Sección

Una vez ha sido detenido el fiscal general Roger Mariaca, señalado por vínculos narco por parte de Estados Unidos, el vicepresidente Edmand Lara manifestó que “nadie está por encima de la ley”, pero pidió que las aprehensiones se hagan según las normas, bajo dirección del Ministerio Público y respetando el debido proceso.

Asimismo, mediante un comunicado, Lara señaló que “ningún agente policial extranjero, sea de la DEA o de cualquier otra institución, puede ejercer funciones de aprehensión dentro de nuestro territorio al margen de la legislación boliviana”.

Desde el Ministerio Público en Santa Cruz, el fiscal Luis Montaño anunció que asume como Fiscal General del Estado en suplencia y de manera temporal, debido a la ausencia del titular Roger Mariaca.

El anuncio se produjo la mañana de este jueves, después de que en la noche se produjo la captura de Mariaca y el fiscal departamental de Santa Cruz, Alberto Zeballos.

Montaño argumentó que le corresponde la suplencia en el cargo por ser el fiscal superior más antiguo en el Ministerio Público.

El narcotraficante uruguayo Sebastián Marset se refiere al fiscal general del Estado, Roger Mariaca, como su “amigo” en un supuesto video difundido este miércoles por el programa No Mentirás. Además, se difundió un audio en el que una voz atribuida a Marset habla sobre sus presuntos contactos con autoridades bolivianas y un pago millonario para permanecer en Bolivia.

En la grabación, ante la consulta sobre Mariaca, se escucha el siguiente diálogo:

Personal de la Fiscalía General del Estado denunció la noche del miércoles como “secuestro” la detención de su máxima autoridad Roger Mariaca. Esto ocurrió mientras la Policía intervino la sede del Ministerio Público en Sucre.

Los funcionarios de la Fiscalía acusaron a la Policía de haber allanado sin orden legal sus oficinas. Increparon a los efectivos que se encontraban en el lugar, argumentando que habían sido aprehendidos.

El fiscal general del Estado, Roger Mariaca, y el fiscal departamental de Santa Cruz, Alberto Zeballos, fueron aprehendidos la noche de este miércoles en el aeropuerto internacional de Viru Viru, en Santa Cruz, según reporte de medios locales. Las circunstancias del operativo aún no fueron esclarecidas oficialmente.

El presidente Rodrigo Paz lanzó este miércoles la convocatoria para la implementación del Hub de Viru Viru, tras firmar el decreto supremo que viabiliza el proyecto durante un acto realizado en Santa Cruz. La iniciativa busca convertir al aeropuerto en un centro internacional de pasajeros y carga.

IVÁN RAMOS - PERIODISMO QUE CUENTA

El Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) aprobó una reestructuración de los juzgados penales que permitirá crear despachos especializados exclusivamente en procesos de corrupción y delitos vinculados al crimen organizado. La medida tendrá especial aplicación inicial en Santa Cruz, donde se concentrará una parte importante de la reorganización.

El Tribunal Agroambiental ordenó al Gobierno y a otras instituciones presentar un plan integral de intervención en las zonas afectadas por la actividad minera, principalmente en los ríos Madidi, Madre de Dios y Tuichi. El documento debe ser presentado en un plazo de 10 días, desde la notificación, y puesto en marcha en los siguientes 15 días.

“Primero es que tienen que presentar el plan de intervención integral de estas zonas afectadas. Y segundo, en 15 días tiene que poner en marcha”, explicó a ERBOL la presidenta del Tribunal Agroambiental, Roxana Chávez Rodas.

El Gobierno, mediante el ministro de Hidrocarburos, Marcelo Blanco, descartó “por el momento” quitar la subvención a la gasolina. Esto en un contexto donde han surgido descontentos de sectores sociales por la eliminación del subsidio al diésel.  

“Quiero dar tranquilidad a la población: por el momento, la subvención a la gasolina se mantiene”, aseveró Blanco mediante redes sociales.

Explicó que la “prioridad es recuperar la continuidad del abastecimiento y avanzar progresivamente hacia una provisión normal de combustible”.

Jorge Quispe, Sumando Voces

El eco de los más de 50 días de bloqueos registrados entre mayo y junio todavía se siente en las calles y en los bolsillos de las familias bolivianas. La conflictividad dejó afectaciones a la salud, la movilidad, el abastecimiento y la actividad económica, además de 22 fallecimientos documentados por la Defensoría del Pueblo en ese contexto, 19 de ellos correspondientes a terceros afectados por los bloqueos.