Seguridad

Tras un intenso rastrillaje, la Policía descartó este viernes la amenaza de bomba en el edificio de la Caja Petrolera de Salud (CPS) ubicado en El Prado de la ciudad de La Paz que había sido alertada en horas de la mañana.

La advertencia ocurrió cerca de las 09.10 cuando se dieron al menos dos llamadas anónimas señalando que había un artefacto explosivo que iba afectar a una persona que se encontraba al interior del inmueble, informó el comandante departamental de la Policía, coronel Ismael Villca.

La Policía realizó una intervención en el denominado “Barrio Chino” de El Alto, donde logró recuperar 63 teléfonos celulares de procedencia presuntamente ilegal y se arrestó a 12 personas que los comercializaban.

La información fue proporcionada por el mayor, Rolando Espinoza, jefe de la División Delitos contra la Propiedad en El Alto, quien indicó que el operativo se realizó luego de un trabajo de inteligencia de parte de la policía.

La expresidenta Jeanine Añez informó, en audiencia, que ha presentado una acción de inconstitucionalidad contra los delitos que se le acusan en el caso denominado “golpe de Estado II”, por lo cual solicitó a los jueces que no haya sentencia en tanto el Tribunal Constitucional Plurinacional se pronuncie al respecto.

Añez explicó que la acción de inconstitucionalidad abstracta se presentó contra los tipos penales de Resoluciones Contrarias a la Constitución y las Leyes y el de Incumplimiento de Deberes.

Las personas que son aprehendidas por la Policía y luego presentadas públicamente ante los medios por autoridades de Estado fue rechazado por la Asociación de Magistrados de Bolivia (Amabol) debido a que se vulnera el principio de presunción de inocencia.

Para evitar que esto vuelva a ocurrir, la presidenta de esta asociación, Grenny Bolling, planteó la elaboración de un anteproyecto de ley donde se establezca la prohibición a esa acción, que considera es contraria a la normativa vigente.

La Asociación de Magistrados de Bolivia (Amabol) planteó que los “todos” los funcionarios públicos puedan ser incluidos en un proyecto de ley donde se sancione el delito de prevaricato, afirmó su presidenta, Grenny Bolling.  

La jurista afirmó que su sector rechaza la posibilidad de que exista una ampliación en la pena de hasta 20 años, como se encuentra establecido en un proyecto de ley, aprobado en el pleno de la Cámara de Diputados el 22 de abril y que incluye no solo jueces sino también, a fiscales.

El Ministerio Público continúa con las investigaciones respecto a la legalidad de las propiedades de coronel Maximiliamo Dávila, quien se encuentra detenido por legitimación de ganancias ilícitas. El fiscal departamental William Alave, señaló que el exjefe antidroga tendría más de 50 bienes inmuebles.

Según Alave, un informe de la Policía señala que los bienes de Dávila no solamente están en la ciudad de Cochabamba, sino también en otros lugares.

El Fiscal General del Estado, Juan Lanchipa Ponce, informó hoy que el Ministerio Público llevó adelante la Segunda Mesa de Cooperantes con el propósito de gestionar recursos que permitan impulsar los programas y proyectos institucionales en beneficio de la población. 

Si bien la defensa del general Pastor Mendieta había propuesto a Evo Morales y Álvaro García Linera como testigos en el caso denominado “golpe de Estado II”, se determinó que no declaren en el juicio tomando en cuenta que su testimonio no sería pertinente para este proceso en particular.

La Gobernación de Santa Cruz apeló de la determinación judicial dentro del caso denominado  ‘Publicidad fantasma’ o desvío de fondos públicos para las elecciones subnacionales en 2021 donde pide incluir el delito de incumplimiento deberes y que se incremente el pago de la fianza para los tres implicados.

En la audiencia de medidas cautelares de este miércoles se dispuso la detención domiciliaria para exgobernador cruceño Rubén Costas, el excandidato a la Alcaldía Roly Aguilera, y el concejal Manuel Saavedra.

La Fiscalía informó que el diputado Freddy Velásquez está siendo investigado por el delito de beneficios en razón del cargo y que su declaración será reprogramada, puesto que se suspendió el pasado martes.

El diputado Velásquez, representante del MAS en Yungas, fue denunciado por el Ministerio de Gobierno. Según una relación de hechos, el legislador estaría sospechado de usar sus influencias para socapar el desvío de cargas de coca.