febrero de casi media tonelada de droga desde Bolivia a España, el Gobierno tiene previsto para noviembre una reunión con autoridades de España para bordar la lucha contra el narcotráfico.

El encuentro se realizará en Bolivia de forma presencial y se podrá abordar la problemática transnacional del narcotráfico, informó desde Cochabamba, el viceministro de Defensa Social y Sustancias Controladas, Jaime Mamani.

El organismo de Tránsito de El Alto informó que, durante los controles, se ha detectado al menos ocho casos de choferes de taxi o radiotaxi que llevaban la Tarjeta de Identificación del Conductor adulterada o vencida.

Ese documento se tramita en Tránsito como medida de seguridad, con la finalidad de certificar la identidad de conductores de taxi o radiotaxi.

Según el coronel Adrián Álvarez, director de dicha unidad en El Alto, los choferes intervenidos alegaron que sólo son asalariados y que les entregaron el vehículo con esos documentos. 

La Sala Constitucional Cuarta de La Paz denegó este martes el amparo constitucional, presentado por Amparo Carvajal en contra de Édgar Salazar sobre la “toma” de la sede de la Asamblea Permanente de Derechos Humanos de Bolivia (APDHB).

En la parte resolutiva, los vocales consideraron que esa sala constitucional “no puede lograr dilucidar qué presidente es legítimo” y exhortó a que ambos puedan resolver esta situación por las vías que correspondan, como un “congreso por la unidad”.

Luego de brindar su declaración informativa por cerca de ocho horas, Claudia Cortez, testigo clave en el caso de coimas en el Ministerio de Medio Ambiente y Agua, se defenderá en libertad informó el su abogado Abel Loma quien informó que existen al menos cinco personas implicadas en el hecho de corrupción.

La mujer llegó cerca de las 09.00 de este martes y pasadas las 19.00 terminó su comparecencia. Fueron 30 preguntas las que respondió, quien se encuentra en calidad de sindicada. Según el fiscal Franklin Alborta fue “bastante amplia” la información que brindó.

En medio del impasse diplomático entre Bolivia y Perú generado por su designación como Cónsul en Puno, la exdiputada Lidia Patty aseveró que deja en manos de diplomáticos tratar este tema y que respeta la soberanía de cada país.

“Yo espero que entre gobiernos den solución”, dijo Patty, según difundió Perú 21.

Tras una audiencia de 16 horas, el juez Manuel Baptista determinó enviar a la cárcel con detención preventiva a 13 personas que fueron imputadas por la agresión que sufrió el viernes la asambleísta departamental del MAS, Muriel Cruz.

La información fue difundida por el abogado defensor Jorge Valda, quien consideró excesiva e injustificada la decisión del juez.

Según el jurista, no era justificable enviar a todas las 13 personas a la cárcel, puesto que había personas que ni siquiera estaban en el lugar de los hechos.

Un nuevo feminicidio ocurrió en la ciudad de El Alto. La víctima, identificada como Paola M.G.S., de 36 años de edad, murió estrangulada. El sospechoso del crimen es su enamorado Ronald M.B., de 33 años de edad, que se encuentra aprehendido en celdas policiales.

El hecho se registró en la zona Ballivián, donde se realizó el levantamiento legal del cadáver, se colectaron indicios materiales, biológicos y genéticos, entre otros, para determinar la verdad histórica de los hechos, informó el fiscal departamental de La Paz, William Alave.

La cámara GoPro, que estaba en el casco del cadete Erlan  Condori, durante la demostración del “salto de la muerte”, en el aniversario del Colegio Militar fue enviada al Instituto de Investigaciones Forenses (IDIF) para que se realice un peritaje si es que algún fragmento del video fue borrado.

La fiscal Viviana Choque informó que el dispositivo, tras la caída del 18 de abril, estaba en poder de uno de los imputados, por lo que existe la probabilidad de que haya sido manipulado hasta el día siguiente que es recién cuando a requerimiento del Ministerio Público se lo entrega.