A instancia de la Defensoría del Pueblo, la Sala Constitucional Segunda concedió tres medidas cautelares para resguardar a animales, pueblos indígenas desplazados y al pueblo indígena ayoreo, que se encuentra en situación de aislamiento voluntario y se desconoce el grado de afectación que sufrió a causa del fuego.

El profesional de Asuntos Constitucionales de la Defensoría del Pueblo, Adrián Zárate, explicó que dichas medidas cautelares obligan al Estado a garantizar la salud y alimentación para los pueblos indígenas que tuvieron que dejar sus comunidades y están desplazados, debido a los incendios.

La segunda medida cautelar tiene que ver con los animales rescatados y establece que el Ministerio de Medio Ambiente y Agua, Salud y las gobernaciones accionadas de Santa Cruz, Beni y Pando deben prestar salud y alimentación.

La tercera medida cautelar, se refiere al pueblo indígena Ayoreo, que se encuentra en situación de aislamiento voluntario y se desconoce con certeza el grado de afectación que sufrieron por los incendios.

La Sala Constitucional Segunda dispuso que la Dirección General de Protección a Naciones y Pueblos Indígena Originarios (Digepio), en coordinación con el Ministerio de Medio Ambiente y las gobernaciones accionadas que deben tomar contacto con la Central Ayorea Nativa del Oriente Boliviano (Canob) para que evalúen la situación del pueblo Ayoreo y asuman medidas para que la integralidad de los indígenas ayoreos no sea vulnerada.

La audiencia se reprogramó para el 1 de octubre porque seis municipios accionados no fueron notificados oportunamente: San José de Chiquitos, San Antonio de Lomerío, San Ramón, Puerto Suárez, Puerto Quijarro y San Ignacio de Velasco; además, el Ministerio de Medio Ambiente y Aguas solicitó que el Instituto Nacional de Reforma Agraria (INRA), la Asamblea Legislativa Plurinacional y el Viceministerio de Defensa Civil sean considerados como terceros interesados.

La cuarta medida cautelar solicitada por la Defensoría del Pueblo pedía que el Consejo Nacional de Reducción de Riesgos y Atención de Desastres (Conarade) se reúna para que evalúe la declaración de desastre nacional, pero este pedido no prosperó ante la justicia.