FRONTERA VULNERABLE
Título: 

Medicamentos de contrabando, opera toda una estructura de venta y transporte hacia Bolivia

Medicamentos de contrabando comercializados en Desaguadero, Perú. Foto: ERBOL

Toda una estructura comercial de medicamentos opera en Desaguadero, a un poco más de 100 kilómetros de la ciudad de La Paz. Son ilegales y poco o nada se conoce de su procedencia, hay un silencio cómplice, pero sí se puede acceder a datos y contactos de personas que pueden trasladar la ilícita mercadería a cualquier destino de Bolivia, incluso con la garantía de entrega.

Esta región peruana se encuentra frente a su homónima boliviana, a penas separada por un menguado río. El negocio mueve la economía de esta región fronteriza, donde puede encontrarse una variedad de productos a simple vista en puestos callejeros de venta o tiendas instaladas en casas o edificios comerciales.

Los medicamentos no son la excepción. A cuatro cuadras cruzando la frontera puede apreciarse una oferta variada en tiendas que están una al lado de otra, parece ser un área, en medio de este inmenso mercado persa, dedicado al comercio por mayor de estos productos que en muchos casos solo se venden con recetas médicas.

Hay una variedad de medicamentos de origen peruano, pero los que más destacan por la cantidad apilada en estantes son el Alikal (analgésico), Tapsin (antigripal), Placenta Biobell (tratamiento para el cabello), Bahía (protector solar).

Cajas amontonadas dentro de la tienda, y otras fuera, sobre unas mesas, son algunas de las características de oferta para llamar la atención de los potenciales clientes, en su mayoría bolivianos.

Andrés, nombre ficticio, es uno de los comerciantes de medicamentos. Estuvo reacio en el inicio de la conversación, pero a medida de la charla se fue soltando y tomando confianza, más cuando se le planteó la posibilidad de compra de una importante cantidad de fármacos para llevarla a Bolivia, aunque evitó hablar de la procedencia de la mercadería.

— ¿Cómo hago para llevar grandes cantidades?

— Yo sé enviar hasta La Paz, tengo unos caseros a los que envío en camión, no es flota; en camiones de carga de acá (Desaguadero) hasta La Paz es por Bs 150. Es una caja grande. De La Paz a Santa Cruz no le sabría decir, mi esposa es la que envía.

Para el viceministro de Lucha Contra el Contrabando, Daniel Vargas, “el tema de poder identificar cómo ingresan los medicamentos es algo muy complicado, toda vez que no ingresan de una manera visible, sino en pequeños bolsones, incluso en compartimientos ocultos que tiene el sector transporte”.

Es toda una estructura comercial-familiar que opera desde el lado peruano. Entregan tarjetas de presentación con números de celular para cotizar y coordinar la compra de fármacos.

En un contacto telefónico con la pareja de Andrés, la mujer confirmó los envíos a Bolivia. “Cuando es envío, no hay problema con el control, el transporte se encarga, solo por caja hay que pagar. Yo te envío de acá hasta Santa Cruz normal”, explicó vía telefónica, una vez se le detalló la conversación con su esposo.

Según la mujer, los camiones con mercadería parten desde Perú los miércoles y los sábados, días de feria e intenso comercio, hasta La Paz, llegan en un máximo de dos días porque deben transitar por caminos alternos a los troncales. Ofreció también encargarse de las gestiones con los conductores para que el lote de medicamentos llegue a destino.

“Tranquilo llega (las cajas), ¿pagarán? o no sé cómo llevan, pero siempre van con carga. Garantizado es el envío”, aseguró, sin embargo.

En otro puesto de venta, María (nombre ficticio) explicó que cuando sus “caseros” llevan en cantidades mayores vacían las cajas y los productos los ponen en bolsas negras, para luego colocarlas en cajas mucho más grandes junto a otros productos, mientras que los empaques se los desarma y se los traslada de forma separada.

“Desarmadito les mandamos y pequeñito ya se hace, ocultadito lo llevan”, detalló mientras termina de empaquetar, junto a otra persona, una gran cantidad de pastillas que le llegaron hace poco para su comercialización.

El contrabando de estos productos mueve al menos $us 20 millones al año, de acuerdo con estimaciones de la Cámara de la Industria Farmacéutica Boliviana (Cifabol). Esta ilícita actividad afecta a la industria en la parte económica y pone en riesgo la población en su salud, porque no se conoce su procedencia ni composición.

Otra comerciante reconoció que hay ocasiones en que las personas que llevan se hacen “pescar” en los operativos de las Fuerzas Armadas y de la Aduana, aunque, como el resto, aseguró que son las excepciones.

Lo más demandado es el bioelectro, ibuprofeno, cetirizina, bacterol forte, incluso hay productos que se ofrecen por temporadas, por ejemplo, en invierno, los antigripales. La venta se lo hace a pocos metros de una estación policial o comisaría instalada en Desaguadero, Perú.

Por el río Desaguadero, frontera natural entre Bolivia y Perú, son trasladados diferentes productos y artículos en pequeños barcos de madera hasta la orilla del lado boliviano, desde donde en moto cargas van a su destino sin ningún tipo de control; solo un funcionario de la Alcaldía (peruana) observa, solo eso.

Ya en el lado boliviano, algunos policías coinciden en afirmar que poco pueden hacer en la lucha contra el contrabando, por la magnitud de la ilícita actividad y de la gente involucrada, casi todo el pueblo.

El destino final de los medicamentos de contrabando son mercados populares y el área rural. En La Paz, por ejemplo, están en La Tablada; la calle Tiwanaku, en El Alto; o La Ramada, en Santa Cruz.

Los militares y personal de la Aduana están encargados de los operativos para combatir esta ilícita actividad, que conlleva riesgos, incluso para su integridad física. Los contrabandistas andan armados y en muchas ocasiones son apoyados por comunarios que se enfrentan con militares para evitar o rescatar mercadería incautada.

La resistencia a los controles y la falta de compromiso de los habitantes hace que la frontera con Desaguadero se convierta en una de las fronteras “sensibles”, según Vargas, quien consideró que en la lucha contra este ilícito es necesaria la responsabilidad compartida.

“La hermana República del Perú también tiene que poner sus controles y medidas, puesto que hay una cooperativa de chalaneros (balseros) que son dependientes del lado de Perú y ellos también tienen que tener una autoridad que las controle”, propuso.

Según el viceministro Vargas, la situación política que atraviesa Perú, con la destitución de Pedro Castillo y el gobierno de Dina Boluarte, dificulta coordinar el trabajo, y asumir acciones “más agresivas” en la lucha contra este ilícito que ocasiona un perjuicio a la industria nacional.

En un estudio de investigación de 2017, la Organización Mundial de la Salud (OMS), estimó que uno de cada diez productos médicos que se encuentran en circulación en los países de ingresos bajos y medianos es subestándar o está falsificado.

Es decir, que quienes toman medicamentos no aptos para tratar o prevenir la enfermedad, no solo supone una pérdida de dinero para las personas y los sistemas de salud que los adquieren, sino que, además, pueden provocar enfermedades graves o incluso hasta la muerte.

Espasmos, dolores abdominales, episodios diarreicos, crónicos y agudos, alteraciones del sistema nervioso y reacciones adversas a ciertos tóxicos que pueden producir daños en el organismo de una persona, son los efectos secundarios que pueden provocar la ingesta de estos productos, según un estudio de la Universidad Mayor de San Andrés (UMSA).

El director Médico del Hospital Arco Iris, Luis Bedregal, ve esta situación como un flagelo y que los medicamentos que se comercialicen fuera de los lugares autorizados como las farmacias legales son 100% dañinos para la salud.

“Si van a vender de forma informal (los medicamentos) por gente empírica, entonces, imagínese los riesgos que puedan exponerse, entonces, no es recomendable (su consumo)”, sostiene.

Con el negocio todavía vigente, el frenar el negocio de la estructura que comercializa medicamentos de contrabando es un desafío para las autoridades para evitar que se siga dañando a la industria farmacéutica y a la salud de la población.

Por: Ángel Efraín Guarachi