Seguridad

La Fiscalía de Cochabamba desestimó una denuncia presentada contra el expresidente Luis Arce Catacora por el presunto delito de abandono de menor con agravante, según informó este lunes la querellante Brenda Lafuente, quien anunció la presentación de una objeción para mantener abierto el caso.

Lafuente, quien fue funcionaria gubernamental, presentó la denuncia contra Arce, por presuntamente abandonar al hijo que procrearon juntos.  

Tras la advertencia de movilizaciones de Evo Morales y sus seguidores para octubre, el comandante de las Fuerzas Armadas, general Víctor Hugo Balderrama, aseguró este lunes que la entidad castrense y la Policía están listas para defender al pueblo y la Constitución Política del Estado.

Si bien el jefe militar evitó referirse al tema político, mandó un mensaje a la población: “sus Fuerzas Armadas, junto a su Policía Nacional, están listas, están aprestos para defender al pueblo y respetar la Constitución Política del Estado”.

Por Luis Fernando Cantoral

El abogado constitucionalista Roberto de la Cruz calificó de ineficaz la labor del Ministerio Público, a la cabeza de Roger Mariaca, porque inicialmente informa “con bombos y platillos” sobre la detención de implicados en casos de corrupción y narcotráfico y, una vez transcurrido el plazo solicitado para investigar, los detenidos salen de la cárcel directamente a sus domicilios ante el absoluto silencio de los fiscales asignados al caso.

El Fiscal General del Estado, Roger Mariaca Montenegro, puso en marcha la Evaluación del Desempeño de la Gestión 2026, dirigida a 396 fiscales de materia de los nueve departamentos del país, con el objetivo de medir su desempeño, conocimientos, idoneidad y responsabilidad dentro de la Carrera Fiscal.

Según información del Ministerio Público, la evaluación comprende una prueba de conocimientos y otra relacionada con el manejo del Ecosistema Informático ROMA, además de aspectos vinculados con el desempeño de los fiscales en sus respectivos despachos.

Dos técnicos de la Aduana Nacional resultaron heridos y vehículos institucionales sufrieron daños materiales durante un ataque registrado la madrugada de este viernes en la ruta Laja-El Alto, informó la entidad estatal.

Según la Aduana, el hecho ocurrió cuando una patrulla realizaba labores de control y vigilancia contra el contrabando e identificó a dos minibuses que realizaban maniobras sospechosas. Los vehículos emprendieron la fuga después de advertir la presencia de los funcionarios y desobedecieron las señales de alto.

El viceministro de Transparencia, Yamil García, anunció que solicitará los antecedentes administrativos y disciplinarios del juez de Instrucción Penal 27 de Santa Cruz, Juan José Quiroz, quien otorgó medidas sustitutivas al hijo mayor del expresidente Luis Arce, Luis Marcelo Arce Mosqueira, investigado por presunta legitimación de ganancias ilícitas.

La Policía informó este viernes sobre la aprehensión de cuatro personas, el secuestro de dinero, un vehículo y un arma de fuego, presuntamente vinculadas a un robo agravado ocurrido el 22 de septiembre en la calle 9 de la zona de San Antonio, en La Paz, donde una mujer fue despojada de una importante cantidad de dinero.

Según el comandante general de la Policía Boliviana, coronel Adrián Álvarez, el hecho fue cometido por seis personas que se desplazaban en un vehículo y que utilizaron armas de fuego durante la huida para evitar la persecución de la víctima.

El transporte libre de decidió no sumarse al “repliegue” anunciado para el lunes por el sector sindicalizado y optó por continuar las mesas de diálogo con el Gobierno para abordar las demandas planteadas por sus federaciones, informó el dirigente Limbert Tancara.

El exdiputado Héctor Arce afirmó que la decisión judicial que otorgó detención domiciliaria a Marcelo Arce Mosqueira, hijo mayor del expresidente Luis Arce, constituye una presunta devolución de favores entre autoridades judiciales y el exmandatario.

Marcelo Arce Mosqueira fue enviado al penal de Palmasola hace seis meses, pero recientemente recibió la detención domiciliaria, después de que un juez modificara su medida cautelar. La resolución establece además el pago de 200.000 bolivianos.