En los distintos operativos donde fueron intervenidas farmacias irregulares y clínicas clandestinas, volvieron a funcionar por determinación de las autoridades judiciales, cuestionó el viceministro de Defensa de los Derechos del Usuario y Consumidor, Jorge Silva.

Sin precisar una cantidad, la mayoría de los establecimientos no contaban con la autorización respectiva para brindar servicios y atender a la población durante la pandemia, tampoco tenían las condiciones en cuanto al mobiliario.

“Hemos demorado más como, quien dice, en clausurar una farmacia, una clínica clandestina, en conducir a los responsables ante el Ministerio Público, que el tiempo en que los fiscales han demorado para liberarlos y reabrir estos establecimientos que estaban y que están todavía atentando contra la salud pública de la población”, sostuvo.

Las farmacias comercializaban medicamentos de contrabando o tenían sobreprecio, mientras que en el caso de las clínicas por el sobreprecio en la atención del servicio de terapia intensiva y por no contar con un título profesional en el área de la salud.

Silva afirmó que pese a esa situación desde su despacho continuarán con los operativos de control e intervención.