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Nuevos dirigentes indígenas de la Amazonía de La Paz reafirman su lucha por la vida y el medio ambiente ante el juzgado de Rurrenabaque

Los dirigentes de CPILAP muestran el memorial que fue recepcionado por el Juzgado de Rurrenabaque. Foto: Red de Comunicadores Indígenas

El nuevo presidente de la Central de Pueblos Indígenas de La Paz (CPILAP), Noe Macuapa y el vicepresidente Guido Alfaro presentaron, a través de un memorial, al Juez Mixto de Rurrenabaque, su apersonamiento como los actuales accionantes de la Acción Popular frente la minería ilegal de oro que mediante Resolución Nº 05/2023 obtuvieron la tutela correspondiente en contra de los ministros de Medio Ambiente y Agua, de Minería y Metalurgia, de Salud y Deportes y de la Autoridad Jurisdiccional Administrativa Minera (AJAM).

Ambos dirigentes estuvieron acompañados por la presidenta del Consejo Regional Tsimané y Mosetenes (CRTM), Magaly Tipiniy el presidente del Consejo Indígena del Pueblo Tacana (CIPTA), Jorge Canamari, conjuntamente con la directiva renovada y otros representantes de los pueblos indígenas que habitan el norte amazónico de La Paz. El documento legal  incluye una solicitud de respuesta a los anteriores recursos presentados, en los que se denuncia el incumplimiento de la Resolución Judicial por parte de los accionados.

El memorial presentado al Juzgado de Rurrenabaque puntualiza que “a casi dos años de la extensión de la Resolución precitada, las partes no han cumplido a cabalidad ninguno de los puntos dispuestos por su autoridad, siendo especialmente preocupante el incumplimiento del inciso “e” de la Resolución, con relación a la garantía de la participación de la CPILAP en los procesos de elaboración del Plan Nacional para la Reducción y Control del uso del Mercurio”.

Macuapa explicó que en el memorial se denuncia que la CPILAP no participó en la elaboración del Plan de Acción Nacional para la Reducción y Control del uso del Mercurio, que supuestamente, fue presentado el 26 de junio de 2025 en la ciudad de La Paz y que habría sido elaborado por los ministerios de Medio Ambiente y Agua, de Minería y Metalurgia y de Salud y Deportes con el apoyo técnico de la Fundación MEDMIN y el apoyo financiero del Proyecto Planet Gold y de la Organización de Naciones Unidas para el Desarrollo Industrial (ONUDI), además del sector minero aurífero, “lo que demuestra el incumplimiento de las disposiciones legales y la falta de compromiso estatal en la conservación de nuestros medios de vida”.

El nuevo directorio fue elegido en una Asamblea Departamental el 26 de marzo de 2025, en el marco de sus procedimientos que legitiman a las 12 organizaciones territoriales representativas de las 7 naciones y pueblos indígenas de la Amazonía que conforman la CPILAP.

“Lamentablemente no existe ni conciencia ni responsabilidad por parte de las autoridades del gobierno, si ellos se pusieran en el lugar de los pueblos indígenas con el respeto a la vida y la naturaleza de nuestra Casa Grande, puede darse un cambio total”, remarcó el dirigente.

Informó que a tres meses de la nueva gestión del directorio, los indígenas se encuentran más unidos que nunca por la defensa de la vida y el medio ambiente, y que cumplen con su Plan de Vida (herramienta de planificación comunitaria que fortalece la autonomía, el gobierno territorial y el ejercicio de sus derechos) en cada uno de los pueblos, sin embargo, la minería aurífera ilegal se incrementó y está afectando a los miles de habitantes y a los ecosistemas de la región amazónica.

Respecto de las propuestas de los candidatos políticos para las Elecciones Generales 2025, Macuapa enfatizó que, ningún partido político se ha manifestado en defensa de los derechos de los pueblos indígenas, ni por el medio ambiente ni la Madre Tierra, y que sólo responden a intereses personales o sectoriales, por lo que “los pueblos indígenas siguen sufriendo por la contaminación, la afectación a su salud y medios de vida y, por otro lado, por el alza de precios de la canasta familiar”.

Hace más de una década la proliferación de cooperativas mineras auríferas y el aumento de la importación de mercurio, además del precio del oro, han provocado una elevación de la contaminación ambiental en la región del Amazonas. El vertido de mercurio en las cabeceras de las cuencas de los ríos, principalmente, Beni, Madre de Dios y sus afluentes, provocó que los indígenas que habitan lejos de la actividad minera, tengan un porcentaje elevado del metal pesado en su organismo, poniendo en riesgo su salud.

Resolución judicial incumplida

La Resolución Judicial de la Acción Popular Nº 05/2023 Nº 05/2023 emitida en el Juzgado Mixto de Rurrenabaque el nueve de septiembre de 2023, no fue cumplida, pese que estableció la paralización de todas las operaciones mineras ilegales y de todas las actividades que no tengan licencia ambiental en la totalidad del área de las cuencas de los ríos Beni y Madre de Dios y sus afluentes los ríos Tuichi, Quiquibey, Alto Beni,Kaka y Tequeje.

Asimismo, conminó a la Autoridad Jurisdiccional Administrativa Minera (AJAM), desarrolle verdaderos procesos de consulta previa como se ha expresado en esta resolución y que suspenda la otorgación de nuevos derechos mineros en las cuencas o riberas del Río Beni y Madre de Dios, así como también en los ríos Tuichi, Quiquibey, Kaka, Alto Beni y Tequeje, hasta en tanto se realicen controles eficaces sobre los pasivos ambientales mineros y se ejecuten programas para rehabilitar las aguas.

Sentenció que se garantice la participación de la Central de Pueblos Indígenas de La Paz, en el proceso de elaboración del Plan de Acción Nacional para la Reducción y Control del uso del Mercurio.

Así también, ordenó al Ministerio de Medio Ambiente y Agua, se repita el estudio efectuado con cintas reactivas, sobre la calidad del agua de consumo en comunidades indígenas ribereñas de los ríos Beni y Madre de Dios, como también en los ríos de Cotacajes, Coopiy Santa Elena, la instancia estatal debía realizar una categorización de la contaminaciónambiental del agua de los ríos, de los lechos de los ríos y de los peces.

Finalmente, estableció que se remita antecedente la Fiscalía General del Estado, para que realicen las investigaciones pertinentes, tomando en cuenta que existenindicios de contaminación y afectación a la salud por el metilmercurio a las comunidades indígenas que aglutinan la Central de Pueblos Indígenas de La Paz.

(Con información de CPILAP)