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SUMANDO VOCES

Un proyecto de ley presentado en la Cámara de Diputados por más de 20 legisladores plantea declarar de prioridad nacional e interés estratégico del Estado la integración vial entre Cochabamba y Beni. Sin embargo, el documento no define el trazo de la carretera ni precisa si el recorrido contemplará alguna ruta por el Territorio Indígena y Parque Nacional Isiboro Sécure (TIPNIS), donde en el pasado fue cuestionada y prohibida la construcción de una carretera.

El expresidente Jorge Tuto Quiroga afirmó que el Gobierno sólo hizo público un “anexo” relacionado con el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI) y pidió que se divulgue la totalidad de los documentos y compromisos asumidos por Bolivia.

“Lean lo que ha salido, es un anexo. Por favor, hagan Google, revisen acuerdos de otros países. El acuerdo técnico firma el Banco Central, firma el ministro de Hacienda. Lo que han sacado dice anexo. ¿Dónde está el acuerdo? Muestren todo”, señaló Quiroga.

Los jefes de bancada departamentales de la Alianza Libre expresaron su rechazo a la entrevista del diputado Rafael López y le solicitaron que deje la Jefatura de Bancada, luego de que fuera difundida una aparición televisiva en la que, según la carta, se encontraba en “evidente estado inconveniente”.

“Por decencia y por moral tiene que renunciar al cargo de jefe de la bancada”, afirmó el diputado Rodrigo Antonio, quien señaló que la conducta de López afecta no solo a la alianza, sino también a la imagen institucional de la Cámara de Diputados.

El vicepresidente del Estado y presidente de la Asamblea Legislativa, Edmand Lara, advirtió que él no convocará a sesión para tratar una eventual reforma constitucional mientras haya vigente un estado de excepción, por considerar que normativamente no se puede modificar la Carta Magna en esas circunstancias.

Lara se pronunció cuando varios actores políticos, incluyendo el presidente, se han pronunciado a favor de llevar adelante una reforma parcial de la Constitución, con el objetivo de levantar los candados para la inversión externa y temas como justicia.

La exministra de Comunicación Roxana Lizárraga afirmó que está dispuesta a responder por sus actos en el marco de procesos iniciados durante el gobierno de Luis Arce y se desmarcó del caso Fernando Cerimedo, luego de que en redes sociales surgieran publicaciones que buscan vincularla con el investigado debido a que su exesposo, el abogado Ramiro Vega, asumió su defensa.

El gobernador de Cochabamba, Leonardo Loza, arremetió este viernes contra su excompañero sindical Andrónico Rodríguez, después de que éste desafió públicamente a Evo Morales.     

La polémica surge porque Andrónico negó las insinuaciones de Morales sobre presuntas concesiones mineras en favor de sus familiares. Retó a Evo a presentar pruebas y lo acusó de recurrir a la mentira y chismes en su contra.   

AGENCIA DE NOTICIAS AMBIENTALES

El Gobierno de Bolivia instruyó a 143 guardaparques del país poner sus cargos a disposición, una medida que los trabajadores y sus representantes denuncian como un despido masivo encubierto. Ante esta situación notificó al ministro de Desarrollo Sostenible, Medio Ambiente y Agua, Óscar Mario Justiniano y exhortó garantizar los derechos de quienes protegen las áreas protegidas. Desde el Legislativo también se anunciaron acciones.

La Organización de los Estados Americanos (OEA) y autoridades del Gobierno boliviano analizaron el despliegue de una Misión Política de Alto Nivel del organismo en Bolivia para las próximas semanas.

El objetivo de la Misión será facilitar el diálogo con distintos sectores, fortalecer la gobernabilidad democrática y contribuir a la preservación de la paz social, informó este jueves la Secretaría General de la OEA.

El Gobierno denunció que Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB) destinó más de 470 millones de bolivianos en los últimos cinco años para “búnkers digitales”, pero que no lograron implementar un sistema capaz de garantizar la trazabilidad del combustible ni evitar presuntas irregularidades en su asignación y despacho.

El informe fue proporcionado por el viceministro de Transparencia, Yamil García, en el marco de la intervención que el Gobierno realiza mediante una comisión en YPFB.

Tras conocerse el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI), que plantea reducción de gastos y subvención, el político y analista financiero Jaime Dunn sostuvo que cualquier proceso de ajuste debe comenzar por el Estado y no trasladar el costo a los ciudadanos.

Dunn advirtió que las familias bolivianas ya han soportado pérdidas de salario, ahorro y poder adquisitivo. “Los ciudadanos ya hicieron su parte; ahora le toca al Estado”, afirmó mediante redes sociales.