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El Juzgado Séptimo de Instrucción en lo Penal estableció la legalidad en la aprehensión del presidente del Comité de Autodefensa de la Asociación Departamental de Productores de Coca de La Paz  (Adepcoca), César Apaza, y permitió además que sea valorado por un médico forense.

Según el abogado Dayner Quispe la autoridad jurisdiccional declaró el incidente presentado "infundado" debido a que tiene la atribución de poder ejecutar una orden de aprehensión “en cualquier horario”.

Una banda de atracadores internacional fue desarticulada en el departamento de Tarija. Se trata de una organización que  se encontraba integrada por el mayor Julio C. J., quien era comandante regional de la Policía en Bermejo, y el sargento primero Lindolfo C..

El grupo criminal se denominada “Los Botudos” y lo conformaban ciudadanos bolivianos y argentinos. Fue desarticulada tras un robo agravado a una casa de cambios donde se sustrajeron $us 50 mil el pasado 21 de septiembre, informó el ministro de Gobierno, Eduardo del Castillo.

La integrante del Comité Nacional de Defensa de la Democracia (Conade), Lizeth Beramendi, presentó denuncia ante la Fiscalía por presunto cohecho que se habría cometido en la Autoridad Jurisdiccional Administrativa Minera (AJAM) por haber recibido una dádiva de una cooperativa aurífera y luego otorgarle la reserva de cuadrículas mineras.

Un nuevo uniformado fue dado de baja. Se trata de teniente coronel de la Policía Mirko Guerrero Paredes quien fue vinculado a los hechos relacionados al motín, durante la crisis política y social de 2019, informó el ministro de Gobierno, Eduardo del Castillo.

La decisión se encuentra contemplada en una misiva enviada por el presidente del Tribunal Disciplinario Superior de la Policía Boliviana, coronel Marcelo Flores, al comandante de la Policía, general Orlando Ponce.          

Pedro Callisaya Aro juró este martes como nuevo Defensor del Pueblo. Reconoció que existen críticas a la forma en que fue designado, pero planteó que su desafío es recuperar la credibilidad de la entidad defensorial y que en la gestión demostrará cuál es su identidad.

Autoridades del Ministerio de Educación se encuentran ultimando detalles para la entrega del Bono Juancito Pinto 2022 para beneficiar a cerca de 3 millones, informó el titular de esa cartera de Estado, Edgar Pary.

Todavía no se tiene una fecha prevista para la entrega del beneficio, sin embargo, la autoridad adelantó que se realizará el próximo mes mediante el sistema financiero.

“Tenemos previsto todo lo que es la nómina (de estudiantes), el sistema para poder entregar al banco, toda esta previsión ya lo estamos realizando”, informó Pary.

Tras conocerse el informe de la CIDH sobre vulneraciones a los derechos humanos de implicados en el denominado caso “terrorismo”, la alianza Comunidad Ciudadana (CC) anunció que emprenderá un juicio de responsabilidades contra Evo Morales por asesinato y otros delitos, mientras que desde el MAS la posición es ampararse en la “soberanía” para evitar cumplir las recomendaciones del organismo.

Mediante sus redes sociales, el gobernador de Santa Crus, Luis Fernando Camacho, convocó a la ciudadanía a asistir al cabildo de este 30 de septiembre, mientras que el Gobierno vio como un “capricho político” su realización.

La cita es a los pies del Cristo Redentor a las 17.00 donde, según la autoridad cruceña, se realizaron concentraciones similares para defender “muchas luchas”, por ejemplo, hizo mención de la democracia, libertad y la autonomía.

La empresa Tigo recibió la Palmera Dorada de parte de los organizadores de Expocruz 2022, destacando en su stand la pasión de las múltiples disciplinas deportivas y los servicios digitales que promociona el único medio deportivo multipantalla (TV, App y Web) en el país. 

UNITAS

Entre enero y agosto de este año se registraron 112 vulneraciones al derecho a la protesta, según datos del Observatorio de Defensoras y Defensores de Derechos de UNITAS. Agosto fue el mes con más casos, un total de 56.

Según los datos del Observatorio, las 112 vulneraciones se desagregan en: 65 detenciones, 22 casos de heridos, nueve impedimentos a la protesta, seis casos de represión de una protesta, seis criminalizaciones o judicializaciones, dos actividades de inteligencia encubierta y dos incumplimientos al deber de protección.