Iván Ramos - Periodismo que Cuenta

Las víctimas de violencia sexual ejercida por sacerdotes jesuitas exigieron una reparación integral del daño sufrido a lo largo de varias décadas, en el marco de la reciente condena a dos religiosos por encubrimiento.

Pedro Lima, vocero de la Comunidad Boliviana de Sobrevivientes de Abusos Sexuales Eclesiásticos, señaló que la reparación debe seguir parámetros internacionales de derechos humanos y no limitarse a compensaciones económicas. “Durante años no se ha podido llegar a la justicia. Muchas víctimas han sido estigmatizadas, acusadas de mentir, revictimizadas. El resarcimiento no solo se trata de dinero, se trata de la dignidad de las personas”, afirmó en declaraciones a el Periodismo que Cuenta.

El pedido se produce tras la sentencia emitida por el Juzgado Cuarto de Sentencia Penal Anticorrupción y Contra la Violencia a la Mujer de Cochabamba, que condenó a un año de prisión a los sacerdotes jesuitas Ramón Alaix y Marcos Recolons por encubrir los abusos cometidos por el sacerdote español Alfonso Pedrajas, ya fallecido.

Lima recordó que los sobrevivientes han afrontado elevados gastos legales durante el proceso judicial, que se prolongó por dos años con múltiples postergaciones. “Los costos de traslados, hospedajes, abogados e investigaciones no han sido mínimos. Ha sido un camino largo y tedioso”, explicó.

De acuerdo con el vocero, las medidas de reparación deben contemplar seis dimensiones:
1.    Reconocimiento y verdad: un acto público de reconocimiento del daño por parte de la Iglesia y del Estado, y acceso pleno a la verdad sobre los hechos y encubrimientos.
2.    Justicia: procesos judiciales imparciales, sanciones penales y canónicas, y garantías de debido proceso.
3.    Reparación integral: indemnizaciones proporcionales, apoyo psicológico sostenido, actos de memoria y, si la víctima lo desea, reparación espiritual.
4.    Atención inmediata y especializada: servicios gratuitos de salud física y mental con enfoque diferencial.
5.    Garantías de no repetición: expulsión de agresores de cualquier función pastoral, reformas estructurales en la Iglesia y protocolos de prevención.
6.    Participación de las víctimas: inclusión de los sobrevivientes en el diseño de políticas y respeto a su autonomía en la forma de reparación.

“Exigimos que se reconozca públicamente el daño provocado por sacerdotes como Alfonso Pedrajas y Luis Roma, y que se garantice que esto no vuelva a repetirse”, insistió Lima, subrayando que la reparación debe ser íntegra, digna y transformadora, en línea con los principios de Naciones Unidas y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.