La Misión en Bolivia de la Oficina de la Alta Comisionada de Naciones Unidas para los Derechos Humanos (OACNUDH Bolivia) expresó este domingo su preocupación por la conminatoria judicial a medios de prensa de Cochabamba para que entreguen información sobre un caso público a fin de procesar a varios periodistas.

En Cochabamba, la jueza Sofía Camacho Almanza del juzgado de sentencia penal dio curso a la petición del abogado Jhasmani Torrico condenado a seis años de prisión por secuestro y torturas, para iniciar procesos penales a periodisas por difamación, calumnia e injuria, al haber informado e dado seguimiento al caso que involucró al abogado en un escándalo público. 

La Misión, a través de su cuenta de twitter, recuerda que de conformidad con el derecho internacional de los derechos humanos, toda presión directa o indirecta dirigida a silenciar o amedrentar la labor informativa de la prensa resulta incompatible con el derecho a la libertad de expresión.

La Defensoría del Pueblo se pronunció también en similar sentido que la Misión de la ONU, advirtiendo que este tipo de actos constituyen medios de amedrentamiento para este sector fundamental de la sociedad boliviana y un medio indirecto de limitación a la libertad de expresión.

Recordó que todas las peticiones, a consecuencia de la labor periodística, deben enmarcarse a estándares internacionales, a la Constitución Política del Estado referentes a la comunicación social e información.

La Defensoría exhortó a los jueces en material penal a realizar un análisis de las normas que protegen a los trabajadores de la prensa y al trabajo de los medios de comunicación antes de emitir conminatorias sobre otorgación de información.

El Ministerio de Justicia también aseguró que se encuentra vigente la Ley de Imprenta de 1925 y que la libertad de prensa y de expresión está protegida por la Constitución.