En entrevista con El Ánfora de ERBOL, el candidato Samuel Doria Medina explicó su plan de gobierno, que abarca diferentes ámbitos, desde el económico con un enfoque de estabilización, hasta reformas en sectores claves como la minería y la lucha contra la corrupción desde el ejemplo y la sanción.

Detalló que su plan de estabilización económica tiene que ver con enfrentar el déficit fiscal y constituir un fondo de estabilización de 5 mil millones de dólares, con los cuales se tendrá recursos durante seis meses para importar combustibles, imprescindibles y la deuda.

Estimó que el primer semestre del año 2026 se tendrá este fondo de estabilización para garantizar la estabilidad de las importaciones y que, a partir del segundo semestre, se verá el incremento en las exportaciones, previa su liberación.

Enfatizó que su plan de 100 días tiene el objetivo de que, en ese plazo, “vuelvan los dólares y para que haya gasolina y diésel para todos”. Señaló que este plazo será para detener la hemorragia, pero se requiere más tiempo para recuperar el crecimiento.

“El domingo 15 de febrero (2026), que se acaba el plazo de los 100 días, va a haber dólares y va a haber gasolina y diésel, para que todos puedan cargar”, dijo.

Doria Medina estimó que el 18 de febrero ya se podría empezar a devolver depósitos de menos de 5 mil dólares, aunque se tomarían medidas para incentivar que la gente mantenga ese dinero en los bancos.

Reconoció que el litio y el gas no serán soluciones a corto plazo, pero eso también constituye la oportunidad de diversificar la economía impulsando sectores como el agropecuario, turismo, minería y otros.

Samuel indicó que su intención es que el emprendurismo sea la “locomotora de la economía”. Para ello tiene la idea de  fortalecer la capacitación y el capital semilla, además de –por ejemplo- convertir a Emapa en una entidad que comercialice esos productos.

Manifestó su intención de cerrar las empresas públicas de reciente creación y que arrojan pérdidas, aunque mantendrán a las que son consideradas estratégicas.

Respecto a levantar la subvención de carburantes, el candidato destacó la necesidad de compensar a los sectores de bajos ingresos. Para esto planteó destinar unos 500 millones de dólares, de los 2.500 millones que actualmente cuesta la subvención, con miras a la compensación.

En el tema medioambiental, Doria Medina dijo ratificó que se va a endurecer las penas para que sea un delito penal el quemar los bosques, pero también enfatizó la prevención con actividades como la reforestación.

Sin embargo, también hizo hincapié en que debe existir un equilibrio con el apoyo a la producción, puesto que el sector agropecuario cruceño durante 20 años ha sido postergado por diversos motivos, con medidas como la no autorización de semillas mejoradas y la prohibición de las exportaciones.

Aclaró que “el Tipnis no se toca”, sino es posible realizar una carretera de Cochabamba a Beni por otro tramo, aunque esto implique más tiempo y costo.

Sobre la minería, Samuel reconoció que la actividad de las cooperativas auríferas “no es sostenible ni socialmente ni ambientalmente”. Por lo cual, indicó que su planteamiento es convertirlas en Pymes, en pequeñas y medianas empresas, para que se vuelvan sostenibles.

Destacó también que los mineros quisieran explorar y conocer otros métodos alternativos al mercurio.

Si bien habló de cambiar la ley minera, aclaró que esto será para el sector mediano, grande y la inversión extranjera, pero para el sector cooperativo informal el cambio es mucho más estructural.

Respecto a la corrupción, dijo que implementará “la ley del ejemplo”, pues no llevará a ningún pariente a trabajar al Estado, aunque también sancionará con cárcel al que cometa actos ilícitos en la administración pública.

“Los que vayan al Estado y metan la mano en la lata, yo los voy a mandar directo a Chonchocoro. Seguramente habrá uno, habrá dos, pero cuando vean que es en serio difícilmente va a haber un tercero”, dijo Samuel.

“Hay que comenzar dando el ejemplo: no utilizar el tema de la corrupción contra los adversarios, sino con los propios”, enfatizó.

En cuanto a los hechos de pequeña corrupción, como en situaciones policiales, planteó reducir el contacto de funcionarios con ciudadanos, apelando al uso de la tecnología.

En tema de las jubilaciones, consideró un “serio problema” tener un monopolio estatal con la Gestora y planteó que se permita una competencia en la administración de las pensiones, en procura de mejorar los rendimientos.

Resaltó la necesidad de mejorar las jubilaciones, puesto que personas de avanzada edad evitarían retirarse de su fuente laboral por las rentas bajas. Planteó discutir posibilidades como fijar en 70 años la edad máxima de jubilación.