Acusado en el caso ‘Terrorismo’ gana demanda al Estado uruguayo y debe recibir $us 230.000
La justicia del Uruguay condenó al Estado de ese país a indemnizar con $us 230.000 para Alejandro Melgar, uno de los acusados en el caso Terrorismo en la capital cruceña de 2009, por los 1.351 días que estuvo preso en una cárcel, a la espera de una extradición hacia Bolivia que fue denegada.
De acuerdo con el diario del vecino país El País, en pasados días logró su última victoria judicial, que es la cuarta en su objetivo para “limpiar su nombre” y mitigar los perjuicios que sufrió en lo personal y material.
El trámite se extendió entre 2012 y 2017, y se trató del proceso de extradición más largo de la historia jurídica uruguaya. En La Paz, en el marco de un proceso viciado de irregularidades y sometido a las presiones del entonces presidente Evo Morales, se lo acusaba por “actos de terrorismo” e “intento de magnicidio”, cargos de los que fue absuelto en 2020.
Melgar nació en Bolivia y es ciudadano natural de Uruguay por parte materna. En la actualidad radica en el Estado de Florida, Estados Unidos, donde ejerce su profesión de abogado y es profesor en la facultad de Derecho.
En declaraciones al diario uruguayo El País, calificó a la sentencia como “tibia”. En su demanda accionó contra el Ministerio del Interior y el Poder Judicial de ese país, señalando una serie de irregularidades en el proceso por el que estuvo preso 1.351 días y sometido a medidas de restricción ambulatoria entre el 5 de enero de 2016 y el 26 de setiembre de 2017.
El 23 de abril de 2012 fue detenido y conducido a cárcel Central. En ese lugar fue estuvo con los presos comunes. Bolivia requería su extradición para juzgarlo por lo que se denominó “caso Terrorismo” que investigaba la financiación de una presunta célula terrorista con fines separatistas en Santa Cruz de la Sierra.
Casi dos años después, el 12 de diciembre de 2014, a pedido del entonces fiscal Juan Gómez, la jueza de Crimen Organizado, Adriana De los Santos, concedió su extradición pese a las evidentes irregularidades y falta de garantías que ofrecía el proceso judicial en Bolivia. //agc