Seguridad

En el marco del proceso por el caso del puente caído de Cochabamba, el exalcalde de Cochabamba, Edwin Castellanos, decidió someterse al programa de justicia restaurativa, que implica resarcir el daño económico ocasionado, informó la Agencia Judicial de Noticias.

En este caso, existen siete acusados, de los cuales tres optaron por la justicia restaurativa, en el marco de la Ley 1390. La decisión se hizo conocer en audiencia de juicio oral.

La  interpelación contra el ministro de Gobierno, Eduardo Del Castillo, por la inseguridad ciudadana en la ciudad de El Alto, fue fijada para el 20 de abril a as 14:00 en el nuevo edificio de la Asamblea Legislativa Plurinacional.

La información fue confirmada por el diputado Freddy López del MAS, quien manifestó que se está cumpliendo el procedimiento legislativo.

La Fiscalía retrocedió en el requerimiento de solicitud a la Universidad Autónoma Tomás Frías (UATF) de los nombres completos y documentación de los dirigentes estudiantes y docentes durante las movilizaciones de 2019.

Según el fiscal general del Estado, Juan Lanchipa, ante la “dilación de la respuesta, el Ministerio Público realizó otros requerimientos para obtener la información necesaria que ayude a esclarecer hechos, por ello, ya no es necesario que las autoridades de la Universidad respondan al requerimiento”, señala  una nota de prensa.

Tras una extensa audiencia, la juez 12avo de Instrucción en lo Penal de Santa Cruz, Estrella Montaño, determinó enviar con detención preventiva a 38 implicados en el megaoperativo antidrogas que se realizó el pasado domingo en el aeródromo La Cruceña, en municipio de Cotoca, Santa Cruz.

En la audiencia, la Fiscalía aseguró que se encontró “en flagrancia” sustancias controladas en la gasolina de aviación y además de armad de fuego en 3 de los 40 hangares donde se realizó el operativo.

Después de realizada la autopsia, la Fuerza Especial de Lucha Contra la Violencia (FELCV) de El Alto descartó que la muerte de una joven mujer registrada en un alojamiento se trate de un feminicidio.

El cuerpo fue levantado la madrugada del lunes de un alojamiento en Villa Dolores. El acompañante de la mujer había escapado del lugar.

El Tribunal Supremo Federal de Brasil determinó revocar la prisión de la boliviana Celia Castedo, quien fue detenida en ese país el año pasado a la espera de un trámite de extradición para que responda por el caso LaMia.

El abogado de Castedo, Armando da Silva Souza, dijo a Diario Corumbaense, que Bolivia no respondió las solicitudes de Brasil para hacer efectiva la extradición y que el magistrado del Tribunal Supremo de Brasil, André Mendonça, decidió archivar el proceso.

Valerio Ch., tío del feminicida y violador serial de El Alto, Richard Choque, fue enviado este martes a la cárcel de San Pedro acusado por complicidad en los delitos cometidos por su sobrino.

Los Servicios Integrales de Justicia Plurinacional (SIJPLU), dependiente del Ministerio de Justicia, informó que prosigue con los actos investigativos y participó de la audiencia de medidas cautelares del imputado.

El acusado vivía en la vivienda donde se cometieron dos feminicidios y un asesinato, sin embargo, no cooperó en la investigación.

El exprocurador José María Cabrera manifestó sentirse ingratamente sorprendido, después de conocer de una denuncia penal en su contra por parte de la Procuraduría General del Estado (PGE).

En la denuncia, filtrada en medios de comunicación, se sindica a Cabrera de haber cometido delitos de incumplimiento de deberes, asociación deliciosa y conducta antieconómica.

En requisas realizadas en la cárcel de San Pedro de La Paz, se logró secuestrar varios objetos prohibidos en Régimen Penitenciario, desde cocaína, varias armas punzocortantes, celulares y hasta pipas.

El director de Régimen Penitenciario, Juan Carlos Limpias, indicó que la droga estaba en posesión de un interno de la sección Chonchocorito, quien tiene antecedentes de robo y asesinato.

La Policía informó que se ha logrado la captura de dos sujetos, sentenciados por violación, y que estaban libres en el departamento de La Paz, a pesar de sus condenas.

Uno está sentenciado a 25 años de cárcel y fue capturado en los Yungas, mientras que el otro tiene condena de 15 años y se encontraba en El Alto. Ambas fueron llevadas a la cárcel de San Pedro, informó la Policía.