AGENCIA DE NOTICIAS AMBIENTALES

La Asociación Interamericana para la Defensa de la Amazonía (AIDA) a través de la coordinadora del programa Ecosistemas, Yenny Rodríguez afirmó que le preocupa a esta institución las inversiones chinas en Bolivia, involucradas en la extracción de recursos naturales no renovables, porque luego pretenderán tener el control sobre toda la cadena de suministros.

“Hemos intentado mapear la presencia China porque lo que más nos preocupa en el caso boliviano son las inversiones chinas, porque es un actor que busca tener el control no solo sobre la extracción del mineral, sino también sobre toda la cadena de suministro, de la refinación, del procesamiento, del producto final, de todas las tecnologías limpias”, afirmó la investigadora.

La también coordinadora de la Red por la Justicia Ambiental en Colombia, quien participó como expositora y comentarista en la presentación de los documentales cortos y experiencias desde Bolivia, Chile y Argentina, organizado por el Centro de Documentación e Información Bolivia (CEDIB), Empodérate y la Alianza por los Humedales Altoandinos conversó con ANA sobre las implicaciones de la presencia china en la extracción del litio y otros minerales estratégicos en el país.

“China suele buscar no solo el control sobre la extracción, sino sobre toda la cadena de suministro, de la refinación, del procesamiento, del producto final, de todas las tecnologías limpias, y cuando eso pasa el país pierde demasiada autonomía en el manejo de esos recursos y tiene una dificultad mayor para subir en esa escala en esa cadena y lograr una autonomía”, afirmó.

“Un mal historial en vulneración de DDHH”   

Rodríguez explicó que el actor chino es difícil por su “mal historial” en la vulneración de Derechos Humanos en sus operaciones. “Algo que hemos sabido es que es difícil perseguir las inversiones chinas, es bastante difícil no solo por el tema del idioma que dificulta mucho, sino también por otros factores”, afirmó.

La investigadora dijo que al momento de hacer el mapeo de las inversiones chinas, de determinar qué actores están detrás de un proyecto chino, lo que se encuentra son capitales chinos controlando toda la cadena de suministro.

“Es difícil identificar actores, empresas o inversionistas que tengan una mayor receptibilidad, a quienes puedas decirles: esta inversión está violando Derechos Humanos en el territorio boliviano”, explicó.

En ese contexto afirmó que dentro todos los actores de la cadena de inversionistas; es decir, entre los que operan, los que refinan, los que comercializan, será muy difícil a la hora de querer frenar una inversión china, poder hacer una estrategia de perseguir los dineros, conocido como “chase the money” para frenar la inversiones.

“Si bien la Unión Europea, China están haciendo esta competencia para mostrarse como el mejor actor en términos de quién garantizar los Derechos Humanos, el actor chino es un actor que debería preocupar mucho a Bolivia, no solo para la economía, sino también a los territorios que le van hacer frente a esos proyectos de extracción del litio”, sostuvo.

En el caso boliviano, la presencia china no solo ha sido de Estado a Estado, sino también a través de la presencia de empresas mixtas e incluso sociedades ilegales con cooperativas mineras auríferas locales, tras las cuales operan capitales chinos con dragas denominadas “dragones”.

“China es un actor difícil; es una variable que se repite con las empresas extranjeras, pero Glencor, una empresa europea ha violado también los Derechos Humanos en toda América Latina, entonces es un papel que se repite”, dijo.

Preocupa la falta de acceso a la información

La presencia China ha llegado con fuerza a Bolivia a partir del Gobierno de Evo Morales, incluso el exministro de Obras Públicas, Milton Claros, cuando se le preguntaba por la vulneración de derechos laborales de nacionales, minimizaba los casos bajo el argumento de que se trataba de diferencias culturales.

Recientemente el consorcio Hong Kong CBC firmó un contrato con Yacimientos de Litio Bolivianos (YLB) para la extracción directa del litio del Salar de Uyuni, que de acuerdo a las versiones de las comunidades campesinas y originarias de la zona, no han sido consultadas ni informadas adecuadamente sobre los impactos de las operaciones, sobre todo en sus fuentes de agua.

“Un tema que me preocupa de Bolivia es el acceso a la información; cómo la gente no tiene un verdadero acceso a la información como para participar de manera efectiva en la toma de decisiones ambientales, eso es algo que hemos identificado a diferencia de Chile o Argentina, es difícil en estos países pero no tanto como en Bolivia”, subrayó.

De acuerdo a los recursos estimados, no reservas certificadas, Bolivia contaría con el 24% del total mundial de litio, sin embargo hasta la fecha no figura en el mapa de principales proveedores.

En análisis de la investigadora, Bolivia presenta un estándar de violaciones de Derechos mucho más amplio que sus vecinos, y por eso el desconocimiento de las comunidades de lo que pasa en sus territorios, pues la información llega recién cuando el proyecto ya está en implementación, como pasó con los últimos contratos firmados por el Estado boliviano para la industrialización del litio.

“Creo que es necesario fortalecer las capacidades de la sociedad civil para acceder a la información, para exigir verdaderos mecanismos de participación que puedan prevenir lo que venga durante la implementación de proyectos”, manifestó.

Señaló que el foco debería estar ahí, de cómo garantizar mayor participación ambiental efectiva, que no se reduzcan a solo espacios de socialización, que es lo que hacen las empresas que llegan arrasando sin consulta previa, sin consentimiento, sin acceder a información de manera previa para que la gente pueda participar.