En el departamento de Santa Cruz, comunidades indígenas de Picaflor, Florida, Porvenir y Piso Firme emitieron un pronunciamiento para denunciar el tráfico de tierras y avasallamiento en el Área Protegida Municipal Bajo Paraguá en San Ignacio de Velasco, por lo cual exigen a las autoridades que hagan cumplir la norma.

“Somos víctimas de grupos organizados traficantes de tierra que promueven el avasallamiento de nuestras áreas protegidas municipales y de nuestros territorios y el saqueo de nuestros recursos naturales y que se siguen promoviendo asentamientos humanos ilegales y por ende expansión de la frontera agrícola, que ponen en riesgo la existencia de nuestras culturas, territorios y supervivencia como pueblos indígenas”, dice el pronunciamiento.

Los indígenas advirtieron que existe una situación de vulnerabilidad por los avasallamientos, asentamientos humanos ilegales, y la expansión de frontera agrícola que está ocurriendo dentro de su territorio y del área protegida.

“Estos hechos ilegales ponen en riesgo la integridad del territorio, y con ello se atenta a los derechos de vivienda, trabajo, cultura, dignidad, salud, educación y la existencia misma de los pueblos indígenas, todos ellos enunciados en la Constitución Política del Estado”, alertaron.

Consideraron que chaqueos y desmontes que están sucediendo son atentados contra la Madre Tierra. Además, observaron que con preocupación e indignación la inacción de las autoridades competentes como la ABT y el INRA, además de la pasividad de autoridades municipales, Departamentales y nacionales.

En ese marco, exigieron al Gobierno Nacional y a las instituciones competentes del Estado como el INRA y ABT, hacer cumplir las Leyes en el marco del respeto a los derechos de los pueblos indígenas, particularmente de los derechos territoriales, de consulta previa y de libre determinación reconocidos en la Constitución Política del Estado Plurinacional y en convenios y tratados internacionales.