AGENCIA DE NOTICIAS AMBIENTALES

Por: Adriana Gutiérrez Ampuero

Editor multimedia: Carlos Guerrero

Zongo, La Paz 1 octubre (ANA).- Zongo es un remoto y hermoso valle enclavado en el corazón de la Cordillera Real, a solo 56 kilómetros de la bulliciosa ciudad de La Paz. Sin embargo, llegar allí es un verdadero desafío. El camino serpenteante a través de montañas imponentes, donde la niebla y la vegetación exuberante crean un paisaje casi mágico, reminiscentes de los Yungas. La ruta es escarpada y, a menudo, intransitable, lo que requiere planificación y determinación para emprender el viaje. A medida que una se adentra en Zongo, la sensación de aislamiento se intensifica: las miradas cautelosas de los lugareños y la desconfianza hacia los extraños son palpables, recordando que este es un territorio que han protegido celosamente frente a las amenazas externas, en particular la minería.

“La tierra es más que un recurso, es nuestra madre. Cada vez que un minero llega, sentimos que nos arrancan un pedazo de nuestra alma. Luchamos no solo por nuestro territorio, sino por nuestra identidad”, dice Marcela Quisbert, comunaria de Zongo y una de las defensoras ambientales, mientras muestra todos los papeles envueltos en un aguayo.

Zongo, un refugio de biodiversidad en el municipio de La Paz, oculta la expansión implacable de la minería de oro y de otros minerales. Las actividades mineras se han infiltrado en las zonas más inaccesibles, mientras las comunidades indígenas luchan por resistir la amenaza extractivista que pone en peligro su tierra y su vida.

Lo que alguna vez fue una región dedicada a la agricultura y al uso sostenible de los recursos naturales, ahora enfrenta una lucha desigual contra más de 500 cooperativas mineras, que operan con poca o ninguna regulación, según datos del Gobierno Autónomo Municipal de La Paz.

En sus inicios, Zongo explotaba pequeños recursos, principalmente para cubrir el autoconsumo de las comunidades aymaras que habitan la región. Sin embargo, con el auge del extractivismo en Bolivia, la minería comenzó a expandirse utilizando métodos agresivos que no solo devastan el ecosistema, sino que también ponen en peligro la cultura y la vida de los habitantes.

En 2010, las 35 comunidades de la Central Agraria de Zongo tomaron una decisión histórica: expulsar al empresario minero Oscar Bellota. Este fue un paso crucial en su resistencia, aunque tuvo un alto costo. Los líderes de la comunidad fueron perseguidos y encarcelados, pero lograron transferir los casos a la jurisdicción indígena, consolidando un precedente en su lucha. Esta historia forma parte del documento elaborado por Pedro Pachaguaya, titulado La defensa territorial desde la jurisdicción indígena de Zongo.

El conflicto se remonta a los años 60, cuando Bellota se asentó en estas comunidades para explotar la mina y comenzó a extraer la scheelita, un mineral formado por wolframio y calcio.

Con el tiempo, el empresario fundó la mina Mauricio Alexander. La scheelita tenía una alta cotización en el mercado debido a su uso en la industria espacial, armamentística y electrónica, por su gran resistencia al calor.

Según los comunarios, la explotación minera provocó la contaminación del río Zongo, tráfico de tierras, deforestación y atropellos a los derechos laborales de sus trabajadores.

Posteriormente, Bellota creó la Cooperativa Minera 28 de Octubre, ubicada en la mina Alexander, que se encontraba en las comunidades de Cahua Grande y Cahua Chico.

La Resistencia de Zongo: Justicia indígena contra el poder extractivista

«La mayoría en la ciudad no sabe que gran parte del municipio de La Paz es rural, y que son las comunidades aimaras quienes han trabajado estas tierras desde tiempos ancestrales», explica Pedro Pachaguaya, antropólogo especializado en sistemas de justicia indígena.

Las cooperativas mineras operan actualmente en Zongo, están promoviendo un modelo extractivista que ignora tanto la naturaleza como las decisiones comunales.

Para proteger su territorio, las comunidades han recurrido a su sistema de justicia indígena. En este sistema, las autoridades rotan y participan activamente en procesos judiciales propios, reafirmando su derecho a decidir sobre su futuro.

Según explican los comunarios, ante la sistemática presencia de una cooperativa minera en su territorio, decidieron organizarse para limpiar y recuperar sus tierras. Sin embargo, esta acción desencadenó un violento ataque por parte de los mineros. La Policía se constituyó en el lugar, pero solo detuvo a nueve campesinos y no a ningún miembro de la cooperativa minera.

A pesar de que la jurisdicción originaria de Zongo tiene reconocimiento constitucional y, de acuerdo con la Carta Magna, goza de la misma jerarquía que la justicia ordinaria, las comunidades continúan enfrentándose a un sistema que frecuentemente favorece a los intereses mineros.

 

Marcela Quisbert: la partera que trae vida y protege la tierra

Marcela Quisbert es una de las figuras clave en la defensa del territorio. Nacida y criada en Zongo, desde niña aprendió que la tierra es más que un recurso; es un ser vivo con una voz propia. «Cada planta, cada animal, cada montaña tiene su espíritu», afirma con convicción.

Además de ser una defensora incansable del territorio, Marcela es una partera experimentada, un rol que heredó de su madre y su abuela. Ha asistido en más de 100 nacimientos, y cada uno lo vive como un ritual sagrado.

«Cuando un niño nace sano, es como si la tierra nos bendijera con una nueva oportunidad», reflexiona.

Sin embargo, la minería ha afectado su entorno natural. Las plantas medicinales que utiliza están desapareciendo, y esta amenaza pone en riesgo no solo a su comunidad, sino al 80% del pulmón de La Paz.

«Como madres, debemos luchar por el futuro de nuestras generaciones», enfatiza, haciendo un llamado a otras mujeres para unirse a su causa.

 

Eusebia Zambrana: La mujer que no calla ante el miedo

Junto a Marcela, destaca otra defensora: Eusebia Zambrana. Su conocimiento de la jurisdicción indígena ha sido fundamental para enfrentar los desafíos legales impuestos por las empresas mineras y el Estado. A pesar de que el Tribunal Constitucional ha ignorado fallos favorables a su comunidad, Eusebia no ha dejado de luchar.

Hablar de su lucha le arranca lágrimas, recordando cómo su esposo la abandonó cuando comenzó a defender su territorio y cómo sus hijos le piden que no toque el tema en casa, tras haber tenido que abandonar la comunidad por las constantes amenazas de los mineros.

Eusebia, jueza indígena, organiza talleres para educar a las mujeres sobre sus derechos y el impacto devastador de la minería. Aunque muchos han abandonado el lugar por temor a represalias, Eusebia se mantiene firme.

«Nos persiguen porque no les conviene que sepamos defendernos, nadie de la comunidad quiere hablar y menos con la prensa por eso nosotras estamos decididas a defenderlo que nuestros ancestros nos dejaron», dice.

Voces de resistencia

Edwin Limachi, juez indígena de Zongo, ha sido testigo directo de la larga y ardua lucha de las comunidades por la defensa de su territorio frente a las invasiones mineras. Desde su rol en la jurisdicción indígena, Erwin ha observado de primera mano cómo la justicia ordinaria ha sido constantemente influenciada por intereses externos.

«La justicia ordinaria está empapada de corrupción», lamenta, señalando cómo, a pesar de las evidencias y los fallos a favor de las comunidades, muchas decisiones judiciales han sido ignoradas o manipuladas en favor de los mineros.

Este sesgo institucional ha generado una profunda desconfianza hacia el sistema estatal y ha reforzado la importancia de la justicia indígena como mecanismo de defensa territorial.

Limachi resalta, además, el rol fundamental que las mujeres de Zongo han jugado en esta resistencia. A su juicio, las mujeres no solo son el corazón de la comunidad, sino también las líderes más decididas en la defensa de su territorio.

«Decir que son grandes luchadoras queda pequeño», afirma, reconociendo que su valentía y perseverancia son el motor de la resistencia.

Estas mujeres han enfrentado amenazas, violencia y la indiferencia del Estado, pero siguen al frente, organizando a la comunidad y defendiendo los derechos ancestrales. La lucha de las mujeres no solo es por la tierra, sino también por la vida, el futuro de sus hijos y la preservación de su cultura.

Los derechos de las mujeres indígenas y la lucha contra la crisis climática

El camino de las mujeres indígenas en la búsqueda de justicia ha sido largo y lleno de desafíos, pero también de una inmensa resiliencia. En Zongo, las mujeres no solo luchan por sus territorios, sino también por su derecho a vivir en un entorno saludable y sostenible.

Enfrentan la crisis climática y las consecuencias de la minería, que no solo deteriora el medio ambiente, sino que también agrava las desigualdades, dejando a las defensoras del territorio en una situación de extrema vulnerabilidad.

La minería no solo contamina las aguas y arrasa con los bosques, sino que además erosiona el tejido social, afectando desproporcionadamente a las mujeres, quienes cargan con el peso de mantener vivas sus comunidades.

A pesar de la gran magnitud de estos retos, ellas se han organizado, liderando la defensa de sus tierras y proponiendo alternativas para una gestión más justa y equitativa de los recursos naturales.

Este liderazgo femenino ha sido clave en la preservación de Zongo, como lo destacan diversas organizaciones que apoyan estas luchas. Una de ellas, UNITAS, a través de la voz de Claudia Terán, ha subrayado que sin la fuerza y la perseverancia de estas mujeres, la resistencia hubiera perdido su ímpetu.

Es urgente fortalecer los derechos de las mujeres indígenas, tanto en Zongo como en otras regiones afectadas, si se quiere enfrentar de manera efectiva la crisis climática en Bolivia. La entrada continua de empresas mineras amenaza con destruir lo poco que queda en Zongo, y si no se toman medidas para empoderar a las defensoras, este invaluable territorio podría desaparecer.

 Las mujeres de Zongo no solo protegen sus tierras, sino que son piezas clave en la lucha global por la justicia climática y la equidad de género, elementos esenciales para la supervivencia de sus comunidades y del planeta.

La pausa ecológica: una solución propuesta ante la crisis ambiental

Frente al avance implacable de la minería en Zongo, el alcalde de La Paz, Iván Arias, ha solicitado una «pausa ecológica» para detener temporalmente las concesiones mineras en la región. Esta medida busca frenar el impacto destructivo de las actividades extractivas, que han proliferado descontroladamente en el área.

Actualmente, hay más de 240 concesiones legales y alrededor de 300 irregulares, lo que ha llevado a un uso intensivo de sustancias químicas como el cianuro y la dinamita, devastando los bosques y contaminando las aguas que son vitales para las comunidades locales y la biodiversidad.

En Conferencia de prensa el alcalde Arias ha expresado su preocupación por la falta de transparencia y regulación por parte de la Autoridad Jurisdiccional Administrativa Minera (AJAM), la cual ha mostrado una notable resistencia a responder a solicitudes realizadas por la Alcaldía, las cuales podrían arrojar luz sobre la situación actual de la minería en Zongo.

Esta falta de comunicación y la opacidad en la gestión de los recursos naturales han alimentado la frustración de las comunidades y sus líderes, quienes ven en esta pausa ecológica una oportunidad para restaurar el equilibrio en su entorno.

Junto a la senadora Cecilia Requena, del partido opositor Comunidad Ciudadana, Arias busca urgentemente una solución que permita revaluar las concesiones existentes y establecer un marco regulatorio que priorice la sostenibilidad y los derechos de las comunidades indígenas.

Sin embargo, a pesar de sus esfuerzos, la solicitud de pausa ecológica sigue sin respuesta, dejando el futuro de Zongo en un estado de incertidumbre y riesgo.

Mientras tanto, la presión por parte de las empresas mineras continúa, amenazando no solo la salud ambiental, sino también la cultura y la supervivencia de los pueblos que han habitado esta región por generaciones.

Mujeres en pie de lucha: fallo histórico respaldando a Zongo y su defensa del territorio

Un rayo de esperanza llegó el 25 de septiembre con el fallo del Tribunal Constitucional Plurinacional, que admitió un recurso de conflicto de competencias presentado por indígenas defensores del territorio de Zongo. Este recurso busca garantizar el ejercicio de la Justicia Indígena Originaria Campesina (JIOC), la cual ya había determinado en 2012 la expulsión del empresario minero Oscar Bellota por diversas violaciones, incluyendo tráfico y despojo de tierras, así como la contaminación del medio ambiente. La admisión de este recurso, tras siete meses de espera, representa un paso crucial en la defensa de los derechos de los pueblos indígenas y su territorio.

Marcela Quisbert expresó su emoción: «Hoy es un nuevo amanecer, un día en que el sol brilla para nosotros». Subrayó la urgente necesidad de reconstruir las comunidades devastadas, donde más de 20 viviendas han sido destruidas y la falta de servicios básicos sigue siendo una grave preocupación. «Es tiempo de que Zongo tenga luz y viviendas dignas», clamó, instando al gobierno a apoyar a su pueblo.

Este fallo judicial no solo reconoce la jurisdicción indígena, sino que valida las demandas de los defensores del territorio, representando un acto de justicia hacia las comunidades desplazadas y vulneradas en sus derechos.

Sin embargo, persiste la preocupación sobre su cumplimiento efectivo, ya que las comunidades de Zongo aún deben enfrentarse a la resistencia de las empresas mineras y a un sistema que frecuentemente ignora los fallos judiciales favorables a los pueblos indígenas.

«Hemos tenido a nueve hermanos en la cárcel acusados, y esas familias, madres e hijos que han llorado, no hay justicia», lamenta una autoridad indígena, recordando la lucha continua que enfrentan las mujeres y hombres de Zongo en su defensa de la tierra.

**Esta investigación fue realizada en el marco del Fondo de Apoyo periodístico “Crisis climática 2024”, que impulsan la Plataforma Boliviana Frente al Cambio Climático (PBFCC) y Fundación Para el Periodismo (FPP).