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El dirigente del Trópico de Cochabamba, Leonardo Loza, aseguró que las elecciones se deben realizar en esa región “con o sin” la presencia de la Policía.

Así Loza respondió a las declaraciones del ministro de Gobierno, Arturo Murillo, quien advirtió que no se podrían realizar las elecciones en el Chapare, debido a que los sindicatos están impidiendo el regreso de las fuerzas policiales.

El dirigente criticó a Murillo y le acusó de hablar con “términos absolutamente antidemocráticos”, “irracionales” y “fuera del contexto”.

La presidenta Jeanine Añez emitió el Decreto Supremo 4107, mediante el cual anuló la exigencia de visas para que ciudadanos de Israel y Estados Unidos puedan ingresar a Bolivia.

Indicó que es una medida para alentar el turismo y las inversiones extranjeras.

En su discurso, Añez señaló que en el anterior gobierno la política exterior de Bolivia estuvo dominada por la ideología y se privilegió la política personal antes que la política de Estado.

El Instituto de Terapia e Investigación sobre las Secuelas de la Tortura y la Violencia Estatal (ITEI) reportó que ha identificado efectos psicológicos, en personas que sufrieron malos tratos al ser detenidas en el conflicto postelectoral.

“Las personas afectadas, entre los que hay varios jóvenes, presentan un cuadro de miedo intenso y persistente donde el susto ha sido tan grande que han quedado con dificultad para hablar, para contar lo que les ocurrió”, dice el reporte.

La Policía de la zona Sur de La Paz, logró la captura de cuatro sujetos, acusados de haber cometido el robo de una retroexcavadora y el asesinato de su operador, lo cual ocurrió hace dos meses.

El coronel Iván Rojas indicó que el caso corresponde al pasado 10 de octubre, cuando el operador de la retroexcavadora fue contratado por cuatro sujetos para presuntamente un trabajo en el camino a Achocalla.

La senadora Carmen Eva Gonzales pidió este miércoles a la presidenta Jeanine Añez evitar el despido de más de 200 jóvenes profesionales ingenieros, que fueron incorporados a Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB), mediante el programa “Semillero de Talentos”.

El ministro de Gobierno, Arturo Murillo, alertó que en el Chapare no se podrían realizar las elecciones, debido a la decisión de sindicatos de no permitir la presencia de policías que garanticen la seguridad del operativo electoral.

“Si los dirigentes de los sindicatos no facilitan y no tranquilizan a los más radicales, a los narcoterroristas que están incrustados en algunos sindicatos, esto va a generar un problema grave, no van a poder hacer elecciones en esos lugares, cómo podemos llevar elecciones sin presencia del Estado”, dijo Murillo este miércoles.

La festividad del Señor Jesús del Gran Poder fue declarada este miércoles como Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad, por parte de la UNESCO. 

La decisión se adoptó en la reunión Comité Intergubernamental para la Salvaguarda del Patrimonio Cultural Inmaterial, que se realizó en la ciudad de Bogotá en Colombia.

El próximo jueves 12 de diciembre, el Departamento de Cultura y Arte de la Universidad Católica Boliviana presentará el número 43 de la revista Ciencia y Cultura, dedicado a las vanguardias artísticas en Bolivia. Con motivo de la presentación de la revista, se reconocerá el trabajo y legado de Michela Pentimalli, directora del Espacio Simón I. Patiño, por su contribución a favor de las manifestaciones artísticas,publicaciones especializadas, formación pedagógica, investigación, recuperación y documentación de la cultura y arte en Bolivia.

El ingeniero Humberto Claure, exgerente interventor de EPSAS, fue enviado a la cárcel de San Pedro con detención preventiva, acusado por presuntamente permitir el uso de vehículos de la empresa para el traslado de vándalos que causaron destrozos en la zona Sur de La Paz, durante el conflicto postelectoral.

En su defensa, Claure señaló que las movilidades de la empresa trabajaron todos los días, pero aseguró que él no daba las instrucciones sobre a dónde deberían ir esos motorizados. 

Una comisión de docentes de la Facultad de Derecho de la Universidad Mayor de San Andrés (UMSA) advirtió, mediante un informe dictamen, que el proyecto de Ley de Garantías legaliza un sistema de impunidad, falta de tutela judicial efectiva y transgrede la división de funciones de los órganos del Estado.