Seguridad

La declaración de testigos, durante el juicio oral, confirma que Juana Quispe Apaza, concejala municipio de Ancoraimes, del departamento de La Paz, fue asesinada el 12 de marzo de 2012, por temas políticos, afirmó la abogada de la familia de la víctima, Valquiria Lira.

Un total de 17 personas, de parte de la familia de la concejala fallecida, relataron el viacrucis que atravesó la mujer desde que ingresó al Concejo Municipal y cuando asumió el rol de fiscalización a la gestión del exalcalde Félix Huanca.

Radio Patujú

En la ciudad de Trinidad en Beni, una joven sufrió heridas de arma blanca en el cuello y en otras partes del cuerpo, se conoce de manera preliminar.

La joven fue encontrada pasado el medio día de este miércoles en la zona Nueva Trinidad de la capital del Beni. Luego fue trasladada en ambulancia hasta el hospital “Presidente Germán Busch”, donde recibe atención médica.

Una presunta “parcialización” del Ministerio Público para favorecer al gobernador de La Paz, Santos Quispe, fue denunciado por Guido Calcina, abogado de la víctima, Danitza P. L., tras conocer que se rechazó el caso por violación.

Para el jurista, la resolución del 14 de agosto fue emitida sin haber valorado los elementos de convicción que se encuentran dentro del cuaderno de investigaciones como el certificado médico forense, la pericia psicológica, entre otros.

La precariedad en la que se encuentran los diferentes centros de salud al interior de las cárceles es el reflejo de que el acceso a la salud es el derecho que más se vulnera en los privados de libertad del país.

Un reciente informe de la Defensoría del Pueblo, en su calidad de Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura (MNP – Bolivia), muestra las diferentes falencias en la que se encuentran los diferentes centros penitenciarios.

Después de los incidentes en el congreso del fin de semana y la división del sector, Lucio Quispe tomó posesión este lunes de la sede de la Confederación Sindical Única de Trabajadores Campesinos de Bolivia (CSUTCB), en la zona Miraflores de La Paz.

La Policía tenía custodiada la sede campesina desde el fin de semana, pero este miércoles Quispe llegó a la sede en una marcha con sus seguidores y pudo ingresar al inmueble.  

En audiencia de apelación, la Sala Penal Primera de Santa Cruz de la Sierra determinó este martes revocar las medidas sustitutivas de Guillermo Parada, investigado dentro del caso denominado ítems “fantasmas”, y se mantendrá recluido en el penal de Palmasola.

El fiscal departamental de Santa Cruz, Roger Mariaca, informó que ya presentó la acusación formal donde se encuentran siete acusados, entre ellos, la exalcaldesa de la ciudad de Santa Cruz de la Sierra, Angélica Sosa y Parada.

El Ministerio Público emitió una resolución de rechazo a la denuncia en contra el gobernador de La Paz, Santos Quispe, por la denuncia de violación interpuesta en mayo de este año por la defensa de Danitza P. L., víctima en el caso.

En la fundamentación jurídica de la resolución emitida este 14 de agosto, a la que tuvo acceso este medio, se detalla una serie elementos que motivaron a que se determine la decisión por parte del fiscal asignado al caso, Cristian Ventura.

Luego de conocer las recomendaciones de la Defensoría del Pueblo, el director general de Régimen Penitenciario, Juan Carlos Limpias, informó que existe un proyecto para cerrar la cárcel de San Pedro de La Paz y trasladarla a predios de Chonchocoro en Viacha.

El Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura (MNP - Bolivia) presentó en este lunes un informe anula donde recomendó la aplicación de la Ley 494, que dispone el cierre del penal de San Pedro, así como la construcción de un nuevo centro penitenciario para el departamento de La Paz.

Una denuncia en contra del diputado del Movimiento Al Socialismo (MAS), Juan José Jáuregui, fue formalizada ante la presidencia de la Cámara de Diputados, por la senadora de Comunidad Ciudadana (CC), Andrea Barrientos, tras conocer, mediante audios, que el legislador se vio envuelto en un caso de pedofilia y extorsión.

El documento fue presentado mediante carta dirigida al presidente de la Cámara de Diputados, Jerges Mercado, donde se hace mención a la denuncia presentada por el abogado Lurwin Ledezma, defensa de la víctima, ante el Ministerio Público de Cochabamba.

El expresidente del Comité pro Santa Cruz, Rómulo Calvo, fue sentenciado a cuatro años de cárcel por un proceso penal que enfrentaba desde 2005 cuando fungía como alcalde interino de Santa Cruz de la Sierra. Dentro del mismo proceso, el exalcalde Roberto Fernández fue condenado a cinco años de presidio.

De acuerdo con la relación de los hechos, los Fernández y Calvo realizaron la compra venta de un terreno en el Plan Tres Mil con una superficie de 55.162,64 m2. a razón de $us 25 el metro cuadrado, cuando el precio valuado en esa zona era de $us 8.