El Juez 10° de Instrucción Penal Cautelar de La Paz determinó este jueves dictaminar 30 años de privación de libertad en el penal de Chonchocoro, sin derecho a indulto, para Miguel C.M.V., declarado culpable del doble infanticidio de sus hijos.
La sentencia se dio en un procedimiento abreviado, es decir que el sujeto admitió su culpa para obtener una condena pronta.
Durante el inicio de los actos cívicos en conmemoración a la efeméride departamental, alcalde de Santa Cruz de la Sierra, Jhonny Fernández, afirmó este jueves que la población quiere que se realice el Censo Nacional de Población y Vivienda, sin embargo, instó a los actores políticos a trabajar y dejar los discursos relacionados a generar conflicto.
El ministro de Gobierno, Eduardo Del Castillo, informó este jueves que se ha logrado aprehender a una mujer de avanzada edad que estaría implicada en el caso del secuestro de bebé Alex en la ciudad de La Paz.
Posteriormente, el fiscal departamental William Alave indicó que se ha determinado la detención preventiva de la mujer en el penal de Obrajes, por el plazo de seis meses mientras se realiza la investigación.
La Asamblea Legislativa Plurinacional fracasó nuevamente en elegir al nuevo Defensor del Pueblo. En la votación de este jueves no se logró los dos tercios necesarios para seleccionar alguno de los postulantes.
Si bien se había hecho un cuarto intermedio en media sesión para buscar el acuerdo con jefes de bancada, los parlamentarios no lograron que se elija a una autoridad titular de la Defensoría.
Después de la inasistencia a la convocatoria de este jueves, el Gobierno pidió al presidente de la Asociación Departamental de Productores de Coca de La Paz (Adepcoca), Freddy Machicado, declarar un cuarto intermedio en las movilizaciones y anunció volver a citarlo a un diálogo para atender el conflicto cocalero.
El llamado al nuevo encuentro se dio luego que en días pasados se haya ratificado la marcha de productores y socios cocaleros desde Yungas desde este 4 de septiembre para llegar a la sede de gobierno en demanda del cierre del mercado paralelo de Villa El Carmen.
Lucas M.J., el único aprehendido por el atraco a mano armada en la zona Mercedario de El Alto, fue enviado a la cárcel de Chonchocoro con detención preventiva, mientras se realiza la investigación del caso.
El fiscal Félix Pacoricona reveló también que Lucas, en su certificado de antecedentes, ya registra dos sentencias y dos procedimientos abreviados, por lo cual ahora se indagará las circunstancias de su liberación.
El plazo de la detención preventiva es de seis meses, mientras se realiza la investigación.
En ocho meses de este año un total de 62 feminicidios y 28 infanticidios fueron registrados por la Fiscalía General en todo el país. La mayor cantidad, de ambos delitos, se encuentra en el departamento de La Paz.
De los hechos de feminicidio, en La Paz se registraron 22 víctimas, seguido de Santa Cruz con 17, Cochabamba 9, Tarija 5, Potosí 4, Beni 2, Chuquisaca 2, Oruro 1, mientras que en Pando no se presentaron.
El Secretario General de la Fiscalía General del Estado, Edwin Quispe, informó hoy que en pasadas horas se destituyó al Fiscal de Material que fue denunciado por presuntas irregularidades en el ejercicio de sus funciones en Montero y Roboré. Asimismo, advirtió con duras sanciones contra cualquier servidor público de la institución que sea denunciado o sorprendido cometiendo actos de corrupción u otras faltas a la normativa legal vigente.
El diputado del MAS, Héctor Arce, denunció ante la Fiscalía que funcionarios de la Administradora Boliviana de Carreteras (ABC) pactaron una coima de 18 millones de bolivianos de la empresa china Harbour a cambio de adjudicarle la construcción de la Doble Vía Sucre-Yamparáez, que es un proyecto de 456 millones.
Consideró que la ABC “está podrida” y “está siendo dirigida por una organización criminal delincuencial”, por lo cual pidió al primer mandatario Luis Arce que destituya al presidente de la Administradora de Carreteras, Henry Nina.
El presidente de Asociación Departamental de Productores de Coca (Adepcoca), Freddy Machicado, tiene Covid-19 y una baja médica que le impide llevar adelante su labor dirigencial y presentarse al proceso judicial que le desarrolla en su contra, informó su abogado Gualberto Cusi.
Según el jurista, Machicado fue citado a declarar el 30 de agosto por un caso de porte de explosivos, sin embargo, se presentó documentación del Servicio Departamental de Salud para certificar que tiene el coronavirus y una baja de siete días.