El Sistema de Naciones Unidas en Bolivia celebró este sábado la disposición de diálogo entre una misión de gobierno y el comité interinstitucional, en medio del paro indefinido que protagonizan instituciones cruceñas por el censo 2023.
Al mismo tiempo lamentó la pérdida de una vida humana en la población fronteriza de Puerto Quijarro y reiteró la urgencia del diálogo franco y respetuoso entre todas las partes interesadas.
Una comisión de ministros del gobierno y miembros del comité interinstitucional iniciaron contactos en la ciudad de Santa Cruz y ambos aceptaron un declarar un cuarto intermedio hasta mediodía para pacificar los ánimos en medio del paro indefinido que exige que la realización del censo de población y vivienda el próximo año y no el 2024 como lo había decidido el gobierno central.
La esposa de Juan Pablo Taborga, la primera baja registrada esta madrugada en Puerto Quijarro, relató que su pareja murió a causa de golpes de palo que le propinaron miembros del comité cívico que iniciaron el bloqueo en la frontera con Brasil, en el marco del paro indefinido de Santa Cruz que exige censo 2023.
Afirmó que ellos pertenecen a las organizaciones sociales, estaban en el lugar junto a su esposo para rechazar el bloqueo de caminos porque viven de la actividad comercial que se mueve día a día en la ruta internacional.
Juan Pablo Taborga, un funcionario municipal de Puerto Quijarro, sería el primer fallecido en los enfrentamientos registrados esta madrugada en la región fronteriza, reportaron medios locales y páginas digitales.
El defensor del pueblo, Pedro Callisaya, a través de su cuenta de twitter, lamentó la pérdida de una vida humana tras hechos violentos en Puerto Quijarro.
Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB) garantizó la provisión de diésel, gasolina, Gas Natural Vehicular (GNV) y Gas Licuado de Petróleo (GLP) pese al paro indefinido en el departamento de Santa Cruz que comenzó este sábado.
El vicepresidente de Administración Contratos y Fiscalización de YPFB, Enzo Michel, informó que la estatal petrolera trabajará de manera normal y se encuentra coordinando la provisión del suministro de combustible.
El teniente de la Policía, Cristian Casanova, quien fue sentenciado a 15 años de prisión por la muerte del estudiante de la Universidad Pública de El Alto (UPEA) Jonathan Quispe Vila, volvió a asumir funciones en la institución del verde olivo. Actualmente trabaja en la unidad de Bomberos de La Paz por disposición del Comando General, según fuentes consultadas por este medio.
A las 00.00 de este sábado comenzó el paro indefinido ante la negativa del Gobierno de abrogar el Decreto Supremo 4760, que establece el Censo en 2024. En medio de la medida de presión, el gobernador cruceño, Luis Fernando Camacho, confirmó que asistirá, junto a una comitiva del Comité Interinstitucional, al diálogo convocado por el Gobierno.
El primer vicepresidente del Comité pro Santa Cruz, Fernando Larach, junto a representantes cívicos, dieron inicio al paro en el Cristo Redentor en el marco del mandato del cabildo del 30 de septiembre.
El Comité Interinstitucional impulsor del Censo rechazó la noche de este viernes la convocatoria al diálogo. Sin embargo, el Gobierno los volvió a invitar este sábado a las 08.00 y no descartó que se analice incluso el Decreto Supremo 4760, que establece el Censo en 2024.
El presidente del Comité pro Santa Cruz, Rómulo Calvo, fue quien hizo conocer la decisión tras conocer la carta enviada a pocas horas de comenzar el paro indefinido y ratificó el inicio de la medida de presión.
Un cabildo en la ciudad de Santa Cruz de la Sierra, convocado por organizaciones sociales, expresó su rechazo al paro indefinido desde este sábado, se declaró en emergencia y en movilización “permanente” en defensa del Gobierno.
Fueron cinco los puntos aprobados durante la concentración que se desarrolló en el monumento al Chiriguano, ubicado en la capital cruceña, a pocas horas de comenzar la medida de presión aprobada por un cabildo del pasado 30 de septiembre.
El Gobierno propuso al Comité Interinstitucional Impulsor que el Censo Nacional de Población y Vivienda se pueda desarrollar en abril de 2024 y adelantar la redistribución de los recursos en octubre del mismo año y no así en 2025, es decir, seis meses después con los resultados preliminares de la encuesta nacional.
