La Defensoría del Pueblo instó este miércoles a que en el país se deba salvaguardar la democracia y que no se vuelva a repetir la época de la dictadura de Luis García Meza y de Luis Arce Gómez.

Este miércoles se recuerdan 44 años desde aquel 17 de julio de 1980 cuando la democracia boliviana fue golpeada por los militares que dejaron alrededor de 500 víctimas asesinadas, desapariciones forzadas y torturas, entre ellos, el asesinato de Marcelo Quiroga Santa Cruz.

“La Defensoría del Pueblo reitera la importancia de salvaguardar la democracia por parte del Estado en todo momento y que, el recuerdo de estos funestos hechos perviva en la memoria del pueblo boliviano para su no repetición”, indica un pronunciamiento.

La institución defensorial reafirma además su compromiso de defensa y protección de los derechos humanos y la lucha contra la impunidad de quienes aún siguen reclamando Justicia para sus familiares.

“La Defensoría del Pueblo conmemora esta fatídica fecha en honor a las y los bolivianos que fueron torturados y asesinados en su intento de defender la democracia y que, en contra respuesta, recibieron represión, tortura y ejecuciones como la Masacre de la calle Harrington donde militares asesinaron a ocho ciudadanos quienes, en su inclaudicable lucha por la recuperación de la democracia, sufrieron la vulneración de derechos humanos, fueron torturados y asesinados”, añade.

Por estos hechos luctuosos, recordó que el 21 de abril de 1993, la entonces Corte Suprema de Justicia dictó sentencia señalando como autores de la masacre sangrienta de la calle Harrington, ocurrido el 15 de enero de 1981, a Luis García Meza, Luis Arce Gómez y otros coimputados.

Además, que se dictó sentencia de 30 años de prisión sin derecho a indulto para García Meza y Arce Gómez junto a otros 13 paramilitares, constituyéndose este dictamen como el primer caso en América Latina que llegó a condenar el delito de genocidio perpetrado a un determinado grupo, con el objetivo de exterminarlos por razones políticas.

En su informe final, la Comisión de la Verdad señala que, tras la comparación de fuentes y el análisis de testimonios, entre 1964 y 1982, “fueron asesinadas 363 personas en ejecuciones sumarias, torturas seguidas de asesinatos, masacres y asaltos a centros mineros, comunidades y domicilios particulares”. //agc