Zenón Bacarreza, exmagistrado del Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP) que avaló la reelección indefinida en 2017, se pronunció sobre el actual conflicto judicial y calificó a los actuales tribunos como “sicarios de la justicia” que están violando las normas y deberían irse a su casa.
A tiempo de interpretar un comunicado que emitió la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) sobre el conflicto en Bolivia, el ministro de Justicia, Iván Lima, abogó este viernes para que la elección judicial no se desarrolle en plazos breves, sino en tiempos que garanticen condiciones de acceso igualitario de postulantes y la calificación de méritos.
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) emitió un comunicado referido a la situación de conflicto en Bolivia, con bloqueos que exigen las elecciones judiciales y la renuncia de los magistrados prorrogados.
El organismo reiteró su llamado al Estado, en particular a la Asamblea Legislativa Plurinacional, para que en cumplimiento de su mandato, convoque y garantice las elecciones judiciales.
El Comité de Género del Órgano Judicial y Tribunal Constitucional Plurinacional decidió sumarse a la cruzada de la Alianza Nacional por los Niños, Niñas y Adolescentes Huérfanos de Feminicidio por la elaboración de un proyecto de ley en favor de los huérfanos de feminicidio en el país.
A través de una misiva, la presidenta de este comité, Lorena Gallardo, le hizo conocer a Mercedes Cortez, representante de la alianza, la respuesta de su aceptación para formar parte del trabajo en favor de ese sector de vulnerabilidad.
Fuente: EUROPA PRESS
La Corte Internacional de Justicia (CIJ) ha rechazado este viernes una batería de objeciones presentadas por Rusia para tratar de tumbar la denuncia promovida por Ucrania por presunto genocidio, argumentando que el tribunal tiene jurisdicción para pronunciarse sobre este caso.
La Fiscalía emitió acusación formal contra el exministro de Gobierno, Arturo Murillo, por el delito de legitimación de ganancias ilícitas, que se habría cometido por la compra con sobreprecio de gases lacrimógenos durante la gestión del Gobierno transitorio.
En cuanto al exministro de Defensa, Luis Fernando López, no fue incluido entre los acusados toda vez que no fue notificado en este proceso a pesar de que estuvo entre los implicados, informó la fiscal Pamelo Portocarrero.
El Gobierno señaló a cinco personas, todas exautoridades, que estarían “detrás de los bloqueos”, pero al mismo tiempo desarrollando de forma normal sus actividades, cuando tienen a personas humildes en los piquetes.
El viceministro de Defensa Social, Jaime Mamani, identificó en este grupo a Evo Morales y sus exminitros Carlos Romero, Juan Ramón Quintana y Teresa Morales. El quinto identificado es el exalcalde de Warnes, Mario Cronenbold.
Mamani acusó a estas cinco personas de movilizar con mentiras a gente humilde, indígena y campesina.
La Alcaldía de La Paz anunció que multará con hasta 1.200 bolivianos a las personas que vendan globos con agua o comercialicen el recurso hídrico durante las fiestas de Carnaval.
El director de Prevención y Control Ambiental, Marco Martínez, explicó que la multa es de 500 UFV, pero al tipo de cambio suman los 1.200 bolivianos que pagarían los infractores.
El ala “evista” aseguró que ya existe avance en el acuerdo político para convocar a elecciones judiciales, pero los “arcistas” se niegan a firmar el convenio respectivo, porque implicaría tratar también leyes que cesarían en el cargo a los actuales magistrados prorrogados.
Según el “evista” Gualberto Arispe, el acuerdo incluye que en el plazo de una o dos semanas se traten los proyectos de ley 075 y 073, con las cuales se cesarán a los magistrados prorrogados y se suspendería plazos procesales, pero los “arcistas” se oponen a este punto.
El diálogo entre más bancadas políticas aún no tiene humo blanco para convocar a elecciones judiciales. Otra vez la madrugada de este viernes se declaró cuarto intermedio, mientras persisten los bloqueos de carreteras.
La reunión se retornará en horas de la mañana, para intentar que se culmine el acuerdo que solucione la conflictividad en el país.
El tema que impide el acuerdo es la situación de los magistrados prorrogados. El evismo y la oposición pidieron que sean cesados en el cargo, pero el arcismo argumenta que no puede existir vacío de poder.