Sección

Un grupo de legisladores de la opositora Creemos presentaron ante la Asamblea Legislativa Plurinacional una solicitud de Interpelación al ministro de Gobierno, Eduardo del Castillo, por el excesivo uso de la fuerza durante la represión a la movilizaciones en la capital cruceña de pasados días.  

Según el documento, presentado este miércoles, se pide que la autoridad de Estado explique el “desproporcional” uso de la fuerza policial en el ejercicio del derecho a la protesta por parte de la ciudadanía en Santa Cruz de la Sierra desde el 28 de diciembre de 2022.

El diputado de Comunidad Ciudadana (CC) por La Paz, Ingvar Ellefsen, reconoció que ha otorgado un contrato laboral de su empresa al exdirigente estudiantil Max Mendoza, puesto que fue su compañero de universidad y considera que todos tienen derecho al trabajo. Asegura que se trata de un tema humanitario. 

El contrato laboral fue presentado por Mendoza en su proceso judicial, como argumento para salir de la cárcel y lograr la detención domiciliaria con salida laboral.

El bloqueo de carreteras en el municipio fronterizo de Desaguadero y regiones cercanas fue reactivado en pasadas horas por organizaciones sociales del Perú. Desde la Cancillería de Bolivia se pidió a los transportistas y población tomar previsiones para no verse afectados.

Hubo un cuarto intermedio en la medida de presión desde el 21 de diciembre que concluyó este 3 de enero ante el pedido de la población para el reabastecimiento y permitir la circulación de vehículos.   

La Dirección de Migración dispuso la expulsión de Bolivia del diputado español Víctor Gonzales, quien en pasados días intentó visitar a Luis Fernando Camacho en la cárcel de Chonchocoro y que denunció vulneración de derechos humanos.

Mediante Twitter, el español informó que cuando y estaba en el avión fue notificado con la resolución de salida obligatoria del país. 

Mientras se encuentre dentro del país o recluido en el penal del Chonchocoro, Luis Fernando Camacho, continuará ejerciendo funciones como Gobernador de Santa Cruz, afirmó el asesor jurídico de la Gobernación, Efraín Suárez, quien dijo incluso que se instaló una “sucursal” en el recinto carcelario.  

El rector de la Universidad Autónoma Gabriel René Moreno (UAGRM), Vicente Cuellar, denunció como brutal la represión  de la Policía a las protestas en Santa Cruz, lo cual consideró que es una muestra de debilidad de parte del Gobierno nacional.

“Estamos ante un Gobierno débil que quiere hacerse al fuerte, porque quiere amedrentar a las personas que piensan de manera distinta y, cuando hablo de personas que piensan de manera distinta, estoy hablando de los opositores, pero también de los opositores internos que ellos tienen en este momento”, dijo Cuellar en conferencia de prensa.

La Central Obrera Boliviana (COB) se declaró en emergencia ante las protestas en Santa Cruz, porque considera que se constituyen en actos vandálicos, afectan a la economía y buscan impunidad por los hechos de 2019.

“Nos estamos declarando en estado de emergencia no solamente los trabajadores de la Central Obrera Boliviana, sino también el Pacto de Unidad, nuestras organizaciones sociales populares del país”, dijo el ejecutivo de la COB, Juan Carlos Huarachi.

ESPACIO SOLICITADO

El fabricante de teléfonos móviles Infinix trajo a Bolivia su propuesta de celulares de alto rendimiento y bajo precio, en julio de 2022. En estos cuatro meses, la marca alcanzó una cobertura del 40% de participación en el mercado a nivel nacional, compitiendo con las marcas principales que existen en el país.

El activista de Derechos Humanos de El Alto, David Inca, conocido por representar a víctimas de Senkata, solicitó a Régimen Penitenciario que se le permita ingresar a la cárcel de Chonchocoro, para verificar la veracidad de las denuncias de vulneraciones Luis Fernando Camacho.

En una carta dirigida al director de Régimen Penitenciario, indicó que habiendo denuncias de trato inhumano y degradante contra Luis Femando Camacho, referente a la no atención médica y la mala condición de la celda, es necesaria la verificación de extremos.

Una mujer de 38 años de edad es la primera víctima de feminicidio registrado en el departamento de Potosí este 2023. Falleció a causa de un disparo de arma de fuego, cuyo autor sería su conviviente, informó la Fiscalía.

El hecho se registró el 3 de enero de 2023, a horas 20:00 aproximadamente, al interior de un domicilio particular del municipio de Llallagua de la Provincia Bustillos, en el Norte potosino.

El presunto autor, Pedro M.B. de 37 años de edad, le habría disparado a su conviviente Martina V.B. de 38 años, para luego darse a la fuga, de acuerdo con la Fiscalía.