The Strongest consiguió triunfar ante San Antonio en el estadio Hernando Siles por 2 a 0, en un partido en el que los atigrados consiguieron las tres unidades que necesitaban para estar en la siguiente instancia del torneo seriado, aun así les resta disputar un encuentro más ante Real Santa Cruz en jueves que viene.
Por segundo año consecutivo, la empresa farmacéutica Droguería INTI con 88 años de presencia en el mercado, ha sido reconocida como una “Great Place to Work” tras la evaluación cualitativa que realizaron los 1.130 trabajadores en todo el país.
El gobernador del Beni, Alejandro Unzueta, rechazó la intención de la Asamblea Legislativa Departamental de Santa Cruz de sesionar el 9 de abril en la comunidad de Piso Firme, ya que consideró que pertenece al territorio beniano.
La autoridad departamental expresó su extrañeza ante el anuncio que hizo el legislador cruceño Svonko Matkovic debido a que se cometerían ilegalidades para tensionar el conflicto territorial.
La Procuraduría General del Estado informó que la cartera de Bolivia ante el Sistema Interamericano de Derechos Humanos suma 119 casos, de presuntas vulneraciones que se encuentran en diferentes etapas de proceso.
De esa cifra, 108 corresponden a casos que se tramitan en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH). La mayoría (72) se encuentra en etapa de admisibilidad, mientras que 25 pasaron a etapa de fondo y resto está en medidas cautelares o en solución amistosa.
Una Sala Penal determinó la detención domiciliaria para el presidente del Comité Cívico de Puerto Quijarro, Mario Enrique Rodríguez Ojopi, quien se encuentra implicado en la muerte de una persona durante el paro de 36 días en Santa Cruz de 2022.
Junto a esa decisión deberá pagar una fianza de Bs 50.000, la prohibición de concurrir al lugar donde perdió la vida Julio Taborga y la obligación de presentarse ante la Fiscalía todos los viernes en horas de la mañana, detalló el abogado Jorge Valda.
Por Iván Ramos - Periodismo que Cuenta
Los sindicatos de administrativos universitarios en Bolivia han levantado una bandera de preocupación que afecta a una mayoría considerable, representando aproximadamente el 60% del total de trabajadores del sector en todo el país, lo que equivale a unos 12.500 a 14.000 empleados. La alarma surge en respuesta al Proyecto de Ley 035, que según Marcelo Guzmán, dirigente sindical de la Universidad Tomás Frías de Potosí, contempla la jubilación obligatoria para este sector laboral.
El presidente Luis Arce volvió defender la gestión del Gobierno frente a las acusaciones de que no trabaja ni entrega obras significativas.
El mandatario se pronunció este viernes en un acto de entrega de obras en el municipio de San Lorenzo en el departamento de Tarija.
“A nuestros opositores les duele que entreguemos obras. Ellos quieren continuar el discurso de que no hay obras, que no hacemos nada. Ustedes son testigos de que sí hay obras para Tarija, que sí hay obras para el pueblo boliviano, porque el gobierno nacional trabaja”, afirmó el mandatario.
El ala “evista” denunció que el nuevo vocal del Tribunal Supremo Electoral, Gustavo Ávila, es un “operador” que buscará proscribir a Evo Morales, además de que fue designado de manera inconstitucional por parte del presidente Luis Arce.
Ávila fue designado como vocal por decreto de Arce, para reemplazar a Dina Chuquimia.
El abogado del ala “evista” Wilfredo Chávez explicó que el cargo de Vocal del TSE no es como de un ministro, que es de libre designación del presidente, sino tiene un mandato de seis años para ejercer en el Órgano Electoral.
Además de que incumplieron el plazo, los promotores del revocatorio contra Eva Copa sólo pudieron entregar la mitad de los libros de firmas que eran requisito para realizar el referendo contra la Alcaldesa de El Alto, reveló la presidenta del Tribunal Electoral Departamental (TED) de La Paz, Zonia Yujra.
Para seguir el trámite de revocatorio, los promotores debieron llenar 2.112 libros de adherentes (para unas 211 mil firmas), sin embargo, sólo presentaron 1.109 libros ante el Órgano Electoral.
La provincia argentina de Salta ya cobra a los extranjeros por la atención médica que reciben en su sistema público, por lo cual ha reducido drásticamente la cantidad de atenciones que se brindan en particular a ciudadanos bolivianos.
“En otras palabras, ya es muy raro que un boliviano cruce la frontera para atenderse u operarse gratis en nuestros hospitales”, manifestó el ministro de Gobierno de la provincia de Salta, Ricardo Villada, al periódico Clarín.
